Fernando Rabat: “Falta una conversación en el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria”

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, acaba de cerrar una semana con un importante éxito legislativo. En el Congreso recibió elogios por haber despachado la ley que aumenta el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, una moción que nació en los senadores de RN, que se incluyó en el fast track de la exministra Carolina Tohá, pero que el gobierno recogió e impulsó en su tramo final.

Si bien en estos meses Rabat ha colaborado en la tramitación de proyectos vinculados a la agenda de seguridad, el abogado se alista para abocarse de lleno en los temas que más le gustan.

En su horizonte está la creación de una agencia para la administración y liquidación de bienes y varios otros proyectos más. Quiere empujar la reforma a la Ley de Responsabilidad Parental, la tan ansiada reforma al gobierno judicial y la ambiciosa implementación, desde Arica hasta la Región de Valparaíso, del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Rabat arrastra una piedra en el zapato: los indultos. El ministro descarta ser el freno de mano en este tema, dice que no le incomoda la presión de su propio sector y reafirma que se tomará el tiempo necesario para hacer una revisión caso a caso.

En pleno proceso para trasladar por completo Gendarmería hacia el Ministerio de Seguridad, Rabat refuerza que en materia de segregación penitenciaria y carcelaria manda el director de Gendarmería y no los jueces.

¿Le acomoda ver temas de seguridad o se siente mejor tramitando los temas sectoriales más propios de Justicia?

Yo me siento muy partícipe de todo lo que el Presidente José Antonio Kast ha fijado como agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Estoy encantado de acompañar al ministro Arrau en lo que se refiere a la tramitación legislativa de esta agenda. Sin perjuicio a lo anterior, también, evidentemente, me interesa mi agenda sectorial.

¿Ese mismo entusiasmo incluye a la reforma constitucional de seguridad?

No estoy al tanto de lo que son las conversaciones de la reforma constitucional de seguridad, eso es algo que ha visto directamente el ministro Arrau. Es importante entender que en el país hay un cambio de mirada respecto a lo que es el crimen organizado y a veces hay que actualizarse para mirar ese fenómeno con un foco distinto. En eso, la Constitución también tiene que ser receptora de esas nuevas realidades y es importante admitir que una Constitución puede ajustarse a esos cambios. Cómo hacer ese ajuste es una cuestión que se puede debatir.

Lo vimos presente en el acto de La Moneda cuando se lanzó la reforma constitucional, pero después entró el mensaje y su firma no estaba. ¿Por qué no quiso firmar?

No es que yo no haya querido firmar, sino que no estaba considerado para la firma. Tuvieron la deferencia de invitarme a un acto porque, evidentemente, nosotros vamos a colaborar con la tramitación de esto. El Ministerio de Justicia, por su naturaleza, es consultado en un sinnúmero de materias y esta no fue la excepción.

Se dijo que no quiso firmar porque tenía reparos de fondo.

Lo descarto totalmente.

A propósito de lo ocurrido con el tironeo en el traslado de los imputados del Clan Chen a la cárcel de Talca, ¿qué le parece que los jueces de garantía decidan dónde deben estar los privados de libertad que son especialmente peligrosos?

Falta una conversación entre Gendarmería y el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria que efectúa Gendarmería de Chile respecto a quiénes son las personas privadas de libertad y las necesidades por las que Gendarmería traslada a personas de un lugar a otro. Esa conversación nos falta para que el Poder Judicial comprenda cuáles son los aspectos administrativos y técnicos que tiene en consideración el director de Gendarmería cuando efectúa estos traslados. Teniendo en consideración aquello, no me cabe duda que los jueces van a comprender que las razones que tiene Gendarmería son desde un punto de vista de seguridad no solamente del país, sino que también de los propios internos de los penales.

¿Le parece bien que un juez, al momento de ponderar, como ocurrió con los imputados del Clan Chen, le dé tanta importancia al arraigo familiar en casos de delitos graves?

Le reitero que nos falta esa conversación, porque me parece que una situación como la que usted describe de arraigo no puede supeditarse a lo que es una decisión técnica de Gendarmería de Chile. Hay que entender hoy día correctamente que Gendarmería forma parte de lo que son las fuerzas de orden y seguridad y, por lo tanto, participan en lo que es la seguridad pública. Los jueces deben reconocer que hay un órgano técnico del Estado a cargo de los recintos penitenciarios.

O sea, vio con buenos ojos el fallo de la Corte de Iquique que revocó la decisión del juez de garantía.

Ese fallo lo que hace es precisamente reconocer lo que estamos conversando, que es la relevancia de tener en cuenta estos aspectos de orden técnico. Si el fallo es bueno o malo, quiero mantenerme en mi línea de no pronunciarme sobre sentencias judiciales.

El fallo es clarito, dice: los jueces no tienen por qué inmiscuirse en los asuntos de segregación penitenciaria.

Es lo que se conoce como principio de deferencia, es decir, entender que en muchas materias existen órganos especializados y órganos técnicos. Ese principio de deferencia supone, por lo tanto, entender que hay cuestiones de orden de seguridad pública que sólo va a conocer Gendarmería y que cuando adopta una decisión lo hace en razón de ese principio de respetar la seguridad pública.

¿Esperaría entonces que los jueces de garantía sean más deferentes con Gendarmería?

Entiendo que debiera aplicarse este principio de deferencia. Insisto, siempre controlando que no exista un atentado contra las garantías fundamentales.

Ese caso le llegó como anillo al dedo al gobierno para justificar la necesidad de su reforma constitucional, sobre todo en lo referente a regímenes penitenciarios. ¿Es necesario cambiar la Constitución para evitar estos casos?

El ministro Arrau recuerdo que ocupó la expresión blindar ciertas facultades en el orden constitucional.

Yo podría ocupar el mismo ejemplo de forma distinta. Con esta misma Constitución fallaron los ministros de la Corte de Iquique, entonces podría concluir que no se necesita.

Por eso es que es importante el concepto que usa el ministro Arrau de blindar, lo que no significa que el director de Gendarmería no tenga facultades legales para disponer quiénes van a ocupar determinados centros penitenciarios.

¿Cree que en este tema los jueces deberían ser más formalistas, atenerse a la ley y no invocar tantos principios?

Para mí, una regla sine qua non es que el juez debe atenerse a la ley. Evidentemente que la interpreta, pero hay ciertas reglas de interpretación que están fijadas por el legislador. Entonces, el ámbito del razonamiento judicial debe ser siempre a través de lo que es la aplicación de la ley.

En el Senado hay hartas iniciativas que, en vez de blindar a rango constitucional, blindan a rango legal. ¿Prefiere un blindaje legal o uno constitucional?

A mí me gustan los dos, pero yo creo que son legítimas maneras de mirar el tema. La Constitución siempre hay que entenderla como un paraguas a partir del cual va bajando la legislación y establece ciertas reglas que son generales y abstractas. Es importante que la Constitución, dentro de este marco, reconozca las potestades que puede tener el director de Gendarmería. Luego se puede ir bajando dentro de lo que es la escala normativa.

¿Se siente identificado con los dichos del Presidente Kast cuando le pegó duro al Poder Judicial por este caso?

No me pareció que le haya pegado duro al Poder Judicial, porque el Presidente Kast está muy consciente de lo que es la división de los poderes del Estado. El presidente manifestó algo que es un sentir general, esto que yo le comentaba del principio de deferencia.

Cuando cayó el “Indio Juan” por la amenaza al alcalde White, el presidente dijo que esperaba que ningún poder del Estado osara llevárselo a una celda donde esté más confortable.

Yo creo que lo que está representando es esta idea del principio de deferencia. Dejemos que con delincuentes que son altamente peligrosos las decisiones las adopte el director general de Gendarmería.

“No siento presión”

Respecto de indultos, ¿qué tanto le incomoda la constante presión que llega desde su propio sector? Hablo de libertarios, republicanos, algunos UDI. Han sido insistentes en esto.

Yo no siento esa presión, porque nosotros hemos fijado desde el día uno un derrotero, y ese derrotero supone recibir las peticiones de indulto que se ingresan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y generar un proceso administrativo respecto de cada uno de ellos para obtener los antecedentes, para tener expedientes y para poderlos analizar. Como tenemos un derrotero claro, de verdad que no siento ninguna presión y entiendo, además, que los parlamentarios tienen todo el derecho a exponer cuáles son sus puntos de vista respecto a cada una de las materias de que se trata.

¿Colabora ese constante ruido externo desde el propio oficialismo? Al lugar donde vaya, a usted le preguntan por esto y así seguirá siendo hasta que haya indultos.

Es muy legítimo el interés de los parlamentarios. También es muy legítimo el interés de los periodistas en una materia que evidentemente es sensible, pero teniendo un derrotero fijo en cómo vamos a actuar, me siento muy tranquilo.

El presidente tuvo rondas con partidos del oficialismo y los libertarios en Cerro Castillo. A la salida, los parlamentarios dijeron que los indultos van, pero que el presidente no les dio plazos. ¿Confirma eso?

No lo confirmo, por el contrario, el día miércoles en el Congreso, en una conferencia de prensa, el senador Squella dijo precisamente lo contrario y reiteró que acá lo que se ha señalado es un derrotero fijo en cómo se va a proceder en cada uno de los indultos. El presidente de la República no va, según lo que él mismo ha declarado, a hacer una cosa distinta, sino esperar los análisis respectivos sobre esta materia.

Los parlamentarios y dirigentes del oficialismo, en privado, lo señalan a usted como el cuello de botella. De hecho, dicen que el que pone el freno de mano es usted, que le falta valentía para dar este paso e indultar a los exuniformados condenados por hechos del estallido social. ¿Cómo responde?

Yo soy abogado, y juré respetar la Constitución y la ley y voy a seguir en cada una de mis actuaciones el respeto más irrestricto a la Constitución y la ley. Eso supone, en el caso de cualquier petición que se le efectúa por intermedio del Ministerio Justicia al presidente de la República, efectuar los análisis que correspondan, abrir los expedientes, efectuar los requerimientos de información, estudiar, analizar y adquirir convicción. En eso no me voy a mover un solo milímetro.

Entonces sí es usted quien pone el freno de mano.

No estoy poniendo un freno de mano, porque la pregunta apunta más bien a un problema de valentía o no. Lo que yo estoy haciendo es actuar ajustado a la Constitución y a la ley.

A propósito del proceso que llevó adelante la Corte Suprema para expulsar a jueces que viajaron al exterior con licencia médica, dicho proceso se levantó invocando el Artículo 80 de la Constitución, lo que fue criticado por el gremio judicial. En el marco de la discusión por la reforma al gobierno judicial, ¿está sobre la mesa de los senadores la posibilidad de modificar la facultad del Artículo 80?

Hoy no está ese asunto dentro de las conversaciones. En general, parece que es relevante que la Corte Suprema mantenga facultades de orden disciplinario y correccional.

¿Hasta cuándo Gendarmería va a tener dos jefes?

Gendarmería hoy día institucionalmente forma parte de las fuerzas de orden y seguridad y, por lo tanto, desde ese punto de vista, su titular es el Ministerio de Seguridad Pública. La Constitución, en una norma transitoria, estableció que para efectos de orden administrativo era necesario efectuar adecuaciones normativas. Y estamos trabajando en esas adecuaciones, principalmente lo que es la Ley Orgánica de Gendarmería. Yo esperaría, no sé si en septiembre u octubre, tener esa ley junto con la que crea el Servicio de Reinserción Social de adultos.

Pero eventualmente en algún momento el director de Gendarmería debería dejar de reportarle a usted.

Completamente.

Porque eso aún sigue pasando.

Sigue pasando porque aún falta esa necesaria adecuación de cuestiones de orden administrativo. Prontamente va a quedar 100% alojado en el Ministerio de Seguridad Pública. En el fondo, la idea final es tener una suerte de policía carcelaria.