Tras 28 años, Telefónica se libra de la obligación de prestar el Servicio Universal de Telecomunicaciones
Telefónica, como titular de las líneas telefónicas de España, soportaba la obligación de garantizar un conjunto de servicios de telecomunicaciones mínimas para todos los ciudadanos, independientemente de en qué parte del territorio vivan, con una calidad mínima y un precio asequible. Era el denominado Servicio Universal de Telecomunicaciones.
Esa obligación ya tiene fecha de caducidad. El Gobierno ha movido ficha y el 1 de enero de 2027 el mapa de servicios cambiará para todos los operadores. Vamos por partes.
Un encargo que nadie quería. El Servicio Universal de Telecomunicaciones es una red de seguridad que garantiza teléfono fijo e internet a todos los ciudadanos, aunque residan en una zona de escasa rentabilidad económica para las operadoras. Lo que prioriza es el derecho de acceso a las telecomunicaciones de los ciudadanos.
Al principio, ese derecho solo se limitaba a la conexión mediante línea telefónica, después se amplió a 1 Mbps de internet y, posteriormente, se fijó el objetivo de 100 Mbps. A medida de las comunicaciones por voz perdieron relevancia, las cabinas telefónicas que poblaban las calles de todo el país se eliminaron de ese paquete.
Telefónica era la designada a cumplir con este mandato porque no había más candidatos. En 2025 y 2026 el Ministerio quiso sacarlo a concurso pero, claro, ante la obligación de llevar las comunicaciones incluso a zonas no rentables económicamente, nadie se presentó. Sin embargo, la factura derivada de esa obligación la paga el conjunto del sector formado por los operadores que ingresan más de 100 millones al año. El coste neto bajó de 21,43 millones de euros en 2012 a 8,64 millones en 2021.
El Ministerio da el mercado por cubierto. El pasado 5 de octubre el Ministerio de Transformación Digital redactó una orden que pone fin a la designación de Telefónica como prestador del servicio. Su argumento es que el mercado se ha implantado lo suficiente y garantiza el acceso a estos servicios sin que nadie los imponga. El texto habla de un "excelente nivel de cobertura de redes de fibra óptica" y de conexiones 5G, así como "la universalización de las redes de muy alta capacidad para todo el territorio nacional" gracias a "un extenso abanico de tecnologías".
Según el último informe del propio Ministerio, las conexiones de fibra llegan al 95,92% de los hogares, de las cuales casi el 95% tienen capacidad de conexión gigabit (un 86 % en zonas rurales). Con ese panorama, la Ley General de Telecomunicaciones permite dar el servicio por garantizado y dejar de obligar a ningún operador a prestar ese servicio.
Todos los operadores, cada uno en su zona. Sin un operador concreto designado, la obligación de atender las peticiones se reparte. La orden asegura que "se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador" de su zona. Es decir, quien solicite la conexión mínima establecida puede reclamarla a cualquier compañía con cobertura en su zona de residencia.
Además, el listón sube. El Reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones prevé 100 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, frente a los 10 Mbps actuales. España sería la primera en Europa con esa velocidad mínima, y la CNMC lo avaló en julio y permitió la incorporación de algunas medidas de protección para la población más vulnerable ofreciendo un descuento mínimo del 25% para quienes cobren el Ingreso Mínimo Vital.
Lo que queda en el aire. Telefónica no se librará del todo de sus obligaciones. Dentro de esas medidas de protección, la orden le obliga a mantener el abono social para los jubilados y pensionistas con renta baja que ya lo disfrutan. Esa ayuda nació de acuerdos del Gobierno de 2007 y 2010, y se mantienen tras la reforma.
En su comunicado, la CNMC señala que "pueden surgir dudas en situaciones en las que la prestación implique costes elevados", y propone estudiar ayudas públicas para esos casos puntuales. La propuesta del Ministerio todavía se encuentra en fase de audiencia pública, por lo que cualquiera puede enviar alegaciones y propuestas hasta el 22 de octubre.
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