Actualización del Uscis: la nueva regla de carga pública que rige desde este 18 de septiembre y afecta la green card

Desde este viernes 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comienza a aplicar una nueva guía para determinar si una persona que solicita la green card mediante un ajuste de estatus podría ser considerada una “carga pública”. El cambio amplía los elementos que pueden entrar en juego y modifica el peso de determinados beneficios públicos.

Carga pública del Uscis: qué cambia desde este 18 de septiembre

La nueva disposición establece cómo los oficiales del Uscis deberán analizar la posibilidad de que una persona que solicita el ajuste de estatus se convierta, en algún momento, en una carga pública.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el cambio el 16 de julio. Posteriormente, la norma fue publicada formalmente en el Registro Federal el 20 de julio y entra en vigor este 18 de septiembre.

La guía publicada por el Uscis establece que el nuevo criterio se aplicará a los formularios I-485, correspondientes a la solicitud para ajustar el estatus migratorio.

Según la agencia, el objetivo de la actualización es adecuar sus procedimientos a la intención establecida por el Congreso de que los extranjeros que se encuentran en EE.UU. sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.

La regla de carga pública del Uscis no alcanza a todos los solicitantes

El Uscis explica que, como regla general, quienes solicitan la green card mediante un ajuste de estatus están sujetos a esta causal de inadmisibilidad, salvo que pertenezcan a una categoría migratoria que la legislación haya exceptuado.

La actualización elimina de las regulaciones federales la lista de exenciones que fue incorporada en 2022, pero las categorías que el Congreso excluyó directamente de la causal continúan exceptuadas.

Entre quienes pueden quedar sujetos a la evaluación se encuentran determinados familiares de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales, trabajadores, inversionistas, trabajadores religiosos, ciertos empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero, inmigrantes admitidos mediante visas de diversidad y determinados testigos o informantes extranjeros.

Entre las categorías que permanecen fuera de esta causal se encuentran:

Los cinco factores que el Uscis analizará para determinar la “carga pública”

La nueva regla tampoco establece que la decisión dependa de un único indicador económico. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, según la guía de la agencia, establece cinco factores que los oficiales deben considerar al determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.

Estos son:

Estos elementos deberán ser examinados en conjunto. La agencia también señala que los oficiales podrán tener en cuenta cualquier otro factor que resulte relevante para determinar la posibilidad de que el solicitante se convierta en una carga pública en algún momento.

El Uscis también contempla la posibilidad de considerar el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico. Se trata del documento mediante el cual una persona se compromete a utilizar sus propios recursos económicos para respaldar al extranjero.

Qué beneficios públicos puede considerar el Uscis

Para los beneficios recibidos desde el 18 de septiembre, el Uscis puede considerar a cualquiera de carácter público sujeto a prueba de recursos dentro del análisis de la situación general del solicitante.

La guía menciona, entre otros, asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, ayuda alimentaria, cobertura de salud financiada por el gobierno y determinadas ayudas para estudios posteriores a la secundaria.

Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se analizan bajo el criterio anterior. En esos casos, en general, solo se consideran determinadas ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno federal.