Acertado manejo de La Moneda para desactivar paro camionero

El masivo paro que esta semana llevaron a cabo diversos gremios que agrupan a camioneros -al cual gradualmente fueron sumándose otras organizaciones de transportistas en distintos puntos del país- ha constituido ciertamente el momento más complejo que ha debido enfrentar el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y pese a lo difícil que resultaba desactivar una movilización que no solo en cuestión de horas se había ramificado prácticamente a nivel nacional, sino que tampoco cabe descartar que haya encontrado respaldo en amplios sectores de la ciudadanía, aun así La Moneda logró desactivarla en un breve plazo, gracias al despliegue de un acertado manejo político.

Si bien en la antesala del paro el gobierno había anunciado el envío de un proyecto de ley para atenuar el alza prevista para el jueves pasado y contener los incrementos futuros por un plazo de 90 días, una vez que la movilización se hizo efectiva quedó claro que una propuesta de este tipo resultaba insuficiente a la luz de las exigencias de los gremios, que entre otros aspectos demandaban una reducción del precio del diésel, la eliminación del impuesto específico y la revisión de otras materias, como el cobro de tag. Fue así como el Ejecutivo resolvió retirar su propuesta y puso a cargo de las negociaciones al ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuya hábil labor fue incluso reconocida por los propios gremios durante el punto de prensa que tuvo lugar en La Moneda cuando se anunció el acuerdo, posicionándolo como la figura clave que logró destrabar el conflicto.

Desde luego podrá debatirse si el costo fiscal de dicho entendimiento -superior a los US$ 900 millones, y cuyos ejes principales consisten en una rebaja inmediata en el precio del diésel, el congelamiento del valor de los combustibles hasta el 31 de marzo del próximo año, además de modificaciones al mecanismo de recuperación del impuesto específico- es razonable atendida la estrechez presupuestaria en que el país se encuentra, tomando en cuenta además que hay otras necesidades sociales que también esperan ser atendidas. Pero frente al escenario de que esta crisis continuara escalando y pudiera devenir en situaciones violentas o que terminara afectando gravemente la estructura productiva del país, lo razonable era buscar fórmulas que permitieran su desactivación en el menor tiempo posible y a un costo que fiscalmente todavía resultara posible de solventar.

El paro de los camioneros encontró al gobierno en un momento de particular debilidad política -con un alto porcentaje de rechazo ciudadano y con fricciones dentro del propio oficialismo-, lo cual en parte ha sido fruto de algunas decisiones que, aunque técnicamente pueden haber sido plenamente justificadas, se manejaron sin la suficiente habilidad política, generando una distancia con la población y con ello una pérdida de popularidad. Es lo que ocurrió en el caso del llamado “bencinazo” a fines de marzo, donde la histórica alza que experimentaron los combustibles fue traspasada sin ningún criterio de gradualidad, lo que muchos -incluso dentro de las propias fuerzas que apoyan al gobierno- estimaron como un error.

A casi ocho meses de aquello, es evidente que los efectos del alza de los combustibles no solo se han hecho sentir a nivel del transporte, sino que han impactado directamente sobre el costo de la vida, lo que explicaría por qué esta movilización -a diferencia de otros paros del transporte, que en general estuvieron encapsulados dentro del ámbito gremial- en esta oportunidad al parecer encontró sintonía en la propia población. Por ello no parece reprochable que esta vez La Moneda haya optado por un manejo más político de la situación, donde si bien se vio en la necesidad de ceder en petitorios que reclamaba el transporte, también aparece sintonizando con una demanda ciudadana que tiene base real, lo cual ayuda a transmitir la imagen de un gobierno que está dispuesto a escuchar y ofrecer caminos de salida. Con ello se logró dar vuelta una situación que a comienzos de semana se avizoraba extremadamente compleja para el país, y de paso impedir que este paro profundizara el desgaste del gobierno, lo que no es sino hacer política en su máxima expresión.

A partir de lo que hemos vivido estos días, es una señal valiosa que el gobierno esté dando señales de que está dispuesto a desplegar de mejor forma su cintura política, lo que da más herramientas para manejar los posibles conflictos que vayan surgiendo. Con todo, ello tampoco puede hacer perder de vista que es imperioso saber colocar límites a las demandas y presiones que puedan formular los grupos organizados o movimientos sociales. El buen manejo político en ningún caso ha de implicar que deje de priorizarse el uso de los recursos públicos, ni que la forma de aplacar los conflictos sea sencillamente abriendo la billetera fiscal, porque ello implicaría ceder sin más ante la extorsión, alimentando un círculo altamente pernicioso.

Tampoco puede consentirse que el orden público sea alterado gravemente y que ello no conlleve consecuencias de ningún tipo, por muy legítimas que puedan ser las demandas o petitorios. La forma en que ciertos sectores políticos buscaron atizar este paro camionero o sacar réditos para beneficio propio -como fue el caso de aquellos diputados que propusieron una reforma constitucional para derogar el impuesto específico a los combustibles- son llamados de atención en cuanto a la necesidad de trazar con toda claridad estos límites y que el buen y necesario manejo político nunca puede confundirse con populismo o laxitud.