La falta de oficio político detrás de los tropiezos del gobierno de Kast

El lunes, la crisis por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores llegó a un punto en que el propio José Antonio Kast tuvo que reconocer un error de su gobierno.

El presidente admitió que la decisión chocaba con el compromiso de poner a las víctimas en primer lugar. Pero cuando llegó el momento de resolver el futuro del ministro de Justicia, Fernando Rabat, optó por mantenerlo en el cargo, pese a las presiones que se acumulaban desde el oficialismo.

“He decidido que continúe en sus funciones”, anunció. La decisión invirtió una regla no escrita de la política: los ministros suelen operar como fusibles del presidente cuando una crisis amenaza con consumir al gobierno. Esta vez, Kast optó por asumir el costo de sostener a uno de los suyos.

La controversia estalló el miércoles de la semana pasada, cuando se conoció que el Ministerio de Justicia había concedido rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Rabat defendió el criterio jurídico aplicado por la cartera, obviando sus efectos políticos y la explicación no contuvo la indignación.

La oposición anunció una acusación constitucional y en el oficialismo comenzaron los descuelgues: parlamentarios de Chile Vamos cuestionaron la continuidad del ministro y algunos anticiparon que apoyarían el libelo. En público, el sector se ha esforzado por respaldar la decisión del presidente. En privado, entre dirigentes y legisladores, la permanencia de Rabat se describe como un desangre político.

La encuesta Termómetro Político de Descifra publicada esta semana suma una arista incómoda para La Moneda. Un 80% rechaza la decisión de Kast de mantener a Rabat. Además, la mayoría estimó que el episodio de Justicia era más grave que los que terminaron con las salidas de las exministras Mara Sedini, Trinidad Steinert y Natalia Ducó.

La crisis de Rabat es la más delicada que ha enfrentado hasta ahora el Ejecutivo -así la han descrito varios inquilinos de Palacio-, pero no es la primera vez que una decisión gubernamental se convierte en un problema por falta de cálculo político.

En La Moneda esperan que la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, contribuya a descomprimir, al menos en parte, un flanco que no ha parado de escalar.

Desde marzo, La Moneda ha debido salir a corregir, matizar o explicar medidas que abrieron problemas evitables, algunas de ellas en áreas centrales de su agenda. En el Ejecutivo defienden que no todas las decisiones han sido equivocadas en el fondo, sino en la dificultad para anticipar cómo serían recibidas, qué resistencias activarían -incluso dentro de los propios- y cuánto costaría defenderlas.

Una parte de la explicación apunta al diseño del gabinete: una apuesta por ministros independientes, varios provenientes del mundo privado y con experiencia acotada o nula en el aparato estatal. Un perfil que puede aportar conocimiento técnico y distancia de las lógicas partidarias, pero también exige un trabajo político más fino para advertir los costos o, por ejemplo, evitar que una iniciativa llegue al Congreso sin haber medido sus apoyos.

En más de una ocasión el gobierno pareció confiar en que la solidez técnica o la convicción de sus ministros bastaría para sostener una decisión, pero es la propia política quien se ha encargado de desmentirlo.

Reformas sin piso político y recortes

Una polémica en la que no se advirtieron sus efectos había surgido antes en el Ministerio de Seguridad. En agosto, el ministro Martín Arrau ingresó una reforma constitucional que buscaba crear un nuevo estado de excepción de Seguridad Pública, con facultades amplias y un plazo inicial de 120 días, prorrogable por otros 120 sin autorización previa del Congreso.

La propuesta provocó reparos de la oposición y también de la propia alianza de gobierno. Las críticas apuntaron a la amplitud de las atribuciones, las restricciones a derechos y la falta de trabajo prelegislativo con los partidos.

El Ejecutivo se abrió a modificar el texto y negociar con los parlamentarios, pero la iniciativa perdió impulso y fue desplazada por una propuesta transversal de senadores que rescató parte de sus contenidos. A comienzos de octubre, La Moneda retiró el proyecto original.

Las dificultades para anticipar las exigencias políticas también habían quedado en evidencia antes de la llegada de Arrau. La falta de lectura política marcó el paso de su antecesora, Trinidad Steinert, por la cartera.

A mediados de mayo, después de una cuestionada presentación ante la Cámara de Diputados, la otrora ministra reconoció que no esperaba que el Congreso exigiera un plan estructurado y por escrito. La frase cayó mal en un área que el gobierno había situado entre sus prioridades y reforzó las dudas sobre la preparación de la cartera.

La exfiscal partió su breve paso por el gabinete con un pie forzado. La remoción de la prefecta de la PDI Consuelo Peña marcó su gestión y no logró nunca remontar los cuestionamientos. El 19 de mayo dejó el gabinete junto con la entonces vocera, Mara Sedini, cuyo paso por la Segegob había estado atravesado por controversias comunicacionales.

La discusión del Presupuesto 2027 repitió el patrón, esta vez en Educación. El proyecto dejó sin recursos a “Yo elijo mi PC”, programa de Junaeb que durante 2026 benefició a más de 96 mil escolares. Hacienda defendió la decisión por los problemas detectados en la evaluación del gasto, pero diputados de la UDI y otras figuras oficialistas exigieron buscar una fórmula para mantener el beneficio.

La reposición de recursos sigue entre los puntos pendientes de la negociación presupuestaria.

El flanco sobre los recortes se había abierto meses antes, cuando La Tercera reveló un oficio de la Dipres que sugería a los ministerios “descontinuar” 142 programas públicos y ajustar otros 260. La instrucción formaba parte de la preparación del Presupuesto 2027, pero la palabra escogida instaló la idea de un recorte masivo antes de que el Ejecutivo pudiera explicar sus fundamentos.

Las grietas en el gabinete

En todo caso, las descoordinaciones no se limitan a los proyectos de ley ni a los anuncios presupuestarios. En el gabinete han aflorado diferencias públicas sobre las prioridades y la forma de comunicar las políticas.

En septiembre, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, tomó distancia de la meta de reducir el desempleo a cerca de 6% al término del gobierno, señalando que era un objetivo planteado por Quiroz y que él había sido más cauto.

El cruce entre Rau y Quiroz no ha sido un caso aislado. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, también protagonizó diferencias con el titular de Hacienda durante las negociaciones presupuestarias. En medio de las disputas por el financiamiento de su cartera, llegó a decirle que su único jefe era el Presidente José Antonio Kast y lo calificó de “devoto de la Virgen del Puño”, en alusión a su resistencia a liberar recursos.

Sin embargo, tras los cruces, Vivienda terminó entre las carteras que más aumentaron sus recursos en el Presupuesto 2027.

En política exterior también hubo señales de fricción. En septiembre, el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionó la idea de una “Doctrina Monroe 2.0” y los aranceles estadounidenses a Chile, mientras el canciller Francisco Pérez Mackenna defendió la coordinación del Ejecutivo y recordó que la voz oficial en materia internacional corresponde a Cancillería.

La tensión volvió a quedar expuesta en octubre, cuando Arrau pidió en el grupo de WhatsApp del gabinete que sus pares evitaran pronunciarse sobre el aniversario del estallido social del 18 de octubre, para no abrir nuevos flancos. Según publicó La Tercera, en ese momento Barros se opuso a la idea y sostuvo que el gobierno debía condenar con claridad los hechos de violencia. Ximena Rincón respaldó esa posición.

Los tropiezos del relato oficial

A los errores de mayor notoriedad se suman otros episodios menores, pero ilustrativos de la dificultad para anticipar cómo se ven las decisiones desde fuera de Palacio.

En marzo, el gobierno difundió publicaciones oficiales para explicar el alza de los combustibles y utilizó la expresión “Estado en quiebra”. La frase fue cuestionada por economistas y dirigentes políticos, y el propio Quiroz se desmarcó: dijo que jamás usaría esa palabra y que la situación fiscal era deteriorada, no una quiebra. La Contraloría pidió explicaciones por el contenido de las publicaciones y Cristián Valenzuela, director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso, asumió la autoría de la idea.

En abril, el propio Kast abrió otra controversia al invitar a antiguos compañeros de universidad a almorzar en La Moneda, donde reside de forma permanente. El episodio derivó en cuestionamientos sobre el uso de dependencias y recursos institucionales y llegó a Contraloría.

Días después, el Presidente reconoció que había cometido un error “por desconocimiento” y prometió que no volvería a ocurrir. Fue uno de los primeros traspiés que instaló un problema de criterio y de choque con el relato: en un gobierno que había instalado la austeridad como parte de su identidad, una actividad privada en el palacio presidencial era una imagen difícil de defender, incluso si el Mandatario sostenía que los gastos corrieron por su cuenta

Algo parecido ocurrió con la fotografía que publicó esta semana Máximo Pavez, subsecretario del Interior, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea rumbo a República Dominicana para asistir a la Cumbre contra los Carteles (A3C). La imagen, en la que aparecía solo en la aeronave, fue leída como una ostentación y terminó siendo borrada. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la publicación como “un profundo error” y dijo que era incómodo hacer alarde de la forma en que una autoridad se transporta.

Otro episodio es la salida de Natalia Ducó del Ministerio del Deporte en agosto, tras la apertura una investigación de Contraloría por el uso de un vehículo fiscal para una actividad privada. Kast terminó pidiéndole la renuncia a ella y al subsecretario Andrés Otero, encargado de la respuesta ante el órgano comandado por Dorothy Pérez.

En marzo, otra decisión provocó una reacción adversa incluso entre aliados: la solicitud de renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, quien había llegado al cargo por Alta Dirección Pública en 2022 y estaba en tratamiento por cáncer de mama. Incluso parlamentarias oficialistas cuestionaron la decisión de la cartera liderada por Judith Marín.

La fragilidad de la segunda línea

La lista de episodios no termina en las controversias de los ministros. También hay un problema de instalación en la segunda línea: al 23 de octubre, el registro de salidas del gobierno contabilizaba 57 autoridades que habían dejado sus cargos o no habían llegado a asumir, entre ellas tres ministras, siete subsecretarios, 46 seremis y un delegado provincial.

La cifra subió a 58 este viernes con la renuncia del delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia. Las salidas responden a motivos distintos: desde renuncias voluntarias hasta remociones por gestión o controversias. Pero el volumen de ellas habla de un proceso de instalación accidentado, de un primer filtro fallido y de dificultades para consolidar equipos en regiones y ministerios.

Así, la apuesta por figuras independientes y perfiles técnicos es uno de los factores que se han planteado para explicar las dificultades del gobierno, aunque no permite atribuirle como causa todos los episodios.

La sucesión de iniciativas que enfrentan resistencias, decisiones que generan costos políticos no previstos y rectificaciones posteriores ya han instalado el cuestionamiento sobre la capacidad del Ejecutivo para anticipar escenarios y advertir problemas.