Dos pedidos para el Gobierno

En mayo del año pasado me quejé de que el Gobierno todavía no había nombrado (ni intentado nombrar) ningún magistrado, a pesar de los enormes problemas que generaba para la Justicia Federal la existencia de tantos juzgados y fiscalías vacantes. Desoyendo mis protestas, el Gobierno mantuvo su postura durante casi otro año más, hasta la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, que finalmente mandó los pliegos demorados y entre junio y fines de agosto el Senado aprobó 170 cargos de jueces, fiscales y defensores federales.

Si antes protestaba porque el Gobierno ignoraba el tema, ahora no voy a protestar por lo contrario. Nombrar jueces es parte del funcionamiento normal de una república y estas designaciones cumplieron los pasos legales para cada cargo: el Consejo de la Magistratura hizo los concursos y presentó sus ternas al Poder Ejecutivo, que a su vez eligió un candidato para enviar el pliego al Senado y el Senado los aprobó. En este sentido, nada que objetar: debería ser más habitual y menos parecido a un aluvión esporádico, pero es un paso adelante.

Un punto para resaltar, sin embargo, es que solo seis de los 170 cargos aprobados fueron para abogados que venían ejerciendo su profesión fuera del sistema judicial. Es decir, que la inmensa mayoría de los afortunados ganadores de los concursos son miembros de lo que se conoce, quizás injustamente, como la “familia judicial”, famosa por ser proclive a los acomodos y los intercambios de favores. Sería injusto y soberbio afirmar que todos los designados en estos meses entraron o ascendieron gracias a padrinos o contactos, pero la hostilidad de la familia para aceptar yernos o cuñados nuevos parece innegable.

Un problema central de nuestra Justicia es la enorme influencia de estos padrinos (de dentro pero también de afuera: de la política) en las carreras de los magistrados federales. Tipos y minas que saben a qué operadores les deben sus cargos (y de quiénes dependen para seguir ascendiendo) se incorporan así a la cascada de decisiones en el borde de la legalidad que empiojan los expedientes y perjudican la calidad del servicio de justicia.

Algunos dirán que, con la cultura política que tenemos, es un problema imposible de resolver. Que seguiremos presos de este sistema judicial donde reinan los favores, los acomodos, las apretadas y la ocasional corrupción. Puede ser. Sin embargo, está en el aire una propuesta de la Corte Suprema que ayudaría mucho a reducir la influencia de los operadores y aumentar las chances de los candidatos más idóneos para los cargos vacantes.

Esta propuesta, firmada en marzo por dos de los jueces de la Corte (Rosenkrantz y Lorenzetti), busca hacer una reforma profunda de los concursos. La visión de la Corte es que los concursos actuales son demasiado discrecionales, sobre todo la instancia de la “entrevista”, que deja mucho espacio para acomodar los puntajes. La Corte propone exámenes anónimos, con una primera prueba automatizada, una segunda de resolución de casos y redacción de sentencias, antecedentes tabulados y una entrevista limitada a 20 puntos sobre 200. Para los ñoños de corazoncito meritocrático, como yo, parece una propuesta más que razonable, imposible de rechazar en sus propios términos.

Sin embargo, ahí está, penando en el Consejo de la Magistratura, donde necesita 11 votos de 20 para ser aprobada y donde pocos parecen estar mostrando urgencia por tratarlo. Quizás la falta de entusiasmo se deba a que, como tantas veces en la Justicia, algunos están relojeando cómo vienen los apoyos políticos antes de decidir su postura. El Gobierno no parece muy entusiasmado. Mahiques, sobrino perfecto de la “familia judicial”, no se pronunció sobre el tema, pero su viceministro, Santiago Viola, dijo que la propuesta de la Corte es apenas un “consejo” y criticó la “ansiedad desmedida” de algunos por aprobarla. Otra incógnita es el tercer miembro de la Corte, Horacio Rosatti, que no firmó la acordada, aunque después la calificó como “valiosa”. Un dato que seguro no tiene nada que ver, pero quizás libera a Rosatti hacia el futuro: uno de los designados en junio, con el sistema actual, fue su hijo Emilio, ahora juez del tribunal oral de Santa Fe.

Acá vienen entonces mis dos pedidos para el Gobierno. Si, como dice, quiere mejorar las instituciones, terminar con las “mafias” y generar confianza en el país, debería apoyar públicamente la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti e impulsar, con los cambios necesarios para conseguir los votos, un nuevo reglamento de concursos para jueces. Un gobierno meritócrata no puede defender este sistema de elección de magistrados donde reinan los acomodos, los operadores y los padrinazgos.

Segundo pedido: completar la Corte Suprema. Dado que salió del letargo con la designación de magistrados federales, el Gobierno podría aprovechar el envión para terminar con la anomalía de tener una Corte de tres miembros, incompleta desde la renuncia de Highton de Nolasco en 2021 y la salida de Maqueda en 2024. Estas vacantes también generan todo tipo de engorros y demoras, además de ser un problema democrático en sí mismo: un país no puede estar tanto tiempo sin todos sus miembros del máximo tribunal. Acá el Gobierno es cierto que lo intentó, a los tumbos, estrafalariamente, con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla rechazados a principios del año pasado, pero toda la saga de sus nombramientos fue un desastre de principio a fin.

En los últimos 20 años solo llegaron dos jueces nuevos a la Corte: Rosatti y Rosenkrantz, en 2016. Desde entonces pasó una década sin una sola incorporación, la mitad de ese tiempo con la Corte incompleta. Ahora es el momento ideal para arrancar el proceso otra vez. Si ya tuvo la intención y el músculo político como para conseguir que 66 senadores votaran sus pliegos federales, no veo por qué no podría el Gobierno pensar dos nombres potables y prestigiosos que reúnan los 48 votos necesarios para designar a los jueces supremos. Si se demora, en unos meses entramos en año electoral y ya después será imposible. Si se demora todavía más, quién sabe qué pasará en las elecciones. Podría dejarle la decisión, que influirá en el orden jurídico argentino de las próximas generaciones, a Axel Kicillof, a Sergio Massa o a quien fuera. Estimo que el presidente Milei no quiere dejarles semejante regalito.

Si no es mucho pedir, sería ideal que estos dos nombres potables y prestigiosos sean de cualquier filosofía del derecho pero intelectualmente serios, no rosqueros, no políticos, miembros de la familia judicial (o no), pero ajenos a su cadena de favores. En estos años hemos discutido mucho sobre la ideología de los jueces –abolicionistas, punitivistas, positivistas, interpretativistas–, pero prefiero a cualquiera que se tome en serio a sí mismo y se tome en serio al derecho y la Constitución, antes que uno que viene a hacer política desde la Corte Suprema. Fin de los pedidos.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista digital Seúl