Atención Región Caribe: Procuraduría abre investigación contra exministro Edwin Palma y exfuncionarios por presuntas fallas en intervención de Air-e
Edwin Palma, ex ministro de Minas y Energías, ex interventor de Air-e. Foto: Cortesía
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro de Minas y Energía, Edwin Palma Vega; el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Elmer Felipe Durán, y dos exagentes especiales de Air-e intervenida, tras encontrar presuntas irregularidades y omisiones que habrían contribuido al deterioro financiero y operativo de la empresa encargada del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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La decisión, adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, surge a partir de un informe preventivo elaborado por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, en el que se advierten fallas durante los distintos períodos de intervención estatal de la compañía.
Una deuda que se disparó en menos de un año
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe está relacionado con la evolución de las obligaciones financieras de la empresa con las compañías generadoras de energía.
Se encontraron presuntas irregularidades que habrían contribuido al deterioro de la empresa. Foto:EL TIEMPO
Según la Procuraduría, la deuda pasó de 833.000 millones de pesos en febrero de 2025 a 2,23 billones de pesos en diciembre del mismo año, lo que representó un incremento superior a 1,3 billones de pesos durante el proceso de intervención.
El ente de control también advirtió un deterioro en indicadores considerados fundamentales para la estabilidad de la compañía.
Entre ellos sobresale el aumento de las pérdidas técnicas y no técnicas de energía, que pasaron de 29,37 % a 31,20 %, así como el cambio en la situación patrimonial de la empresa, que pasó de registrar un patrimonio neto positivo a presentar cifras negativas bajo administración estatal.
Para la Procuraduría, estos elementos justifican la apertura formal de una investigación destinada a establecer si existieron conductas disciplinariamente reprochables por parte de los funcionarios involucrados.
Los cuestionamientos al ex superintendente
La investigación contra Elmer Felipe Durán se centra en la forma como se dirigió y supervisó el proceso de intervención.
Ex superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán. Foto:Archivo ET
De acuerdo con el expediente, el ex superintendente deberá responder por presuntas omisiones relacionadas con la ausencia de un plan estructurado para la recuperación empresarial de Air-e.
Asimismo, la Procuraduría busca establecer si existieron fallas en la gestión de la creciente deuda con las generadoras de energía y si hubo deficiencias en el suministro de información a los organismos de control encargados de vigilar el proceso.
La entidad considera que estos aspectos resultan determinantes para entender por qué la situación financiera de la compañía continuó deteriorándose pese a encontrarse bajo administración directa del Estado.
Las observaciones contra Edwin Palma
En el caso del exministro Edwin Palma Vega, quien también actuó como agente especial durante la intervención, la Procuraduría puso la lupa sobre varios aspectos operativos y regulatorios.
Edwin Palma. Foto:ARCHIVO ET
Entre ellos aparecen presuntos incumplimientos relacionados con el traslado de recursos destinados al alumbrado público, retrasos en reportes obligatorios ante el Sistema Único de Información (SUI), XM y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Además, el organismo disciplinario cuestiona la falta de acciones para corregir prácticas de facturación consideradas irregulares y que, según el informe, venían siendo arrastradas desde administraciones anteriores.
La investigación deberá determinar si estas situaciones tuvieron incidencia en las dificultades operativas y financieras que enfrentó la compañía durante ese periodo.
Proyectos paralizados y bajo nivel de inversiones
Las observaciones de la Procuraduría también alcanzan a Diana María Bustamante Rueda, otra ex interventora, sobre quien recaen señalamientos relacionados con la ejecución de inversiones y el cumplimiento regulatorio.
Diana María Bustamante Rueda, ex agente interventora de Air-e. Foto:Air-e
El ente de control le atribuye presuntas fallas en la entrega de reportes obligatorios, problemas relacionados con permisos ambientales y una baja ejecución de los planes de inversión previstos para fortalecer la red eléctrica.
Uno de los hallazgos más llamativos apunta al abandono de 68 de los 70 proyectos contemplados dentro del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) 2021, iniciativa diseñada para mejorar la infraestructura energética en sectores vulnerables.
Según el informe, tampoco se habrían adoptado medidas de contingencia suficientes frente al deterioro de los indicadores de pérdidas.
Fraudes, activos cuestionados y pasivos ambientales
La investigación también cobija a Nelson Javier Vásquez Torres, quien deberá responder por una ejecución del plan de inversiones que apenas habría alcanzado el 5,4%.
Nelson Javier Vásquez Torres. Foto:Redes sociales
La Procuraduría sostiene que durante su administración se mantuvo el deterioro del índice de pérdidas, situación que incluso podría generar riesgos económicos significativos para la empresa, incluyendo una eventual devolución de cerca de 467.000 millones de pesos a los usuarios.
Entre las observaciones también aparecen presuntos casos de fraude cometidos por contratistas sin que existan evidencias de correctivos adecuados, así como pasivos ambientales pendientes de legalización en doce líneas de alta tensión.
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Adicionalmente, el informe señala que se habrían reportado ante la CREG activos por aproximadamente 21.000 millones de pesos que, según la revisión realizada por el ente de control, no corresponderían a la realidad operativa de la compañía.
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