Derogar las reducciones de condena
La polémica por las rebajas de condenas a reclusos, entre ellos condenados por abusos sexuales contra menores, y la propuesta de derogar la Ley N° 19.856, impulsada por los senadores Squella, Longton, Bianchi y Araya, reabren un debate necesario sobre los límites de estos beneficios.
Creer en la reinserción no exige desmantelar la sanción penal impuesta por los jueces. La buena conducta no debiese ser una moneda de cambio para recortar artificialmente la estadía en prisión, sino un estándar mínimo de convivencia bajo custodia. La rehabilitación requiere capacitación laboral, educación y apoyo en salud mental.
El punto más crítico es la desprotección de las víctimas. Cuando una condena se reduce por vía administrativa o legal sin considerar el tipo ni la gravedad del ilícito, el mensaje institucional es demoledor: la pena pierde su sentido de justicia. Exigir el cumplimiento de las sanciones no es populismo penal, sino una condición para recuperar la confianza en la justicia y conciliar seguridad pública con reinserción efectiva.
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