Un venezolano de Miami lavó más de USD 1.000 millones para narcotraficantes y fue condenado a 12 años de prisión
Un venezolano radicado en Miami condenado a 12 años de prisión federal por operar una red internacional de lavado de dinero. La red canalizó más de USD 1.000 millones a través de cuentas bancarias, billeteras de criptomonedas y empresas fantasma en beneficio de organizaciones narcotraficantes y otros actores vinculados a actividades ilícitas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Jorge Figueira, de 60 años, recibió la sentencia el martes 4 de noviembre del juez federal Rossie D. Alston Jr. en Alejandría, Virginia, tras declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte del acuerdo, también aceptó una orden de pago por USD 1.000 millones, según informó el Miami Herald.
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El Departamento de Justicia (DOJ) señaló que la red operó al menos desde enero de 2024 hasta noviembre de 2025, y que los fondos fluyeron hacia países como Colombia, China, Panamá y México.
Los investigadores federales rastrearon el dinero a través de cuatro empresas controladas por Figueira. La operación combinaba transferencias bancarias tradicionales con transacciones en criptomonedas: los fondos se convertían en activos digitales, se enviaban a proveedores de liquidez para su cambio a dólares y luego se depositaban en cuentas bancarias asociadas a las compañías del acusado antes de llegar al destinatario final.
Una billetera de criptomonedas vinculada a la red recibió más de USD 1.000 millones en Tether —una divisa digital que mantiene paridad con el dólar—, según constó en los registros judiciales. La billetera enviaba sumas equivalentes a las recibidas y casi nunca mantuvo un saldo relevante, lo que, según la fiscalía, es un patrón característico de operaciones de lavado.
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Entre los clientes de la red figuraban también actores vinculados al movimiento Huthi, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), a un oligarca ruso sancionado, a un banco ruso sancionado y a un intermediario de petróleo iraní. Figueira además reconoció haber lavado ingresos de empresas petroleras venezolanas bajo sanciones internacionales.
La investigación se inició a partir de otro presunto lavador de dinero activo en Panamá y Venezuela. En octubre de 2023, una fuente confidencial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se reunió con ese individuo en la Ciudad de Panamá, haciéndose pasar por alguien que necesitaba blanquear ganancias de mercancía falsificada. El intermediario respondió que podía “limpiarlo fácilmente”, según consta en el expediente judicial.
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A partir de ese contacto, los investigadores organizaron siete transacciones controladas que sumaron USD 330.000, con comisiones de entre menos del 1% y el 10% del monto transferido. Las primeras operaciones consistieron en entregas de efectivo en Colón, Panamá; el dinero, descontada la comisión pactada, era depositado en cuentas controladas por el FBI desde sociedades vinculadas al acusado. Una tercera operación tuvo lugar en Miami, donde el agente encubierto utilizó el número de serie de un billete como código de verificación, una práctica habitual en la red para autenticar a los mensajeros.
En transacciones posteriores, Figueira trató directamente con la fuente y coordinó pagos en Tether; en cuestión de horas, los montos equivalentes en dólares ingresaban a las cuentas del FBI. Los agentes se reunieron en persona con él en Miami en septiembre de 2024 y en febrero de 2025. En esos encuentros reconoció que parte del dinero provenía del narcotráfico y propuso emplear lenguaje codificado para distinguir esas ganancias de fondos de origen lícito, según el Miami Herald.
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El volumen de dinero imputado a Figueira fue el eje central de la audiencia de sentencia. La fiscalía, que había solicitado 15 años de prisión, argumentó que más de USD 1.000 millones circularon por sus empresas en patrones compatibles con el lavado, aunque admitió que una parte de los fondos pudo tener origen lícito mezclado con dinero criminal.
La defensa, encabezada por el abogado Arthur Louis Wallace III, rebatió que la condena debía calcularse sobre las siete transacciones controladas, que generaron apenas USD 9.823,63 en honorarios para las compañías de Figueira.
Los abogados también destacaron que las empresas estaban legalmente constituidas en Florida, mantenían cuentas bancarias activas y pagaban impuestos federales, y que el acusado era un padre de familia sin antecedentes penales que vivía con su esposa en un apartamento de alquiler en Miami.
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El tribunal rechazó esos argumentos y determinó que las pautas federales correspondían a cadena perpetua, aunque el delito imputado tiene un máximo legal de 20 años. El juez Alston impuso finalmente una pena de 144 meses (12 años), tres por debajo de lo solicitado por los fiscales, y ordenó además tres años de libertad supervisada al término de la condena.
El caso fue investigado por el FBI y procesado por las fiscales auxiliares Catherine Rosenberg y Edgardo Rodriguez de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia.
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