Salario mínimo de 2027: dicen qué aumento les conviene a las empresas para seguir generando empleo en Colombia sin tener sobrecostos de nómina

La concertación sobre el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia inició con la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) de la actual administración de Abelardo de la Espriella, presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, que convocó a Gobierno, empleadores y trabajadores a una segunda reunión el martes 13 de octubre para continuar el análisis de disposiciones laborales que generan inquietudes en distintos sectores.
Los sectores entregaron ya entregaron comentarios y observaciones sobre las disposiciones en revisión. Una mesa técnica y jurídica analizará esos aportes antes del próximo encuentro.
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Sobre esto, la ministra informó que el Gobierno buscará escuchar las posiciones de las partes antes de adoptar decisiones sobre las normas laborales. “El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores”, afirmó.
Además, relacionó esa discusión con las condiciones necesarias para reducir la informalidad y ampliar las oportunidades laborales. “Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras”, señaló.

La agenda incluye asuntos relacionados con periodistas y comunicadores sociales, inspección laboral y regulación de las plataformas digitales. También abarca el trabajo doméstico remunerado, así como medidas frente al acoso, la violencia y la discriminación. En esta se examinará además temas de negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral. Dichas discusiones normativas avanzan en paralelo con las primeras referencias económicas que comenzarán a alimentar la concertación salarial.
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Las estimaciones conocidas sitúan un posible aumento del salario mínimo de Colombia para 2027 entre 6,29% y 10% en los escenarios de presupuesto elaborados por el software Alegra, mientras los gremios empresariales mencionan un intervalo de 8% a 9,5%.
La firma de servicios BDO, bajo un supuesto de productividad laboral de entre 0,5% y 1%, calcula una referencia de 7,4% a 7,9%, sin que ninguno de esos valores constituya una decisión oficial.
El punto de comparación es el aumento de 23,7% decretado para 2026 por medio de concepto de “salario vital”. Los gremios consideran que el ajuste de 2027 debería responder principalmente a la inflación y a la productividad, con una inflación anual que podría acercarse a 7% al cierre del año.
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Por supuesto, la concertación tiene efectos directos sobre los presupuestos de nómina de las empresas. El incremento del mínimo puede incidir en los costos laborales, las decisiones de contratación y los precios de algunos bienes y servicios.
BDO prevé que un aumento alineado con la inflación y la productividad tendría un efecto moderado sobre el empleo formal, aunque no sería neutro. Según sus cálculos, si la productividad laboral termina entre 0,5% y 1%, el ajuste podría ubicarse entre 7,4% y 7,9%.
La proyección funciona como una referencia orientativa y no como un piso legal automático para la negociación. La Ley 278 de 1996 obliga a considerar otros criterios, entre ellos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) efectivo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la participación de los salarios en el ingreso nacional y la meta de inflación del año siguiente.
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Ante esto, la firma toma como referencia una proyección de inflación de 6,9% para el cierre de 2026. Ese cálculo corresponde al escenario macroeconómico que presentó el equipo técnico del Banco de la República en su Informe de Política Monetaria de julio.

El análisis de Alegra parte de una inflación anual de 6,29% en septiembre de 2026. Si el incremento del salario mínimo se limitara a ese porcentaje, el salario básico subiría de $1.750.905 a cerca de $1.861.037, sin incluir el auxilio de transporte.
Para las empresas que elaboran presupuestos de nómina, Alegra plantea varios escenarios:
- 6,29%: el salario proyectado sería de $1.861.037 y el alza mensual alcanzaría $110.132.
- 7%: llegaría a $1.873.468, un aumento de $122.563.
- 8%: llevaría el salario básico a $1.890.977, con una diferencia mensual de $140.072.
- 9%: el valor sería de $1.908.486 y el aumento mensual ascendería a $157.581.
- 10%: el salario básico se ubicaría en $1.925.996, con un incremento mensual de $175.091.
Alegra precisa que estas cifras sirven para anticipar costos laborales y no representan ofertas formales de ninguna de las partes. La firma advierte que “el 6,29% no debe interpretarse como el incremento obligatorio del salario mínimo de 2027”. También sostiene que “la cifra definitiva dependerá de información adicional y del proceso de concertación”.
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El salario mínimo no se define al sumar la inflación al valor vigente del año anterior. La Cpcpsl reúne al Gobierno, a los empleadores y a los trabajadores para valorar la inflación, la productividad, el PIB, la meta de inflación y la participación de los salarios en el ingreso nacional.

El Centro de Estudios Económicos Anif anticipó que el proceso comenzará con la instalación de la mesa de negociación. A finales de noviembre se divulgarían los datos de productividad y, a comienzos de diciembre, se conocerían la inflación y otros indicadores que sustentarán las propuestas sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte. Considera que la discusión debe preservar el poder adquisitivo, pero también examinar la compresión salarial y la creación de ocupaciones informales que atribuye al aumento de 2026.
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Anif incluyó entre los riesgos las presiones inflacionarias derivadas de excesos de demanda y el crecimiento moderado del aparato productivo. El análisis también incorpora las consecuencias fiscales del incremento de 2026. El ajuste elevó los costos de nómina y el pago de pensiones en un escenario de estrechez fiscal.
Por su parte, Abelardo de la Espriella ha sostenido, tanto durante su campaña presidencial como desde el Gobierno, que la respuesta a los desafíos laborales no debe consistir en recortar ni deteriorar el salario mínimo.
Dicho planteamiento propone aliviar la carga de las empresas que generan empleo mediante una reducción de impuestos. El Gobierno ha defendido que cualquier ajuste salarial debe contar con respaldo técnico, jurídico y económico, y no depender únicamente de decisiones políticas. La definición final dependerá de los indicadores que se conozcan en los próximos meses y de la capacidad de concertación entre trabajadores, empleadores y autoridades.
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