Hombre ofreció techo y comida a menor de edad para presuntamente explotarlo sexualmente en Costa Rica
Lo que comenzó como una aparente ayuda para un adolescente que deambulaba por las calles de Alajuela terminó convirtiéndose, según las autoridades costarricenses, en un presunto caso de explotación sexual. Un hombre de 44 años fue detenido este martes 3 de noviembre de 2026, sospechoso de aprovecharse de la vulnerabilidad de una persona menor de edad para someterla a condiciones de servidumbre sexual.
El sospechoso, identificado con los apellidos Chavarría Miranda, es un costarricense dedicado a brindar servicios técnicos y reparar electrodomésticos. Su captura se produjo durante dos allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía Profesional de Migración, uno en una vivienda y otro en un taller de reparación ubicados en la provincia de Alajuela.
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De acuerdo con la investigación, el hombre habría encontrado al adolescente mientras este deambulaba por las calles en condición de abandono. Aprovechando esa situación, comenzó a acercarse a él y le ofreció un lugar donde vivir, alimentos y la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía un gesto de protección se habría transformado progresivamente en un mecanismo de manipulación y sometimiento.
Las autoridades señalaron que, una vez que el adolescente comenzó a permanecer en la vivienda, el sospechoso presuntamente lo indujo a observar material pornográfico y empezó a insinuarle la posibilidad de participar en actos de naturaleza sexual.
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Según el informe policial, estas conductas también habrían involucrado a terceras personas que el investigado supuestamente contrataba para producir grabaciones pornográficas caseras.
Además, el hombre habría instruido al adolescente para que permaneciera oculto dentro de la vivienda, limitando así su exposición ante otras personas.
Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es que, presuntamente, el sospechoso condicionaba la continuidad del alojamiento, la alimentación y otras necesidades básicas a que el menor aceptara las conductas que le exigía.
Incluso, según la Policía de Migración, el investigado habría entregado ₡5,000 (USD 11) al adolescente cuando accedía a realizar determinados actos, dinero que la víctima utilizaba para cubrir algunas de sus necesidades.
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La investigación comenzó gracias a la intervención de un funcionario de un centro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien atendió a la persona menor de edad y escuchó su testimonio.
La información permitió alertar a las autoridades y activar una investigación coordinada entre la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta Contra la Trata y Tráfico de Personas.
Según explicó Edwin Miranda, director de la Policía Profesional de Migración, el proceso investigativo se desarrolló en un periodo de apenas 15 días, durante los cuales se recopilaron los elementos necesarios para solicitar y ejecutar las diligencias judiciales.
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“En escasos quince días, se dio toda la fase de investigación”, indicó el funcionario al referirse al trabajo que permitió realizar los allanamientos y detener al sospechoso.
La operación estuvo a cargo de la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia de Migración, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.
Tras su captura, Chavarría Miranda fue trasladado ante el Ministerio Público del I Circuito Judicial de Alajuela, donde deberá determinarse su situación jurídica por el presunto delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual.
Las autoridades confirmaron que el adolescente ya se encontraba bajo protección del Estado antes de los allanamientos, con el objetivo de resguardar su integridad y evitar que continuara expuesto a situaciones de riesgo.
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El caso pone de manifiesto cómo las condiciones de abandono y vulnerabilidad de las personas menores de edad pueden ser aprovechadas por presuntos explotadores mediante ofrecimientos de alimentación, vivienda y protección.
La Policía Profesional de Migración reiteró su compromiso de combatir la trata de personas y proteger a las poblaciones vulnerables. Mientras tanto, el proceso judicial continuará para esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer las eventuales responsabilidades penales del detenido.
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