Radiografía de Jamundí con corredores estratégicos para la droga y las invasiones de tierra por parte de disidentes: medidas por alerta de Defensoría

El Ministerio del Interior convocó de urgencia la sesión plenaria de comisión en respuesta a la alerta temprana N° 023 de la Defensoría del Pueblo.

En Jamundí claman por medidas contra los disidentes del frente 'Jaime Martínez' y en una acción urgente por contener la crisis, el Ministerio del Interior convocó de la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).

Se trata de una mesa institucional en respuesta directa a la alerta temprana estructural N° 023, emitida formalmente por la Defensoría del Pueblo el 29 de septiembre de este 2026. 

El documento advierte sobre múltiples violaciones de derechos humanos ante el control hegemónico de la disidencia del frente 'Jaime Martínez' del 'Estado Mayor Central (EMC)', bajo órdenes de 'Iván Mordisco', y las graves amenazas ante la pretensión de incursión por parte del Eln y el frente 57 'Yair Bermúdez'. 

La violencia en Jamundí ha cobrado la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos, registrándose crímenes recientes como el asesinato del líder social Jefferson Maquerry Mamián, así como atentados contra exfuncionarios públicos, como los ataques y otras acciones perpetradas contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez, como lo señaló la Defensoría tras el último atentado el 16 de octubre de este año. En este caso, murió el escolta y amigo del exmandatario, identificado como Felipe López Gutiérrez.

El blindaje

Con el propósito de blindar más a Jamundí, el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y las autoridades locales anunciaron la implementación inmediata de la estrategia de corredores seguros en vías y puntos clave del municipio para salvaguardar a las comunidades.

"Tenemos apuestas y desafíos que planteamos al Gobierno Nacional y en un trabajo sinérgico, en un trabajo articulado con el departamento, la Nación y el municipio", dijo el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño. "Esperamos avanzar en mejorar las condiciones y poder un poco enfrentar el crimen que azota nuestro departamento”, agregó.

La urgencia de estas medidas radica en que los casos de ocupación ilegal de tierras en la zona rural de este municipio. Los dueños de las propiedades han venido siendo desterrados por amenazas e intentos de secuestros. 

En este territorio se ha estructurado un negocio criminal entre las mafias del loteo y el frente 'Jaime Martínez', configurando lo que las autoridades denominan el 'cartel de la tierra'. 

Los disidentes presionan y amenazan a la población para invadir propiedades, exigiendo a los invasores pagos por lotes que oscilan entre los 3 y los 8 millones de pesos, además de extorsionar mensualmente a las familias asentadas. 

La gravedad de la situación quedó en evidencia con el caso de la hacienda La Novillera, propiedad de la familia Zamorano. Este predio productivo de 1.500 hectáreas, dedicado históricamente a cultivos de piña, sufrió el sacrificio de sus animales y el desalojo de sus legítimos dueños bajo las amenazas de "los de arriba", siendo ocupado de forma masiva por casi 3.000 personas instaladas en mil cambuches, como lo denunció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a EL TIEMPO.

Las investigaciones señalan la presencia de coordinadores en el terreno, entre ellos una mujer venezolana encargada de cobrar las cuotas mensuales, quienes instrumentalizan a la población civil para organizar asonadas contra el Ejército Nacional cuando este intenta restablecer el orden. 

Ante la dimensión de la problemática, que afecta a más de una decena de predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y propiedades colectivas como Las Cañas, La Novillera, y terrenos productivos como La Ferreira y La Jota, la administración local informó que la gobernadora del Valle del Cauca ha asumido la vocería oficial del caso.

La radiografía de Jamundí

Esta ofensiva criminal se sustenta en las condiciones de Jamundí, según la alerta de la Defensoría. 

Es un municipio de categoría segunda que cuenta con al menos tres condiciones territoriales que favorecen la continuidad del conflicto armado y la violencia criminal: es un territorio estratégico y altamente disputado por su posición geográfica y topográfica; existe un crecimiento de las economías ilícitas y una presión por su control; y presenta desigualdades territoriales en razón de la distribución de la tierra y de la administración del territorio. 

Con una extensión de 577 kilómetros cuadrados en el sur del Valle del Cauca, ubicado en la margen izquierda del río Cauca, entre la cordillera Occidental y el Parque Nacional Natural Los Farallones, el municipio limita al norte con Santiago de Cali; al sur con Buenos Aires y Santander de Quilichao (Cauca); al oriente con Puerto Tejada y Villarrica (Cauca), y al occidente con Buenaventura. 

Al formar parte del Área Metropolitana del Suroccidente (Amso), Jamundí funciona como un municipio conector donde se entrelazan las dinámicas rurales del norte del Cauca y los escenarios urbanos del Valle. Su ubicación facilita el acceso a mercados urbanos para la extorsión, el microtráfico y el lavado de activos, convirtiendo el territorio en un corredor natural de movilidad y en una zona de retaguardia e "invisibilización" para los actores ilegales que aprovechan los accidentes geográficos frente a la ofensiva de la Fuerza Pública.

El aparato militar y económico de la disidencia Jaime Martínez se despliega a través de corredores de movilidad hacia el Pacífico que conectan con la región del Naya, vitales para el tráfico de drogas y armamento, el abastecimiento logístico y el uso de vías ilegales como la construida en San Antonio. 

Asimismo, el eje Jamundí-Buenos Aires-Suárez presenta una dinámica compartida de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA), funcionando como una red para su captación, traslado, entrenamiento en el Naya y retorno operativo para combatir. 

Para estos flujos, los grupos ilegales se sirven de vías de alta relevancia como la Panamericana, la Avenida Bicentenario y el corredor fluvial del río Cauca, complementadas con rutas informales creadas sin planificación en el interior de los cañaduzales de la zona plana, los cuales confluyen estratégicamente con las inmediaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí (Cojam). 

Desde estas zonas de refugio natural, las disidencias financian sus estructuras mediante la minería ilegal de oro en las riberas del río Cauca, la extorsión y el narcotráfico.

El auge del narcotráfico en la región está respaldado por cifras alarmantes. 

Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2023 el Valle del Cauca ocupó el undécimo lugar en áreas sembradas de coca en el país, concentrándose la producción en un 93 % exclusivamente entre Buenaventura y Jamundí. 

Los datos del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas (Odei) de Indepaz evidencian que los cultivos de coca en Jamundí pasaron de tan solo cuatro hectáreas en 2016 a 1.795 hectáreas en 2023, consolidándolo como el mayor productor del departamento, por encima de Buenaventura. 

Además, la Unodc reconoce que Jamundí hace parte del enclave cocalero Timba-Jamundí-Buenos Aires, el octavo más grande a nivel nacional, el cual contaba en 2023 con un promedio de 2.362 hectáreas sembradas. Este enclave registra una fuerte tendencia a la concentración y expansión en poco territorio, habiendo incrementado un 10 % su extensión en el sector de Timba. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que este crecimiento responde a la hegemonía de un actor armado ilegal que controla toda la cadena y a la dependencia económica de las comunidades de la zona rural, alertando sobre el alto riesgo humanitario si se llega a implementar en este nuevo enclave el modelo productivo y de encadenamiento criminal configurado en la región del Pacífico.

El régimen de terror impuesto por el frente Jaime Martínez para salvaguardar estas economías ilícitas incluye atentados directos contra la infraestructura de acueductos rurales, bloqueos, restricciones a la movilidad, la instalación de minas antipersonal y ataques con drones cargados de explosivos. 

Ante el recrudecimiento de las hostilidades, que también incluyó un reciente atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional que obligó a las autoridades a acordonar la zona urbana, el Gobierno Nacional ha respondido con contundencia. 

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella emitió este año una fuerte advertencia a los narcoterroristas en Jamundí, como calificó al 'clan del Golfo' en Medellín, y a los disidentes del frente 'Jaime Martínez', asegurando una ofensiva militar para desmantelar estas estructuras como la de 'Mordisco' con su 'cartel de la tierra' en el suroccidente del país.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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