Agenda de Seguridad: el sutil diseño del Gobierno para comenzar a acorralar a la oposición

Al menos el actual debate de la Ley de Presupuestos le está dando un tenue respiro a la oposición frente a la estrategia cada vez más punzante de La Moneda para avanzar con una agenda de seguridad.

Hace tres semanas el panorama era completamente opuesto. La Cámara había rechazado el martes 22 de septiembre la reforma gubernamental para extender la detención de inmigrantes irregulares y, un día después, el miércoles 23, le propinó otro golpe al Ejecutivo al aprobar una indicación que hacía inaplicable el nuevo proyecto antibarricadas.

En esos días, además, el Gobierno estaba empantanado con su otra reforma constitucional en materia de seguridad, que finalmente fue retirada ante las críticas transversales.

Sin embargo, desde entonces La Moneda comenzó a articular un plan para tratar de dar vuelta el marcador.

La muerte del carabinero Cristopher Aguilera, el domingo 27 de septiembre, marcó un punto de inflexión. Si bien la primera pulsión del ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue instar a la oposición a aprobar la agenda de seguridad, el lunes el Gobierno resolvió cambiar el tono.

En la reunión del Comité de Seguridad, el 28 de septiembre, el Presidente José Antonio Kast y sus ministros acordaron una nueva estrategia. En vez de usar el típico emplazamiento entre quienes están con la delincuencia y quienes con los carabineros, Kast le pidió públicamente a la oposición dialogar y mandató al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para que hiciera una suerte de ofrenda: retirar la cuestionada reforma constitucional de seguridad, a cambio de explorar una alternativa.

Nuevo aire

En los días siguientes hubo dos hitos que ayudaron al diseño gubernamental.

Ante el anuncio del Ejecutivo de que presentaría una “insistencia” para la rechazada reforma migratoria, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), le dio un nuevo aire al oficialismo al fijar un quorum más bajo para reponer ese proyecto, con solo 29 votos.

La decisión de Núñez se basaba en una jurisprudencia previa establecida en 2006 por el mismo Tribunal Constitucional. Ello, sin embargo, molestó a la oposición, que amenazó con recurrir al TC.

Adicionalmente, los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicano) sellaron un acuerdo con su par Pedro Araya (PPD) para presentar una nueva reforma constitucional, alternativa a la desahuciada propuesta de La Moneda.

El texto recogía las ideas para combatir el crimen organizado y reforzar el estado de excepción de emergencia, eliminando los puntos cuestionados del texto gubernamental. “Un nuevo proyecto centrado y minimalista”, lo definió Araya. De hecho, a la iniciativa adhirieron los senadores Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (independiente).

El hecho molestó a las otras dos senadoras integrantes de la Comisión de Constitución, Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS), quienes acusaron haber sido marginadas de las conversaciones. Así, antes de conocer la nueva propuesta, las dos bancadas opositoras del Senado se apresuraron a rechazar los acercamientos del oficialismo y Araya.

El problema de la oposición es que todo este movimiento de piezas comenzó a generar un resquebrajamiento interno, obligando a algunos legisladores a dar explicaciones sobre su negativa a dialogar, o bien a demostrar por qué no ven en La Moneda un ánimo real de conversar.

El Ejecutivo, por el contrario, comenzó a lograr un piso de votos en la Cámara Alta para sacar sus dos reformas constitucionales, que hace tres semanas parecían ser una tarea imposible.

Incluso, en el Gobierno creen que la insistencia del proyecto migratorio tendrá una mayor holgura de respaldos.

La reforma contra el crimen organizado, en tanto, al lograr el respaldo de Araya, Bianchi y Flores, en teoría ya tendría los votos para salir airosa del Senado. A ellos se han sumado las señales de los senadores Fidel Espinoza (PS), Loreto Carvajal (PPD) y Ricardo Celis (PPD).

La tensión por este riesgo de desbandes fue tema de la conversación entre los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet con los jefes partidarios opositores, donde algunos se quejaron sentidamente por la falta de cohesión.

Callejón legislativo

Esta creciente fisura también se evidenció en la aprobación final del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que contó con votos de la oposición. Sin embargo, 16 senadores opositores contraatacaron recurriendo al Tribunal Constitucional. El problema es que aquella presentación habría ingresado fuera del plazo, ya que el Gobierno apuró la promulgación de las RUF. Si se desecha aquel requerimiento, significaría un nuevo revés para la izquierda y la centroizquierda.

La próxima semana, en tanto, el Ejecutivo priorizará cuatro proyectos, a los que se les renovará el carácter de discusión inmediata: 1) modernización de la carrera en Carabineros; 2) ley de seguridad municipal; 3) nueva norma antiencapuchados, y 4) legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco. Salvo la primera iniciativa, los otros tres proyectos generan incomodidad dentro de la oposición.

La semana subsiguiente, la Comisión de Constitución, que preside el senador Araya, debería abocarse a la resolución de la nueva ley de responsabilidad penal adolescente. Si bien el ministro Rabat ha ido suavizando el texto para ampliar la base de respaldo, inevitablemente será una materia que provocará divisiones en el sector opositor.

Este paulatino acorralamiento se intensificará en la medida en que se acerque el fin de año. De hecho, la meta que le puso Kast al ministro Arrau es que para Navidad haya resultados con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), nombre oficial de este paquete compuesto por una veintena de proyectos.

En el PS, sin embargo, ya hay una decisión tomada de resistir, en línea, además, con las posturas del PC y el Frente Amplio.

A juicio de la senadora Vodanovic, más que una ACOT, tiene una “Not agenda contra el crimen organizado y el terrorismo”, ya que la mayoría de las iniciativas buscan endurecer el orden público. “La estrategia del Gobierno siempre ha sido dividir a la oposición, hablar con ciertos sectores y de excluir a otros”, señaló.

El senador Vlado Mirosevic (liberal) agregó que, si bien está abierto al diálogo, tampoco tiene complejos en rechazar los proyectos gubernamentales si es que no hay correcciones. “No me siento acorralado”, recalcó.