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Friday, November 20, 2026

Crisis de natalidad: una oportunidad para el sistema escolar

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En las últimas décadas, el sistema escolar chileno alcanzó tasas de cobertura altas y una provisión mixta que permite a las familias elegir entre proyectos educativos diversos. Se trató de un camino que, mediante reformas y decisiones acertadas -aunque también con otras que no cumplieron con los efectos esperados-, logró posicionarnos entre los mejores de la región. Con sus aciertos y errores, en el recorrido transitado siempre hemos tenido la posibilidad de revisar lo hecho y, de ser necesario, volver atrás y corregir.

Aunque nos gustara, hoy nos encontramos ante un escenario distinto, pues la caída de la natalidad no se puede revertir por ley. Para poner en contexto la magnitud de la disminución, en 1993 nacieron cerca de 276 mil niños en Chile, mientras que en 2025 -según cifras preliminares del INE-, 146 mil: casi la mitad. Se trata de la generación que ingresará a prekínder el 2029. Dicho lo anterior, no estamos frente a un problema del mañana, porque la baja ya llegó a las salas: entre 2015 y 2026 la matrícula de prekínder a 4° básico de los colegios públicos y particulares subvencionados cayó en uno de cada seis alumnos.

En el mismo período, casi la mitad de los establecimientos públicos urbanos perdieron más del 20% de su matrícula en esos cursos, lo mismo ocurrió en un tercio de los particulares subvencionados e incluso en los particulares pagados. Solo en el último año, la disminución superó el 5% en seis de cada diez públicos y en la mitad de los particulares subvencionados. Una caída tan extendida, que alcanza a todo tipo de institución, no se explica porque las familias cambien de colegio, es por el mero hecho de que hay menos niños.

Pero los alcances de esta problemática no se quedan tan solo aquí, ya que según nuestras estimaciones basadas en las proyecciones de población del INE a partir del Censo 2024, la matrícula de los colegios públicos y particulares subvencionados pasaría de 3,02 millones de alumnos en 2026 a 2,71 millones en 2030 y a 2,16 millones en 2035. Es decir, solo en este primer tramo se perderían más de 312 mil estudiantes, lo que equivale a más que toda la matrícula de estos establecimientos en la Región de Valparaíso.

Esta disminución también tendrá un efecto negativo en los recursos con los que cuentan miles de instituciones. En un sistema financiado por alumno, menos estudiantes significan menos ingresos, a pesar de que los costos no bajan al mismo ritmo: un curso siempre necesitará de un profesor aunque tenga menos alumnos y la infraestructura seguirá siendo la misma (al menos por un tiempo). Por eso, el ajuste tiende a recaer en lo más flexible, que es justamente lo que apoya la calidad: material pedagógico, apoyo de especialistas y formación docente. Bajo los supuestos de nuestro estudio, hacia 2030 los colegios urbanos podrían financiar cerca de un tercio de lo que hoy destinan a ello por alumno. El golpe es mayor para los particulares subvencionados, que educan a más de la mitad de los estudiantes y no cuentan con aportes ajenos a la matrícula, como el FAEP o los recursos municipales, y todo ocurre sobre una base frágil: en el Simce 2025, casi la mitad de los estudiantes de II medio quedó en el nivel insuficiente en Lectura y en Matemática.

Precisamente por eso, esta transición es una oportunidad. Como la subvención se paga por alumno, cuando hay menos estudiantes el Estado gasta menos de manera automática: se estima que, solo entre 2025 y 2026, fueron unos 176,7 mil millones de pesos, y hacia 2030 serían 948 mil millones al año. Esos recursos pueden simplemente salir del sistema escolar, o reinvertirse en los aprendizajes de quienes siguen en él. Durante años, buena parte de la energía de los colegios se ha ido en cumplir exigencias administrativas; hoy podemos poner el foco donde más importa: en la sala de clases.

La respuesta puede ser simple, dado que el financiamiento por alumno tiene virtudes que conviene preservar: los recursos siguen las decisiones de las familias y tratan por igual a públicos y particulares subvencionados. No se trata de cambiar su lógica, sino de ajustar sus montos: en el corto plazo, un apoyo transitorio y acotado para los colegios donde la caída ya llegó; en el mediano plazo, un incremento transitorio de la subvención por alumno para las generaciones más pequeñas, financiado con parte de lo que se deja de gastar. No sería ajeno a nuestro sistema: la subvención rural ya reconoce que hay costos que no bajan con el número de alumnos.

Pero las soluciones no son solo de recursos, los colegios necesitan flexibilidad para adaptarse, entre estas facilitar fusiones, contar con cierres ordenados que aseguren la continuidad de los estudiantes, permitir un uso más flexible de la infraestructura y dejar que crezcan los proyectos con más postulantes que vacantes.

A diferencia de la pandemia, esta vez sabemos lo que viene: los niños que entrarán a 1° básico en los próximos años ya nacieron. La transición demográfica puede ser también una oportunidad: con menos estudiantes, el sistema puede reorganizar su oferta y destinar más recursos por alumno a mejorar los aprendizajes, siempre que el cambio se anticipe y se conduzca sobre la base de información rigurosa. Empezar a abordarlo ahora es un desafío central para la política educacional de los próximos años.

Por Francisca Espinoza, Directora de Estudios Acción Educar

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