Sinergia Animal acusó a Productos Ramo de buscar silenciar su activismo tras denuncia por presunto maltrato en su granja avícola
La organización animalista Sinergia Animal afirmó que la denuncia presentada por Productos Ramo por injuria, calumnia y constreñimiento ilegal busca presionar y censurar su activismo, luego de que la compañía rechazara los señalamientos sobre el trato a gallinas ponedoras en una granja proveedora ubicada en Cachipay, Cundinamarca.
La respuesta de la ONG fue divulgada por los abogados Juan José Castro Muñoz y Mateo Coronado Arango, que asumieron la representación judicial de Sinergia Animal y de cinco de sus colaboradores. La defensa sostuvo que la empresa no obtuvo, en una acción de tutela previa, una orden judicial que impidiera a la organización continuar con sus labores de denuncia y defensa de los animales.
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El caso enfrenta a la fabricante de productos como Chocoramo con la organización, que cuestionó el uso de jaulas en batería y denunció presuntas condiciones de hacinamiento y malos tratos para aves en una granja que integra la cadena de suministro de la compañía.
En el comunicado, los representantes legales de Sinergia Animal señalaron que inicialmente decidieron no hacer declaraciones públicas por respeto al debido proceso. Explicaron, sin embargo, que resolvieron responder después de que los nombres de sus clientes fueran difundidos en medio de la controversia.
“Los denunciantes decidieron someter los nombres de nuestros clientes al escarnio público sin que a la fecha existan decisiones judiciales que refuten su presunción de inocencia”, afirmaron los abogados.
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La organización y sus colaboradores quedaron vinculados a una denuncia presentada por Productos Ramo S.A.S. ante la Fiscalía General de la Nación. La empresa pidió investigar a Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia Animal en Colombia; Stephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen por presunta injuria agravada y calumnia agravada.
Ramo también solicitó investigar a Daniel Quiroz Murillo por presunto constreñimiento ilegal. La defensa de los activistas señaló que la denuncia constituye “una forma de presionar” a sus representados.
Según su posición, las actuaciones judiciales buscan limitar el ejercicio de la libertad de expresión, la protesta pacífica y el activismo animalista. “Exigir tratos dignos con los animales, en ninguna circunstancia, puede ser considerado injuria, calumnia o constreñimiento ilegal”, indicaron Castro Muñoz y Coronado Arango.
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Uno de los puntos centrales de la respuesta de los abogados se refiere a una acción de tutela que Ramo promovió contra la organización por los mismos hechos que dieron lugar a la denuncia penal.
De acuerdo con el comunicado de la defensa, el trámite ya concluyó en segunda instancia y no derivó en una decisión que prohibiera a Sinergia Animal continuar sus campañas sobre las condiciones de los animales en la cadena de proveedores de la empresa.
Los abogados sostuvieron que sus clientes mantendrán sus actividades para exigir que las compañías garanticen condiciones adecuadas para los animales vinculados a sus procesos de producción y abastecimiento.
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La defensa afirmó que las declaraciones de sus clientes están respaldadas por “investigaciones serias y rigurosas”. También señaló que esos elementos serán presentados y corroborados “en el momento procesal oportuno”.
Los abogados de la organización precisaron que asistieron el 3 de noviembre de 2026 a una audiencia de conciliación ante la Fiscalía. Según su versión, el encuentro terminó sin acuerdo porque ninguna de las partes tenía disposición para conciliar.
Ese planteamiento difiere del comunicado divulgado por Ramo en la misma fecha, en el que la empresa informó que se realizó una primera reunión ante la Fiscalía con el objetivo de alcanzar un entendimiento, aunque sin resultados.
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Ramo aseguró que acudió a las autoridades después de la difusión de afirmaciones que, según su postura, asociaron a la compañía con prácticas de maltrato animal y afectaron su reputación, su buen nombre y el desarrollo de sus actividades.
La firma afirmó que entregó certificaciones e inspecciones oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) relacionadas con el cumplimiento de la normativa de bioseguridad y bienestar animal en la granja cuestionada. No detalló el contenido de esos documentos ni las fechas en las que se realizaron las inspecciones mencionadas.
En relación con el presunto constreñimiento ilegal, la compañía afirmó que solicitó investigar comunicaciones en las que, según su denuncia, se habrían anunciado campañas contra su imagen comercial, reputación e ingresos si no modificaba determinadas políticas empresariales.
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“Ramo respeta la libertad de expresión, la protesta pacífica y el debate público. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de proteger a sus colaboradores y su buen nombre”, sostuvo la empresa en su comunicado.
La representación jurídica de Ramo está a cargo del equipo del abogado Jaime Granados. La compañía indicó que continuará con los mecanismos legales que considere necesarios para defender sus derechos y buscar el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, los abogados de Sinergia Animal afirmaron que atenderán cada citación de las autoridades y que defenderán la inocencia de sus representados. El proceso continuará con las actuaciones que correspondan ante la Fiscalía, mientras las partes mantienen posiciones contrapuestas sobre el alcance de las denuncias y la campaña animalista.
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