Bolivia: investigan a Evo Morales por la muerte de tres extranjeros en un operativo contra un supuesto complot terrorista
La Fiscalía General de Bolivia inició este lunes la fase de acumulación de antecedentes para un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y su vicepresidente, Álvaro García Linera. La acusación, presentada por legisladores de la alianza opositora Libre, les atribuye presunto asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad en el operativo policial de 2009 contra una supuesta célula terrorista, conocido en Bolivia como el caso terrorismo.
El Ministerio Público dio el paso tras analizar la admisibilidad de la proposición acusatoria que los parlamentarios de Libre, la alianza del ex presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), presentaron en Sucre el viernes 9 de octubre. El fiscal general interino, José Armando Urioste, debe elevar ahora un informe al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y definió el trámite como una etapa inicial de investigación, no como una acusación formal.
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La ley fija un máximo de 30 días para reunir antecedentes, que vencerían en torno al 11 de noviembre si se cuentan desde este lunes. Si la Fiscalía encuentra materia justiciable, formulará el requerimiento acusatorio ante el TSJ, que deberá pedir autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Libre reclama que el aval se otorgue con dos tercios de la Asamblea.
El juicio de responsabilidades es el procedimiento especial para juzgar a altos cargos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Morales ha sostenido que, por ser ex presidente, le corresponde esa vía y no la justicia ordinaria.
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El 16 de abril de 2009, una unidad policial de élite irrumpió de madrugada en el hotel Las Américas, en Santa Cruz. Murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, y fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó. El Gobierno de Morales sostuvo que los cinco formaban una célula terrorista que buscaba separar Santa Cruz y atentar contra el presidente.
Morales justificó entonces la acción con el argumento de que se había detectado esa célula. Las treinta y nueve personas procesadas en el caso denunciaron que el Ejecutivo lo montó por motivos políticos, para acallar a dirigentes opositores cruceños. Dieciocho de ellas salieron de Bolivia a pedir refugio en otros países.
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Tadic y Tóásó fueron condenados en 2015 a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas, tras un proceso abreviado. Habían cumplido ya esa pena en prisión preventiva, por lo que dejaron el país y demandaron al Estado ante organismos internacionales.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de los acusados que seguían procesados, después de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) y la Fiscalía retiraran los cargos. Ese mismo año, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció una querella contra quienes habían armado el expediente, entre ellos Morales y García Linera.
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El 21 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe de Fondo 394/21, que se conoció en 2022. El documento responsabiliza al Estado boliviano de la privación arbitraria de la vida de Dwyer y concluye que Tadic, Tóásó, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes sufrieron torturas, lesiones y vulneraciones de sus garantías judiciales. Recomendó investigar a los responsables y reparar a las víctimas.
Bolivia no cumplió esas recomendaciones. En julio de 2024, la CIDH rechazó una nueva prórroga solicitada por el Gobierno y llevó el caso (13.546, Tadic Astorga y otros) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya ficha del expediente registra la audiencia pública como pendiente. No hay datos públicos disponibles sobre una sentencia.
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En 2022, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) negó cualquier responsabilidad de las autoridades de entonces y argumentó que se había protegido la unidad del país. En abril de 2024, García Linera cuestionó que él y Morales pudieran ser investigados y sostuvo que corresponde indagar las cuestiones operativas.
La acusación califica los hechos como lesa humanidad; el informe de la CIDH habla de violación de derechos humanos y de responsabilidad internacional del Estado.
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