Casación confirmó condenas por la estafa de Bolsafe que dejó 459 damnificados en Santa Fe

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas impuestas por el colapso de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos en Santa Fe, una causa que tuvo 459 personas físicas y jurídicas damnificadas por la pérdida de dinero y títulos valores.

Por mayoría, la Sala I del máximo tribunal penal federal del país rechazó el recurso del principal responsable, Mario José Enrique Rossini, y mantuvo la pena de 15 años de prisión que le impuso un Tribunal Oral en esa provincia, en agosto de 2022.

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Rossini fue condenado como autor de 459 hechos de administración fraudulenta, captación de ahorro público sin autorización, agravado por la utilización de medios masivos de difusión. Además de la pena de prisión, se mantuvo la inhabilitación especial por seis años y una multa equivalente a tres veces el monto de las operaciones realizadas.

La sentencia valoró la publicidad que Rossini realizaba en radio, televisión y medios gráficos. Según la causa, esa exposición contribuía a generar confianza entre personas que llevaban sus ahorros a Bolsafe por la imagen pública de su presidente.

El fallo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, también ratificó las condenas a otros dos acusados: Omar Santos Francisco Rossini, sentenciado a tres años y seis meses de prisión, y la contadora y ex vicepresidenta de la sociedad, María Mercedes Leiva, quien recibió tres años de prisión en suspenso.

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Según la reconstrucción judicial de los hechos, Mario Rossini utilizó el prestigio, la estructura y la publicidad de Bolsafe Valores S.A. para atraer a ahorristas e inversores. Después, las operaciones se canalizaban mediante BV Emprendimientos S.A., una firma que no estaba autorizada para operar como agente bursátil.

La prueba permitió acreditar “la existencia de un plan delictivo llevado a cabo por Mario Rossini”, que aprovechó la cartera de clientes de la sociedad de bolsa para desapoderar de títulos y valores a numerosos inversores, consideró en su voto el juez Barroetaveña.

“El diversificado despliegue fraudulento de que hizo gala se exterioriza como una acción fría, calculada evolutivamente con precisión, premeditada no solo para cometerla sino también para sostenerla en el tiempo y evitar su descubrimiento”, agregó según la resolución a la que accedió Infobae.

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La sentencia sostuvo que Bolsafe y BV Emprendimientos actuaban como una misma estructura comercial. Según el fallo, Bolsafe funcionaba como una “pantalla” para captar clientes, que luego eran derivados a BV Emprendimientos para realizar operaciones de alquiler de títulos.

La maniobra tuvo tres modalidades principales. La primera consistía en contratos de “alquiler” de títulos valores. Los clientes entregaban bonos, acciones u otros papeles a cambio de una renta mensual, pero la Justicia entendió que no recibían información suficiente sobre las consecuencias de esa operación. Para los jueces, el llamado alquiler implicaba que los inversores perdían la titularidad de sus títulos. La sentencia sostuvo que “efectivamente el inversor cedía la titularidad de los cartulares” a BV Emprendimientos y que, al pedir la restitución o “desalquiler”, pasaba a depender de que la firma reconociera esa solicitud.

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La segunda modalidad abarcó transferencias de títulos desde cuentas de clientes de Bolsafe hacia BV Emprendimientos sin que mediara un contrato de alquiler ni una autorización de los titulares. El fallo indicó que, en esos casos, los valores quedaban “a disposición libre y plena” de Rossini.

La tercera modalidad incluyó casos en los que los inversores no habían firmado contratos de alquiler ni tenían vínculo con BV Emprendimientos, pero al cierre de Bolsafe ya no encontraban los títulos que creían haber adquirido o no podían recuperar los saldos de dinero de sus cuentas.

La Cámara consideró que “directamente y sin consentimiento ni conocimiento de sus propietarios, los títulos eran transferidos a BV Emprendimientos SA”. También dio por probado que uns parte de esos valores fue luego liquidada mediante cuentas de otras empresas bursátiles.

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La resolución también rechazó el recurso de la querella contra las absoluciones de cinco empleadas. Los jueces entendieron que no se acreditó una participación dolosa de las trabajadoras. Valoraron que cumplían funciones administrativas, recibían directivas y no tenían facultades para ordenar transferencias, librar cheques o disponer de fondos y títulos de los clientes.

“No puede sostenerse una postura acusatoria contra un puñado de mujeres con sueldo y régimen de empleadas de comercio, con horarios fijos y órdenes precisas y limitadas”, sostuvo Casación.

Durante el juicio oral, la fiscalía no acusó a las empleadas porque concluyó que el principal acusado las usó como “se aprovechó de sus vulnerabilidades, en algunos casos de sus inexperiencias, de la juventud de alguna de ellas y en un contexto laboral en el que él mandaba y todas las mujeres obedecían”, por lo que consideró que estos hechos constituían un acto de violencia de género en forma de violencia laboral.