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Tuesday, November 17, 2026

Oposición acude al TC por proyecto del gobierno recién aprobado que flexibiliza y posterga la instalación de los SLEP

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Hace apenas una semana el gobierno celebraba que el Congreso aprobó y despachó a ley su proyecto que busca aplazar la total entrada en vigencia de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) incluso hasta 2035 de cumplirse ciertas condiciones. La iniciativa, no exenta de controversias, en resumidas cuentas entrega más flexibilidad y gradualidad para que los municipios puedan quedarse con los colegios públicos, al tiempo que entrega al Presidente de la República la potestad de regular el traspaso.

Sin embargo, ese proyecto aprobado ahora se ve inmerso en la incertidumbre y se deberá resolver -como ya ocurrió con Escuelas Protegidas- en el Tribunal Constitucional (TC), cumpliendo así con la amenaza que se realizó en la sesión del 9 de noviembre, cuando se realizaron reservas de constitucionalidad.

Lo anterior porque 47 diputados de oposición acudieron hasta dicho tribunal buscando que declare inconstitucionales cinco artículos del proyecto que modifica la Ley 21.040, particularmente los que facilitan que los municipios sigan administrando sus colegios.

Las disposiciones impuganadas son las siguientes: la que convierte en alternativos requisitos educativos antes copulativos; la que amplía el criterio de matrícula del mejor 30% al 50% regional y agrega asistencia del 90%; la que permite renovar anualmente la permanencia municipal si obtiene mejores resultados que el SLEP; la que permite a los municipios con traspaso fijado para el 1 de enero de 2027 solicitar postergación hasta un mes antes; y la que permite al Presidente postergar traspasos hasta un año mediante decreto fundado.

Las líneas de impugnación son dos, resumidamente. La primera es la inconstitucionalidad de fondo. Los parlamentarios plantean que la flexibilización de los requisitos para postergar el traspaso, la posibilidad de renovar esos aplazamientos y el tratamiento excepcional de los municipios que deben traspasar sus colegios el 1 de enero de 2027 vulneran principios constitucionales, especialmente la igualdad ante la ley y el derecho a la educación.

Lo segundo es una inconstitucionalidad de forma. En su escrito los diputados señalan que una disposición que permite al Presidente postergar traspasos por decreto fue aprobada en el Senado sin, según ellos, alcanzar los votos necesarios para una norma de rango orgánico constitucional, defecto que no se corrigió con la aprobación posterior en la Cámara.

La tesis central es que el proyecto desnaturaliza el carácter excepcional de la permanencia municipal en la educación pública, flexibiliza estándares que deberían garantizar la calidad educativa, y puede generar diferencias arbitrarias entre comunidades escolares.

En ese sentido, a lo largo de su presentación los diputados opositores aseveran que el proyecto incurre en una contradicción al declarar buscar una mayor calidad educativa, pero al mismo tiempo reducir las exigencias para que los municipios sigan administrando sus colegios. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el proyecto del Mineduc eliminó la obligación de cumplir simultáneamente los indicadores de calidad y matrícula.

También se impugna el artículo primero transitorio que permite a los municipios que tienen programado su traspaso para el 1 de enero de 2027 solicitar su postergación hasta un mes antes de esa fecha, es decir, de aquí a dos semanas. Esto, señalan, es una “segunda oportunidad” a determinadas comunas que ya fracasaron en su intento por quedarse con los recintos. Ahora, aseveran, tendrán condiciones excepcionales que no se dieron a las ya traspasadas y que no se aplicarán a las venideras.

Como ejemplo utilizan a Ñuñoa, cuyo alcalde Sebastián Sichel ha sido uno de los principales jefes comunales en abogar por no entregar sus recintos. En este caso, esos recintos deberían ir al SLEP La Quebrada y se recuerda que la autoridad municipal ya solicitó postergar el traspaso el 31 de enero de 2025, pero el Ministerio de Educación rechazó la petición por incumplir los requisitos relativos a matrícula y deuda educacional.

El propio Sichel dijo sobre el requerimiento en el TC que “el Frente Amplio ahora usa la que antes denominaba la constitución de Pinochet y el Tribunal Antidemocrático (el TC) para tratar de retardar la entrada en vigencia que suspende el traspaso de los colegios al SLEP de Ñuñoa aprobado por amplias mayorías. La inconsecuencia tiene límites. Pero la incertidumbre de los colegios y el uso de los colegios públicos como herramientas ideológica una patudez. Pagan el costo miles de niños que siguen en la incertidumbre, mientras sus colegios esperan saber qué pasará con ellos. Una vergüenza”.

El Frente Amplio ahora usa la que antes denominaba la constitución de Pinochet y el Tribunal Antidemocrático (el TC) para tratar de retardar la entrada en vigencia que suspende el traspaso de los colegios al SLEP de Ñuñoa aprobado por amplias mayorías. La inconsecuencia tiene… pic.twitter.com/Yv87HlStrU

— Sebastián Sichel (@sebastiansichel) November 16, 2026

Por el contrario, los diputados sostienen en su escrito que resolver una postergación a semanas (quedan seis) del traspaso comprometería la planificación de los SLEP.

Al respecto, la diputada Emilia Schneider (FA), que lideró la elaboración del requerimiento y quien quedó como su cara visible, señala a La Tercera que “desde la oposición, transversalmente vamos a utilizar todas las herramientas que nos dé la institucionalidad para defender la educación pública, porque pareciera ser que este gobierno lo que les importa es hacer una contrarreforma educativa y darle en el gusto a los caprichos de sus alcaldes, porque les hicieron una ley a la medida. Esto es poner primero los caprichos de los alcaldes oficialistas antes que el bienestar de la educación chilena”.

Por eso, dice, el requerimiento “en síntesis apunta que aquí se generan diferencias arbitrarias, dándole más oportunidades a algunas comunas que a otras y afectando también el derecho a la educación y el derecho a la igualdad. Esperamos que se resuelva prontamente, que el TC actúe apegado a derecho, y por cierto que el gobierno de una vez por todas escuche”.

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