Senado despacha proyecto que moderniza la carrera de carabineros y aprueba en general la iniciativa de Seguridad Municipal

Luego del duro round con que inició la sesión de sala del Senado este miércoles, a raíz de la crisis política que se generó por la salida de Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución, el pleno de la corporación comenzó con la votación final del proyecto de ley que moderniza e incentiva la carrera de Carabineros.

Originalmente, la iniciativa estaba para la tabla del martes, pero ante la falta de quorum para normas clave los comités acordaron postergarla para este miércoles.

Así, los senadores debían votar una serie de normas que despachó la comisión mixta que trabajó las divergencias que se suscitaron entre ambas cámaras del Congreso.

Entre los elementos centrales, se extiende la carrera de funcionarios y amplía el límite de permanencia hasta los 41 años de servicio para futuros ingresos.

Además, triplica el estipendio mensual de los alumnos de la escuela de Carabineros durante sus primeros semestres.

Otros incentivos económicos es que aumentan las gratificaciones por riesgo -que pueden llegar hasta un 100% en determinadas zonas- además de establecer bonos por desempeño, permanencia y criticidad en zonas de alta complejidad.

La iniciativa, además, incorpora funcionarios civiles para asumir tareas administrativas, habilitando a que operativos policiales regresen a labores de patrullaje en terreno.

Además, se considera una inversión para renovar material de protección balística, cámaras corporales y sistemas de control de gestión en tiempo real.

Seguridad Municipal

Una vez concluida la votación, el Senado continuó con la tramitación del proyecto que modifica la ley de Seguridad Municipal.

Las pretensiones de que pudiera votarse tanto general como en particular, encontraron la resistencia de la jefa del comité de la DC, FA, FRVS e independientes, Yasna Provoste (DC).

La representante por Atacama acusó que la urgencia de discusión inmediata que le ingresó el gobierno al proyecto fue con posterioridad al acuerdo de comités que tuvieron el jueves de la semana pasada, y que de igual manera estaban convocados para votar en general y particular. Esto, acusó la senadora, era antirreglamentario y “altera la base de confianza”

Añadió que “dado que aquí el Ejecutivo busca alterar las reglas del juego por esta vía, anuncio mi voto en contra”. Después de su intervención, Provoste fue a reclamarle directamente al ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien estaba sentado en la mesa destinada a los representantes de gobierno.

Posteriormente, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI) -que estaba conduciendo el debate en ese momento- respondió que “hemos revisado rigurosamente el reglamento y yo tengo la razón”.

Sin embargo, complementó el senador, estaba abierto a llegar a un acuerdo.

Fue así como el ministro García tomó la palabra.

“Jamás ha sido la intención del Ejecutivo, ni de generar un problema ni mucho menos alterar el acuerdo que ustedes como comités tuvieron el jueves de la semana pasada al incorporar este proyecto, en el entendido de que solo iba a ser discusión en general”, comenzó diciendo el encargado de la Segpres.

Y añadió que La Moneda renovaría la urgencia inmediata, se amplía el plazo para el ingreso de indicaciones hasta este viernes a las 12.00 horas, y el proyecto queda para el próximo martes.

Finalmente, los senadores solo votaron en general el proyecto, aprobándolo con 40 votos a favor.

El avance en la Cámara

En la mañana de este miércoles, además, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para regular la continuidad judicial y permitir la dictación de sentencias cuando el acusado no comparezca al juicio.

Durante la sesión, el principal debate se concentró en si la normativa podría aplicarse a las cerca de 7.500 personas cuyas causas se encuentran actualmente sobreseídas temporalmente por su incomparecencia, o si sus disposiciones regirían únicamente para procedimientos futuros.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que “evidentemente que las normas procesales rigen in actum, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que todos aquellos juicios orales ordinarios o simplificados que se vayan a realizar a partir de la entrada en vigencia de esta modificación legal van a quedar sujetos a estas normas de juicio oral en ausencia”. Sin embargo, reconoció que existen consideraciones jurídicas particulares respecto de las causas suspendidas.

Esto, llevó a que el diputado Raúl Leiva (PS) advirtiera de reparos constitucionales.

Finalmente, la comisión aprobó el proyecto por 6 votos a favor y dos abstenciones, las de Jaime Araya (ind. -PPD) y Tatiana Urrutia (FA).