A cuatro días de ingresar reforma de seguridad: gobierno se abre a cambios tras presión de partidos y recriminaciones internas

El inicio de la tramitación de la reforma constitucional de seguridad, presentada por el gobierno como uno de los principales emblemas de su agenda después de la aprobación de la megarreforma, se ha convertido en un problema político mayor al esperado para La Moneda.

A las críticas de la oposición se sumaron reparos provenientes del propio oficialismo respecto del contenido y alcance de la iniciativa, entre ellos la pérdida de determinados beneficios para personas condenadas, la amplitud de la modificación constitucional en sí misma y, especialmente, los 120 días contemplados para el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.

Pero el principal cuestionamiento que se ha instalado en los partidos oficialistas apunta a la forma en que se construyó y presentó la propuesta: la falta de trabajo prelegislativo con los parlamentarios que deberán respaldarla en el Congreso, el diseño comunicacional y los alcances del texto.

La circulación de dos borradores de la reforma -publicados por La Tercera-, y el posterior ingreso del proyecto definitivo, que incorporó modificaciones respecto de esas versiones, pero que tampoco logró despejar los reparos de los propios, terminaron por tensionar una relación que en La Moneda esperaban encauzar con mayor facilidad.

En distintos sectores oficialistas se cuestiona que la iniciativa haya llegado al Parlamento antes de que existiera un acuerdo político básico respecto de sus principales contenidos.

Las críticas apuntan en varias direcciones. En los partidos y dentro de la propia Moneda se cuestiona la presión que habría ejercido el Segundo Piso -que lidera Alejandro Irarrázaval-, y el equipo de comunicaciones y contenidos que encabeza Cristián Valenzuela para que el gobierno diera prontamente el golpe político y comunicacional con la reforma, incluso cuando todavía quedaban aspectos por afinar.

También se reprocha la falta de diálogo previo con las bancadas oficialistas y, según quienes conocen las conversaciones internas, incluso dentro del propio Ejecutivo. En ese diagnóstico aparece Segpres, que habría quedado al margen de parte importante del trabajo de redacción, mientras que Seguridad se concentró herméticamente en el proceso de elaboración del texto.

En ese proceso, según distintas versiones, también tuvieron participación el propio Arrau, el senador Squella y el abogado y exmilitante republicano Jorge Barrera. En todo caso, desde el entorno de ambos, aseguran que fueron pocas las sugerencias planteadas que finalmente quedaron incorporadas en el proyecto.

Como sea, ese escenario dejó la percepción dentro de la derecha de que los distintos textos que circularon pudieron haber funcionado como una suerte de “globo sonda” del Ejecutivo: primero se testearon determinadas ideas y, solo después, se buscó socializar internamente una reforma que ya había adquirido un alto costo político.

En medio de esas recriminaciones, en el sector apuntan directamente a Valenzuela. En sectores oficialistas se le atribuye haber presionado para concretar el golpe comunicacional con el anuncio de la reforma, sin dejar suficiente margen para una etapa previa de conversación con los partidos y parlamentarios.

En Palacio, no obstante, defienden que el texto presentado va acorde a las demandas ciudadanas y que su ingreso responde a esa convicción. En esa línea, relativizan el ruido -aunque otros lo lamentan- que ha generado la tramitación de la iniciativa y descartan que exista un cambio de rumbo.

En el Ejecutivo sostienen que hace dos semanas el paso desde la reforma económica hacia la agenda de seguridad era leído como un éxito y que las variaciones de estos días forman parte de la política.

Así, recalcan que el gobierno mantiene su agenda y confía en sacar adelante una reforma de seguridad acorde con las expectativas ciudadanas. También recuerdan que desde el primer momento se planteó que el proyecto podía ser perfeccionado durante su tramitación, una lógica que -dicen- tampoco fue distinta a la discusión que acompañó a la reforma económica, donde inicialmente se cuestionó su alcance, se pidió dividirla y se anticipó que tendría dificultades para avanzar en el Congreso.

La falta de coordinación tensiona al oficialismo

El escenario comenzó a cambiar este miércoles, cuando desde el propio oficialismo se explicitó la disposición a introducir modificaciones al proyecto

El presidente del Partido Republicano y senador Arturo Squella -quien hasta ahora había sido uno de los principales escuderos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y de la iniciativa- publicó en X un mensaje que marcó un giro respecto del respaldo cerrado que había exhibido al proyecto.

“Junto a Andrés Longton coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”, señaló.

Squella explicitó además uno de los cambios que desde ese momento comenzaron a tomar fuerza dentro del oficialismo: que el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, por su extensión y alcance, requiera desde el comienzo un acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional, además de una revisión cada 30 días.

“A su vez, creemos que es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo”, añadió.

Longton, de los más críticos del proyecto dentro de Chile Vamos, publicó un mensaje prácticamente idéntico, abriéndose a conversar con Squella. El senador RN venía cuestionando desde los primeros días la amplitud de algunas de las herramientas propuestas por el Ejecutivo y la falta de una conversación previa con los parlamentarios.

La posición de ambos abrió una ventana para que el gobierno comenzara a revisar algunos de los elementos más controvertidos del proyecto, particularmente el régimen de excepción.

En La Moneda, de hecho, reconocen que se introducirán modificaciones en esa materia, aunque la idea es defender el instrumento y su objetivo. El diseño que se comienza a explorar apunta a reducir los días inicialmente contemplados y acotar algunas de sus atribuciones -como la interceptación de las comunicaciones-, junto con reforzar los mecanismos de control político.

Además, están abiertos a revisar las inhabilidades propuestas en derechos sociales para condenados por crimen organizado y terrorismo.

Sin embargo, y casi en paralelo, se instaló otro elemento de controversia luego de que El Mercurio diera cuenta de la disposición de Arrau y Squella a evaluar un eventual plebiscito en caso de que la reforma constitucional fuera rechazada en el Congreso.

La idea fue descartada en La Moneda. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló que esa alternativa no es jurídicamente viable para este caso. Más tarde, Kast confirmó dicha postura. La apuesta, por ahora, es otra: abrir una negociación con el Parlamento para alcanzar los votos necesarios para avanzar en la iniciativa.

En Palacio reconocen, además, que se produjeron “ruidos innecesarios” en torno al proyecto y que el actual dista de lo que se esperaba cuando se decidió presentar la reforma. La expectativa inicial era que la seguridad funcionara como un espacio de mayor unidad dentro del oficialismo, especialmente después de la aprobación de la megarreforma.

El episodio también comienza a abrir cuestionamientos a la capacidad de conducción del Presidente José Antonio Kast. Los cruces entre ministerios, las recriminaciones por la falta de coordinación, han instalado dudas sobre cuánto logra el Mandatario alinear a sus propias filas detrás de las principales decisiones del gobierno.

Una de las críticas que se repite en el sector es que, si el propio ministro Arrau no estaba conforme con determinados aspectos del texto que finalmente ingresó al Congreso, la alternativa debió haber sido postergar su presentación hasta cerrar esas diferencias. La evaluación que se hace ahora es que parte importante de la controversia podría haberse evitado con un proceso de socialización previo.

Sin embargo, desde la Región de Ñuble, el Presidente Kast salió a defender el contenido de su propuesta y respondió a las críticas de personeros del gobierno anterior que la han calificado de tener tintes autoritarios.

El Mandatario sostuvo que la libertad en Chile ya ha sido restringida por el crimen organizado, las malas políticas públicas y la falta de decisión de las autoridades durante años. “No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas”, señaló.

Kast, además, reivindicó el mandato que, a su juicio, recibió en las urnas en materia de seguridad y reiteró que está disponible para que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto, pero con la condición de que la discusión avance con urgencia. “Chile eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso”, afirmó. Y agregó que los parlamentarios tienen el legítimo derecho a modificar o rechazar la reforma, pero deberán explicar a la ciudadanía “si quieren más seguridad o menos seguridad”.

El giro del gobierno y la negociación que viene

El desorden terminó obligando a una intervención del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien asumirá la conducción política de las conversaciones con el Congreso para asegurar la aprobación de la idea de legislar.

Lo anterior, en conjunto con la Segpres -liderada por el ministro José García Ruminot-, quienes ya tienen en agenda una reunión para el próximo lunes con los presidentes de partido, además de un trabajo con los parlamentarios de las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa.

“Una reforma constitucional como la planteada no tiene que ser la reforma de un gobierno, tiene que ser una buena reforma para Chile. Por eso vamos a defender con firmeza su propósito, pero vamos a escuchar todas las propuestas que permitan mejorar su diseño, fortalecer sus controles y asegurar que tenga respaldo amplio y permanencia en el tiempo”, señaló Alvarado a La Tercera.

“Dialogar sobre los instrumentos no significa renunciar al objetivo. Perfeccionar la reforma en el Congreso significa hacerla más eficaz, más legítima y más duradera”, agregó.

Con el objetivo de alinear esas visiones y evitar nuevas fricciones dentro del gabinete, la tarde del jueves se desarrolló una reunión en Interior, encabezada por Alvarado y en la que participaron también Arrau y García Ruminot. Al encuentro se sumaron los subsecretarios de Segpres y Prevención del Delito, Constanza Castillo y Gonzalo Guerrero, respectivamente.

Tras esa cita, el jefe de Seguridad aseguró que aún hay margen para alinear posturas en el Congreso. Además de la reunión en La Moneda, Arrau tuvo este jueves los primeros acercamientos con las bancadas oficialistas.

“Aún no empieza la votación en comisiones, estamos en este trabajo previo donde está este diálogo, con la información que todos tienen arriba de la mesa (...). Vamos a seguir con estas reuniones hoy, mañana, la próxima semana, de tal manera que aprovechando la semana distrital, entremos al Congreso, espero, con agua para navegar de buena manera en este proyecto”, afirmó.

Así, el ministro se reunió a primera hora con los senadores Longton y Rojo Edwards, del comité RN, y con los diputados Claudia Mora, Daniel Valenzuela y Mauro González, de la bancada de ese mismo partido, además del alcalde Rodrigo Wainraight (Puerto Montt).

“Escuchamos sus propuestas y conversamos sobre las prioridades que Chile necesita para enfrentar con decisión al crimen organizado y terrorismo. La seguridad requiere acuerdos, voluntad política y sentido de urgencia”, escribió Arrau en X tras esa reunión.

A la salida del encuentro, el diputado González planteó: “RN estará del lado correcto de la historia respecto a la agenda de seguridad. Nos hemos reunido con el ministro Arrau para comprometer nuestro apoyo en estas propuestas, en estas reformas”.

De todas formas, el parlamentario acotó que esas reformas “se pueden mejorar, perfeccionar, podemos acotar los días en el estado de excepción, podemos revisar los requisitos para declarar a una agrupación como terrorista, podemos revisar el régimen penitenciario”. Pero advirtió: “Lo que no podemos hacer es torpedear una agenda que busca retomar el control del país”.

Luego, Arrau recibió a los diputados UDI Flor Weisse, Constanza Hube, Jaime Coloma y Eduardo Cretton. Hacia la tarde, también recibió al senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Segun algunos de los que participaron en la cita, Arrau les transmitió que estaban dispuestos a realizar ajustes, pero que les hicieran contrapropuestas. Además, defendió que para el Ejecutivo era relevante empujar algunos de estos cambios.

Así, quedaron de continuar con las reuniones el próximo lunes.