Los inversores de $LIBRA apelaron en la justicia federal el sobreseimiento de Javier Milei y del resto de los implicados

Inversores de $LIBRA se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py para intentar revertir el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y el resto de los implicados en la operación cripto. Se trata de los exquerellantes de la causa, que tienen un planteo pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación Penal para recuperar su estatus de damnificados.

El pasado viernes, el Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, dictó el sobreseimiento de los 11 imputados en la causa, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien condujo la investigación.

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La resolución dispuso la clausura definitiva del expediente al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna figura penal.

En primer lugar, el pretenso querellante Juan Patricio Marchetto, representado legalmente por el diputado nacional Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik, apeló la decisión de Martínez De Giorgi. Luego hicieron lo propio el especialista en cripto Martín Romeo y dos inversores bielorrusos que alegan haber perdido 2 millones de dólares, todos ellos con el patrocinio de Nicolas Oszust.

El Juzgado debe decidir si concede los recursos y los eleva a la Sala I de la Cámara Federal porteña.

En un escrito de apelación que se extiende a lo largo de 40 páginas, el primer damnificado sostuvo que la resolución judicial le ocasionó un “gravamen irreparable” al cerrar el proceso mediante una fundamentación que, a su criterio, “no constituye una derivación razonada de las constancias incorporadas al expediente”. El inversor argumentó que el magistrado incurrió en contradicciones al confundir la “insuficiencia probatoria” con la “atipicidad” de los hechos.

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Según el recurso, “una cosa es sostener que los elementos reunidos hasta determinado momento no permiten tener por acreditada una hipótesis delictiva y otra, sustancialmente distinta, afirmar que los hechos investigados resultan penalmente atípicos”.

En paralelo, los inversores representados por Oszust solicitaron la nulidad absoluta tanto del dictamen del fiscal Taiano como del sobreseimiento dictado por el juez.

Su argumento se basa en que se ignoró un derecho fundamental que tienen las víctimas: el de pedir que un fiscal de Cámara revise la decisión de no seguir investigando y de cerrar la causa. Este mecanismo está contemplado en el artículo 80, inciso j, del Código Procesal Penal Federal, el cual prevé que la víctima puede solicitar la revisión incluso sin ser querellante.

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Para sostener la validez de este reclamo, el recurso aclara que, aunque la causa se esté tramitando bajo el código procesal anterior, este derecho específico de las víctimas ya se encuentra plenamente vigente y es obligatorio en todo el país por decisión de la Comisión Bicameral del Congreso desde finales de 2019. Al no habérseles notificado el dictamen del fiscal ni haberles dado la oportunidad de exigir esa revisión jerárquica, los inversores afirmaron que se violó el debido proceso, lo que invalida por completo el cierre de la causa.

El escrito presentado por Grabois y Rechanik destacó una serie de elementos que, según la parte recurrente, justificaban profundizar la investigación en lugar de archivarla. Entre ellos, mencionó la existencia del documento denominado “Kelsier Group LATAM Agreement”, que contemplaba pagos millonarios y mencionaba la intención de lograr una “asociación indirecta con el gobierno argentino”.

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Asimismo, el apelante subrayó la existencia de registros de comunicaciones telefónicas entre el trader y lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados, y el Presidente de la Nación durante los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital.

Sobre este punto, el recurso enfatizó: “Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”. Para el apelante, esta concatenación de eventos no podía ser descartada sin antes escuchar las explicaciones de los involucrados.

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En efecto, el fiscal Taiano no solicitó ninguna declaración indagatoria durante el desarrollo de la causa.

Otro de los puntos cuestionados por la querella fue la valoración de la prueba pericial. A través de sus abogados, Marchetto criticó que el juez restara valor a los informes de la DATIP basándose en un sumario administrativo por una supuesta filtración de información. Al respecto, el escrito señaló: “No se encuentra siquiera controvertido que el motivo del sumario es un ingreso indebido a informes de la DATIP y no algo que podría haber alterado la cadena de custodia de dicho informe ya que como bien sabemos el mismo se encontraba hace aproximadamente dos meses en poder de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8”.

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Sobre este punto, el inversor Martín Romeo señaló que la postura del juez coincide de manera “llamativa” con las declaraciones públicas que había realizado el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en marzo de este año, apenas asumió.

En aquel momento, Mahiques sugirió públicamente que esas supuestas filtraciones debían ser utilizadas como una razón para anular o cuestionar las pericias que comprometían al Gobierno. En este punto señalaron una contradicción, al recordar que el propio fiscal Taiano había rechazado en su momento el planteo del ministro mediante un comunicado de prensa, pero que finalmente la justicia terminó adoptando exactamente el mismo criterio que había anticipado el funcionario del Ejecutivo, según su criterio.

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El recurso de Grabois y Rechanik también hizo hincapié en la magnitud del perjuicio económico detectado. Recordaron que la investigación logró identificar y congelar más de 44,5 millones de dólares en una billetera digital vinculada a la operatoria. “La cifra merece ser dimensionada adecuadamente. No estamos frente a una estimación abstracta de pérdidas derivada de comparar el precio máximo y mínimo de un activo, sino ante más de cuarenta y cuatro millones y medio de dólares digitales efectivamente individualizados y concentrados en una dirección determinada”, afirmó el escrito.

Finalmente, Marchetto denunció que el sobreseimiento se dictó mientras aún existían medidas de prueba en curso, como la ampliación de pericias sobre dispositivos electrónicos de otros imputados.

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En su petitorio, este inversor solicitó que se revoque la resolución, se ordene la continuación de la investigación y se convoque a prestar declaración indagatoria a los imputados, bajo el argumento de que “el sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar”.

El futuro de la causa, que involucra a funcionarios de alto rango y a empresarios extranjeros, se encamina a ser definido por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, de la Sala I de la Cámara de Apelaciones. Antes de analizar los fundamentos sobre el cierre del caso, tendrá que evaluarse si los inversores están o no en condiciones de apelar, dado que ya no son querellantes.

Para defender su potestad de apelar, el recurso citó el fallo plenario de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “Zichy Thyssen, Federico”, del año 2006, el cual establece como doctrina obligatoria que “el pretenso querellante se encuentra legitimado para interponer los recursos de competencia de esta Cámara”, sobre todo cuando se trata de resoluciones que pongan “fin al proceso” y causen un “gravamen de imposible reparación ulterior”.