Gobierno denuncia presuntas irregularidades en zona de ubicación temporal en Putumayo: advierte falta de legalización de $13.000 millones
El Dapre señaló que el contrato contemplaba la atención de 200 personas, pero solo ingresaron 99 y actualmente permanecerían cerca de 50.
arlos Andrés Ríos, director del Dapre, denunció presuntas irregularidades financieras y operativas en la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, Putumayo. Foto: Presidencia de la República.

Actualizado:
El Gobierno nacional denunció presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo, luego de que se conocieran alertas sobre el manejo de los recursos públicos destinados a su operación y situaciones que estarían ocurriendo dentro de las instalaciones.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, aseguró que se han desembolsado más de $13.000 millones para el funcionamiento de este espacio, sin que, según el balance presentado por el funcionario, se haya legalizado un solo gasto ante las instancias correspondientes.
El Gobierno cuestionó los recursos destinados al funcionamiento de la ZUT, Foto:Presidencia de la República.
A las preocupaciones financieras se suman reportes sobre consumo de bebidas alcohólicas, posibles sustancias alucinógenas, riñas e ingreso de niños, niñas y adolescentes a la zona. Los hechos fueron expuestos por el funcionario, quien pidió una revisión detallada de los recursos y las condiciones en las que opera el lugar.
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¿Cuáles son las presuntas irregularidades en la ZUT del Valle del Guamuez?
Según explicó Ríos, las alertas quedaron consignadas en un informe presentado el 15 de octubre por el operador encargado de la zona. El documento señala que las situaciones irregulares habrían ocurrido entre el 10 y el 14 de ese mismo mes, por lo que se solicitó la adopción de medidas inmediatas.
El director del Dapre también cuestionó los recursos destinados al funcionamiento de la instalación. De acuerdo con su declaración, además de los más de $13.000 millones desembolsados a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el 30 de julio de 2026 se suscribió una adición contractual por $1.127 millones, ocho días antes del cambio de Gobierno.
Ríos indicó que la Contraloría conoce la situación y solicitó que se adelante una revisión detallada de los recursos ejecutados para establecer si hubo irregularidades en su utilización.
Otro de los aspectos señalados tiene que ver con la cantidad de personas que debía atender el contrato. Según el funcionario, este fue justificado para una población de 200 personas, pero únicamente ingresaron 99 y actualmente permanecerían alrededor de 50.
La ZUT del Valle del Guamuez recibió más de $13.000 millones para su funcionamiento Foto:istock
Las cifras expuestas también muestran que durante septiembre se ejecutaron cerca de $460 millones, lo que representaría un gasto superior a los $8 millones por persona durante ese mes.
“Más de la mitad de los cupos que se pagan están lamentablemente vacíos”, señaló Ríos.
Frente a estas condiciones, el funcionario cuestionó los resultados obtenidos con los recursos públicos destinados a la zona y afirmó: “Una zona de ubicación temporal, como la del Valle del Guamuez, es un lugar de paso hacia la legalidad, no es una finca de recreo pagada por el Estado”.
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Otro de los puntos que generó preocupación en el Gobierno fue la presencia de niños, niñas y adolescentes en las instalaciones. Ríos advirtió que su permanencia en un espacio donde se han reportado situaciones de consumo de alcohol y posibles sustancias alucinógenas representa un motivo de alerta.
El Valle del Guamuez, en Putumayo. Foto:Alcaldía Valle del Guamuez.
Incluso, el director del Dapre planteó la posibilidad de que los menores estén siendo instrumentalizados para favorecer la continuidad del funcionamiento de la zona.
En medio de sus cuestionamientos, el funcionario insistió en que el propósito de estos espacios debe ser facilitar el tránsito hacia la legalidad y no convertirse en instalaciones financiadas por el Estado sin resultados verificables.
Nathalia Díaz Guzmán
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
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