Santa Marta: Unimagdalena pone reparos a vía de $34.514 millones; advierte afectación de sus predios sin estudios ni compensación definida

La universidad pidió resolver las dudas sobre movilidad, seguridad y adquisición de terrenos antes de intervenir el campus. 

La construcción de la vía 'Camino al Río', anunciada por la Alcaldía de Santa Marta como una solución para conectar la Troncal del Caribe con la avenida del Río, abrió una controversia con la Universidad del Magdalena por la posible afectación de terrenos del campus y la falta de acuerdos sobre accesos, movilidad y compensaciones económicas.

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El rector Pablo Vera Salazar remitió una carta al alcalde Carlos Pinedo Cuello en la que advierte que, después de cerca de un año y medio de reuniones, la institución todavía no conoce con precisión qué extensión de sus predios será requerida, cuánto vale el terreno ni de dónde saldrán los recursos para adquirirlo.

La preocupación aumentó luego de que la Universidad conociera por redes sociales y medios de comunicación que la Administración distrital programó para este jueves primero de octubre, a las 4 de la tarde, un acto público de inicio de las obras.

Acompañemos al alcalde @CarlosPinedoC a poner la primera piedra del inicio de obra de la Vía a la Universidad “Camino al Río”,

🗓️Mañana, 1 de octubre
🕓 4:30 p. m.
📍 Carrera 22 con calle 29i 1, Universidad del Magdalena

¡Samarios, juntos lo estamos logrando! pic.twitter.com/gpioO4nb73

— Alcaldía de Santa Marta (@SantaMartaDTCH) September 30, 2026

“Nos causó especial sorpresa conocer hoy, a través de redes sociales y de información difundida por medios de comunicación, que para mañana, jueves 1 de octubre, a las 4:00 p. m., se encuentra anunciado un acto público de inicio de las obras”, expresó Vera en la comunicación enviada el 30 de septiembre.

El documento reconoce la importancia de la nueva conexión vial, pero solicita que no se adelante ninguna intervención material sobre terrenos, accesos o infraestructura universitaria hasta que se resuelvan los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y prediales pendientes. 

Una vía de 750 metros y doble calzada

La Alcaldía informó que “Camino al Río” tendrá una inversión de $34.514 millones y estará conformada por 750 metros lineales de doble calzada. El proyecto incluye dos estructuras hidráulicas o box culverts laterales, cada una con una longitud de 850 metros.

El corredor atravesará el sector de la entrada principal de la Universidad del Magdalena y conectará la Troncal del Caribe con la avenida del Río. De acuerdo con la Administración, la obra busca mejorar el acceso al campus y descongestionar otros puntos de Santa Marta.

Entre los beneficiarios directos se encuentran los habitantes de Villa Universitaria, Villa del Mar, Villa Trinidad, Villa Marina, Piñón 1, Piñón 2 y El Trébol. También impactará a la comunidad universitaria, integrada por más de 20.000 personas que ingresan diariamente al campus durante los periodos de plena actividad académica.

La Alcaldía sostiene que la nueva vía reducirá los tiempos de desplazamiento y permitirá una conexión más eficiente con esta zona. No obstante, en el anuncio público no explicó cuál será el tratamiento de los predios pertenecientes a la Universidad ni cómo serán asumidas las modificaciones que deberán efectuarse en sus accesos.

Los reparos del rector

El principal cuestionamiento de Unimagdalena está relacionado con la información técnica que respalda el diseño. Según la carta, desde comienzos de 2025 la institución participa en reuniones con funcionarios de la Alcaldía y de la Empresa de Desarrollo Urbano de Santa Marta, Edus.

Durante esas mesas, la Universidad solicitó los estudios de movilidad, las soluciones para el ingreso principal del campus y la articulación del nuevo corredor con las demás vías existentes y proyectadas.

También pidió conocer las condiciones de circulación para peatones, ciclistas, buses de transporte público y vehículos particulares, así como las soluciones hidráulicas, la iluminación y el diseño urbanístico.

El rector advirtió que la obra se desarrollará sobre aproximadamente 1.000 metros del lindero de la Universidad, donde se encuentran accesos vehiculares y peatonales necesarios para su operación.

“Las decisiones de diseño que allí se adopten tienen efectos directos sobre la operación presente y futura del campus y sobre las condiciones de movilidad de un sector significativo de la ciudad”, señala la comunicación.

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El 26 de agosto, después de varios meses sin recibir información actualizada, la Edus realizó una socialización con la Universidad. Para la institución, la presentación no despejó las dudas y generó nuevos interrogantes sobre la solución prevista para el acceso principal.

El 8 de septiembre, Yenis López, directora del Programa de Ingeniería Civil y experta en movilidad urbana, remitió una comunicación técnica a la Edus con recomendaciones y solicitudes de información. Según el rector, hasta el 30 de septiembre la Universidad no había recibido los documentos necesarios para verificar la efectividad de la propuesta.

Terrenos sin valoración ni mecanismo de compra

El punto más delicado está relacionado con la propiedad de las áreas que necesitaría la Alcaldía para construir la doble calzada.

La Universidad asegura que no ha recibido una comunicación formal que identifique el área exacta requerida. Tampoco conoce el mecanismo de gestión predial, la valoración de los terrenos, las compensaciones económicas o las obras que tendría que realizar para reorganizar sus entradas.

Vera señaló que la afectación no puede entenderse únicamente como la entrega de una franja de terreno. La ejecución del proyecto podría obligar a reconstruir accesos peatonales y vehiculares, trasladar infraestructura y modificar la circulación interna del campus.

“Una eventual afectación del predio universitario no solamente representa una disminución patrimonial que debe ser debidamente valorada y compensada, sino que puede obligar a la Institución a modificar o reconstruir accesos y otras obras necesarias para garantizar su funcionamiento y la seguridad de nuestra comunidad”, indicó.

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La información suministrada durante las reuniones, según el documento, señala que el proyecto no tendría recursos destinados a adquirir los predios. El rector pidió aclarar ese punto antes de avanzar sobre cualquier área perteneciente a la Universidad.

Como se trata de bienes de una institución pública, su entrega debe cumplir procedimientos internos y contar con soportes técnicos, jurídicos y económicos. Algunas decisiones tendrían que ser autorizadas por el Consejo Superior.

“Como rector tengo el deber legal e institucional de proteger el patrimonio y los intereses de la Universidad del Magdalena, que es una institución pública. En consecuencia, no me es posible asumir compromisos sobre la disposición, cesión o afectación de bienes de la Universidad al margen de los procedimientos establecidos institucionalmente”, precisó Vera.“

'La Universidad no se opone al proyecto'

El rector insistió en que la posición institucional no busca impedir la construcción del corredor. Unimagdalena reconoce que la obra puede mejorar la movilidad del sector y facilitar el acceso al campus.

“Quiero ser absolutamente claro en este punto: la Universidad del Magdalena no se opone al proyecto ‘Camino al Río’”, aseguró.

La diferencia se concentra en las condiciones para comenzar los trabajos. Mientras la Alcaldía anuncia el inicio de la construcción, la Universidad considera que todavía no se han agotado los estudios, acuerdos y autorizaciones necesarios para intervenir sus terrenos.

“Nuestra preocupación no radica en que el proyecto avance. Por el contrario, queremos que avance y que sea exitoso. Lo que nos preocupa es que se anuncie el inicio de una intervención de esta magnitud sin que, después de cerca de un año y medio de observaciones y mesas de trabajo, se hayan resuelto asuntos técnicos, jurídicos y prediales”, señaló Vera.

Unimagdalena solicitó revisar los estudios actualizados de movilidad, definir la solución para la entrada principal y precisar las áreas que serían afectadas mediante planos y documentos técnicos.

También pidió establecer el valor de los terrenos, la compensación económica, las obras adicionales que deberá ejecutar la institución y las fuentes que financiarán la reconstrucción o reubicación de los accesos.

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La Universidad advirtió que una reunión de socialización no puede interpretarse como autorización para intervenir sus predios.

“La realización de actos públicos relacionados con el proyecto no sustituye los procesos técnicos, jurídicos y administrativos que deben agotarse ni resuelve los asuntos que hemos advertido reiteradamente”, puntualizó el rector.

LEONARDO HERRERA DELGANS leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70

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