Víctimas de represión policiaca en Jalisco piden a la FGR atraer el caso

▲ Policías hicieron uso indebido de la fuerza contra la abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas, durante la represión a manifestantes el 11 de octubre en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.Foto La Jornada

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 27 de octubre de 2026, p. 31

Guadalajara, Jal., “La que se hacía llamar jefa se le fue encima a una compañera y la ahorcó, delante de gente de (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos, de bomberos, de paramédicos, de otros policías y de todos los que estábamos ahí detenidos. No estoy inventando, la ahorcó delante de todos y ella no dejaba de patalear, nadie hacía nada”, narró la abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas, una de las decenas de víctimas de la represión que autoridades jaliscienses cometieron contra ciudadanos que protestaron el pasado 11 de octubre por el agua sucia que llega a sus domicilios.

Otra víctima, la doctora Daniela Álvarez Zepeda, también ofreció su testimonio de lo que vivió dentro de un cuarto “de 5 por 5 metros” dentro de Casa Jalisco –residencia oficial del gobernador emecista Pablo Lemus–, donde fueron encerrados alrededor de 40 manifestantes a quienes, afuera, aprehendieron con exceso de fuerza luego de que policías los rociaron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.

“Una chica convulsionó y yo, como médica, intenté acercarme, mínimo para acomodarla en una posición segura. No me dejaron y luego llegaron paramédicos, que ni siquiera son buenos para voltearla. Empezó a convulsionar de nuevo (la joven) y yo me asusté mucho, vi que nada más le pusieron una solución salina. Yo les dije: ‘no le pongas eso’, pero sólo le pusieron agua. Las policías decían que estaba fingiendo, se reían, una indolencia ante gente que ya estás lastimando”, apuntó.

Ambas testigos coincidieron en que padecieron humillaciones, vejaciones, golpes, insultos. A la abogada Arriola, que fue detenida junto con su hija de 19 años luego de acudir a la marcha para exigir agua sin contaminantes, la metieron a Casa Jalisco entre cuatro policías “con el pantalón abajo”; vio a otro hombre a quien introdujeron desnudo al lugar y así lo dejaron hasta que después de un rato “le aventaron un short para que se lo pusiera”.

“Los vamos a desaparecer, ya no van a salir, vamos a ir a buscarlos, tenemos sus fotos, de todos, sus nombres”, contó respecto a las intimidaciones sufridas y las amenazas recibidas durante las 12 horas en que estuvieron retenidas.

Las dos son parte de un grupo de 10 víctimas que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas torturas que padecieron y también han declarado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que atrajo el caso y en un primer informe de lo encontrado sostuvo que el bloque de infiltrados que generó disturbios y dio pretexto para la represión del 11 de octubre, estaba en coordinación directa “con autoridades policiales”.

Exigieron castigar a Lemus

Decidieron difundir públicamente lo que sufrieron. Exigieron castigar al gobernador Lemus y los mandos policiales, empezando por el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, como directos responsables, aunque éste último declaró: “yo no fui” la semana pasada.

Aunque dijeron tener miedo porque policías investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya han ido a sus domicilios, señalaron que declarar de forma pública es una forma de protegerse, e hicieron responsables a las autoridades estatales de cualquier agresión en su contra.

Asimismo demandaron a la FGR que, como ocurrió con la CNDH, atraiga las pesquisas, porque “ya se han tardado”, mientras que el Ministerio Público local está integrando carpetas de investigación apócrifas, con datos falsos y forzados durante las detenciones.

También reprocharon la nula acción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que no intervino durante las agresiones dentro de Casa Jalisco pese a tener personal dentro de la habitación en la cual se confinaba a quienes iban reteniendo, y donde los golpearon “con saña infinita, como si les hubiéramos hecho algo”.

Confirmaron que fueron introducidas por la calle Montreal, ubicada entre la residencia oficial y un asilo; llevadas hacia un cuarto que era como cocina o comedor improvisado, y aunque las autoridades han negado que se tratara de Casa Jalisco, el novio de Daniela registró la ubicación en tiempo real dentro del perímetro de la residencia oficial, gracias a una captura de pantalla, antes de que le quitaran el celular a su pareja.

Horas después los detenidos fueron subidos a un camión negro sin placas ni identificación y, aunque inicialmente les dijeron que los trasladarían a la Cruz Verde debido a la gravedad de los heridos, el vehículo se desvió hacia las instalaciones de la FGE.

Allí las vejaciones continuaron, mantuvieron a los arrestados a la intemperie bajo la lluvia, empapados y con frío. A varios jóvenes los dejaron semidesnudos o sin pantalones, sin que el personal de la FGE les proporcionara ropa.

También se les condicionó la atención médica y la emisión del parte de lesiones con la exigencia de que se desnudaran por completo en un consultorio, cuyas ventanas estaban apenas cubiertas con bolsas de plástico, y permitían que cualquier persona los viera desde afuera.

José Francisco Salazar González, doctor constitucionalista y profesor en la Universidad de Guadalajara, abogado defensor de cuatro de las víctimas, incluidas Gabriela y Daniela, dijo que lo ocurrido configura un catálogo de violaciones de todo tipo a los derechos humanos, a los protocolos policiales y jurídicos, e incluso violencia de género pues en muchos casos policías varones golpearon a las mujeres retenidas.

Entre los delitos perpetrados contra las víctimas enumeró que fueron golpeadas, incomunicadas, humilladas y trasladadas a una “prisión privada” dentro del perímetro de la residencia oficial del gobernador, para posteriormente ser procesadas en la FGE bajo irregularidades sistemáticas.