Postergar no sale gratis

El proyecto de ley Presupuestos 2027 suspende por segundo año consecutivo el traspaso de cinco Servicios Locales de Educación Pública, que ya habían quedado incluidos en la suspensión de la Ley de Presupuestos 2026. Puede haber razones técnicas, pero una decisión fiscal de este calibre necesita explicaciones fundadas y estas no se han dado.

Por un lado, el Estado seguirá financiando servicios que no administrarán ninguna escuela. El proyecto asigna $14.268 millones a la administración de esos cinco, 35,6% más que en la Ley 2026. Un traspaso que no ocurre debería reducir ese gasto, no aumentarlo. Tampoco se detuvo el gasto en marcha: la DEP informó que Los Copihues adjudicó el 28 de septiembre su sistema de remuneraciones y que Los Cerezos firmó el suyo el 1 de octubre.

Por otro lado, el costo pasa a los municipios. Las 27 comunas deben seguir a cargo de sus colegios en 2027 con un FAEP municipal 38,4% menor en términos reales. Uno de los alcaldes del SLEP Litoral estimó en $2.500 millones su aporte, sobre un presupuesto de $20.000 millones, y el alcalde de San Antonio advirtió que ni su FAEP, ni su PADEM, ni su presupuesto de educación lo contemplan.

El Ejecutivo puede ingresar indicaciones hasta el 28 de octubre. Antes debería publicar los informes fundados de cada postergación, el costo de un año más de administración en cada servicio y en cada municipio, y una revisión del FAEP para esas 27 comunas. Cuando los plazos de una política de Estado se mueven sin aviso ni explicación oportuna a las familias y comunidades educativas, lo que se pierde es la confianza en el proceso.