Centro terapéutico de Cali señalado de amarrar a un niño se defiende y pide rectificación, mientras denunciante mantiene la acusación: así va el caso

Sigue creciendo la controversia por un presunto caso de maltrato infantil contra un niño de cinco años de edad en Cali. Los hechos se dieron a conocer luego de la difusión de un video en el que se observa al menor llorando mientras permanece atado a una silla, presuntamente como parte de un castigo en un centro de atención multisensorial de la ciudad.

Mientras la institución donde ocurrieron los hechos anunció acciones legales y solicitó la rectificación pública de las publicaciones, la denunciante se mantiene firme en sus acusaciones. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció la apertura de un proceso administrativo y la Personería Municipal vigila el desarrollo de la situación.

Establecimiento asegura que la situación fue sacada de contexto

El Centro de Estimulación Multisensorial S.A.S. (CEM) emitió un comunicado oficial para rechazar las afirmaciones, anunciar acciones legales y fijar su posición frente a lo que califica como un juicio mediático al debate desatado en redes sociales.

La postura del CEM, respaldada por la firma Jurídicos Asociados (JA), responde de manera directa a las publicaciones realizadas por la profesional Katerine Trujillo Herrera. 

La institución asegura que los fragmentos de video difundidos presentan una “versión parcial, descontextualizada y ajena al verdadero alcance de las intervenciones realizadas” dentro de los procesos terapéuticos del menor.

Cuestionamiento al ‘juicio paralelo’ en redes sociales

La institución hizo un llamado de atención sobre los riesgos de la exposición mediática de menores de edad en plataformas digitales:

"Rechazamos que fragmentos aislados de una situación asistencial sean presentados públicamente como si, por sí solos, permitieran determinar la existencia de maltrato, castigo o abuso", enfatizó el centro en su pronunciamiento.

El CEM argumentó que las intervenciones orientadas a la regulación emocional y al manejo conductual en niños que requieren acompañamiento especializado “no pueden evaluarse adecuadamente a través de una publicación aislada”, pues requieren criterio técnico y la revisión del expediente clínico particular.

Aunque el centro aclaró que respeta el derecho constitucional de cualquier ciudadano a acudir ante las autoridades para denunciar irregularidades, cuestionó que estas denuncias se hayan convertido en una "acusación pública" utilizando la imagen del paciente, lo que, según la entidad, vulnera la intimidad del menor y lo expone a una confrontación mediática.

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Requerimiento formal y acciones legales

Como primera medida jurídica, el CEM reveló que requirió formalmente a Trujillo Herrera para que retire el contenido, se abstenga de continuar divulgando material del menor y proceda con una rectificación pública.

Paralelamente, la entidad anunció la revisión integral para emprender acciones legales en los ámbitos civil, penal, administrativo y constitucional. El objetivo de la representación legal es que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades derivadas de la "captación, utilización, publicación y difusión de material" que afecte los derechos del niño y el buen nombre de la institución.

Compromiso de transparencia e información probatoria

Lejos de guardar silencio, la dirección del CEM aseguró que aportará todas las pruebas a la justicia. "El Centro no busca silenciar a nadie ni impedir una investigación. Estamos completamente disponibles para atender los requerimientos de las autoridades", precisó el comunicado.

De cara a la opinión pública, el CEM anunció que durante el transcurso de la semana compartirá piezas audiovisuales y registros de las cámaras de seguridad que, bajo el marco legal, puedan ser divulgados salvaguardando la identidad del menor. Las grabaciones completas y los expedientes clínicos completos —protegidos por la reserva médica— ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Llamado a la protección de la niñez

El comunicado concluye con una petición directa a la ciudadanía y a los usuarios de redes sociales:

"Solicitamos abstenerse de reproducir, reenviar o difundir imágenes del menor, así como de realizar señalamientos personales. El niño involucrado no puede convertirse en el centro de una confrontación mediática. Sus derechos están por encima de cualquier discusión pública".

La institución reiteró su compromiso con las familias usuarias y sostuvo que la verdad técnica de lo ocurrido se demostrará en los estrados judiciales.

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La psicóloga denunciante se ratifica: “Yo sé lo que vi”

En diálogo con EL TIEMPO, la psicóloga Katerine Trujillo Herrera —quien realizaba prácticas en el establecimiento dentro de un programa de maestría y fue quien grabó las imágenes— sostuvo íntegramente su denuncia. Ante la solicitud de retractación formulada por el equipo jurídico del CEM, fue enfática: “No lo haré, yo sé lo que vi”.

Trujillo Herrera señaló además que anticipaba este tipo de acciones legales debido a presiones recibidas con anterioridad. Asimismo, reiteró que la situación observada no obedeció a un hecho aislado, sino a una supuesta práctica recurrente dentro del establecimiento.

"En las dos oportunidades que fui, presencié la misma situación. La segunda vez asistí justamente para corroborar si esto se repetía o si era un método usual. En efecto, tenían al mismo niño, a la misma hora, por el mismo tiempo y de la misma forma. Observé que también lo hacían con otro menor: a este segundo niño lo regulaban con agua. El agua se puede usar para la regulación emocional, pero siempre y cuando se utilice de la forma correcta. En este caso, el niño tenía la ropa completamente mojada y lo dejaron así, sentado en la silla", afirmó la profesional.

ICBF asumió el caso y verifica derechos

Tras conocerse la denuncia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó la ruta de atención y protección para verificar el estado del niño de cinco años.

La entidad confirmó que el caso se asignó a un Defensor de Familia del Centro Zonal Nororiental de Cali, quien lidera el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y determinará las medidas cautelares necesarias. Dada la condición de vulnerabilidad del menor y en cumplimiento de la normativa vigente, el ICBF mantendrá en reserva la información del expediente.

Entre tanto, la institución aclaró que el Centro de Estimulación Multisensorial S.A.S. (CEM) es una entidad privada que no forma parte de la red de operadores contratados por el ICBF ni presta servicios bajo su cobertura institucional en la capital del Valle.

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Personería de Cali exige celeridad e investigación rigurosa

Por su parte, la Personería Distrital de Cali solicitó el esclarecimiento pleno de los hechos y recordó los límites de la atención asistencial:

"Ningún método de corrección, atención o acompañamiento puede vulnerar la dignidad, integridad y derechos fundamentales de los niños y niñas. Toda actuación que pueda constituir maltrato debe ser esclarecida con rigor, garantizando el debido proceso y, ante todo, la protección integral del menor", señaló el organismo de control.

El Ministerio Público confirmó que realiza seguimiento a la activación de rutas por parte del ICBF y a las actuaciones de la Policía de Infancia y Adolescencia para adoptar las sanciones o medidas preventivas que correspondan.

"Desde la Personería de Cali continuaremos atentos al desarrollo de este caso y reiteramos que la protección de la niñez debe estar por encima de cualquier consideración. Frente a cualquier posible vulneración de sus derechos, las instituciones y la sociedad tienen el deber de actuar de manera inmediata y responsable", puntualizó el personero municipal, Gerardo Mendoza.

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