Radican queja disciplinaria contra jueza del caso ‘Marionetas 2.0′: habría solicitado la asignación del caso a una fiscal que ya había sido relevada

La Red de Veedurías de Colombia radicó una queja disciplinaria contra la jueza segunda penal del Circuito de Bogotá, Nidia Angélica Carrero. De acuerdo con el abogado Pablo Bustos, presidente y fundador de la organización, la togada habría solicitado a la Fiscalía General de la Nación que asignara el caso “Marionetas 2.0″ a la fiscal Angélica Córdoba. El reclamo fue presentado ante la Comisión Seccional de Disciplina de la Ciudad de Bogotá.

En el documento, que fue allegado a la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá, la red advirtió que la togada habría pedido la asignación del caso a la fiscal Córdoba, pese a que la funcionaria había sido relevada de esa función jurisdiccional y a que otra fiscal ya había asumido esa responsabilidad.

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Además, afirmó que la jueza habría interferido en las decisiones administrativas de la Fiscalía y dejado de lado su deber de actuar con imparcialidad y autonomía.

“Lo hizo a través de un oficio formal con el cual interfería abiertamente en el quehacer administrativo del órgano acusador por excelencia, con lo cual se trocaban los papeles de juez y parte de interviniente y administradora de justicia. En últimas, se desdibujó el rol del juez para actuar de manera imparcial y autónoma, para interferir en la orientación de la participación acusatoria de la Fiscalía General de la Nación en un caso de corrupción tan emblemático e importante”, señaló el presidente de la Red de Veedurías.

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Así las cosas, el jurista indicó que, mediante la queja, se solicitó que la investigación que se llegue a adelantar contra la jueza incluya una medida de suspensión provisional.

“Hemos solicitado vaya acompañada de una decisión pronta, por cuenta del órgano investigador, de una suspensión provisional. Una jueza así difícilmente puede llevar a buen puerto una investigación en puro y sano derecho y justicia, que de clara cuenta de lo acontecido allí para el país, en una clara gesta de lucha contra la corrupción y la vigencia del Estado social de derecho”, aseveró.

El caso Marionetas 2.0 consistió en una red de corrupción que se centró en el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. En el entramado participaron distintos congresistas, contratistas y exfuncionarios de entidades del Estado. Una de las personas que hizo parte de esa red es el exsenador Ciro Ramírez, del Centro Democrático.

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En marzo de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El exlegislador fue sentenciado a más de 23 años de prisión (279 meses y 8 días), a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días y al pago de una multa de 19.402 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Corte determinó que Ramírez lideró la organización criminal, mediante la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 y de otros contratos. Con estos, se benefició a personas que apoyaron su campaña política.

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“Es de suma relevancia advertir, que la actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el Congresista”, se lee en la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.

Por estos hechos, la Corte negó al excongresista la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria.