En jaque 8.300 hectáreas en el Suroeste antioqueño: el expediente judicial que pone en duda las zonas APPA en el departamento

Consejo de Estado definirá si la figura de protección de cultivos alimentarios viola la autonomía de los municipios y el derecho de propiedad local.

El debate sobre el uso y control de la tierra en Colombia suma un nuevo e importante capítulo judicial.

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 011 de 2026, emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esta normativa declaró formalmente más de 8.300 hectáreas en los municipios antioqueños de Tarso y Salgar como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, conocidas por sus siglas como APPA.

Para entender la magnitud del conflicto, es fundamental explicar qué son exactamente las APPA. Se trata de zonas rurales que el Gobierno Nacional delimita de manera estratégica con el objetivo principal de blindar y proteger terrenos destinados exclusivamente a la producción de alimentos para la población.

Sin embargo, en la práctica, estas declaratorias ordenadas desde el Estado central pueden alterar drásticamente las reglas de juego locales, incidiendo de forma directa en cómo los municipios planifican, administran y utilizan su propio suelo.

El caso cobra especial relevancia porque en días pasados el Gobierno Nacional anunció que prepara la derogatoria de varias APPA en Cundinamarca, pero esa decisión, por ahora, no cobija a Antioquia. Es decir, las APPA de Tarso y Salgar siguen vigentes y su futuro continúa en discusión ante la justicia, marcando un claro contraste con el centro del país.

La demanda, que ahora está en manos de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lanza fuertes cuestionamientos contra la medida gubernamental.

Según los demandantes, la declaratoria de estas zonas en Antioquia se adoptó omitiendo procesos clave, como la adecuada participación y coordinación con las autoridades territoriales. Además, critican la absoluta ausencia de un estudio previo que midiera el impacto económico y fiscal de la decisión y advierten de afectaciones a las competencias de municipios y departamentos.

La Fundación argumenta que figuras como las APPA se están utilizando como instrumentos para concentrar el poder en el Gobierno Nacional, desplazando las competencias que la Constitución Política les reconoce legítimamente a los entes locales.

Asimismo, la acción judicial sostiene que esta medida constituye una violación directa a la propiedad privada, a la libertad económica y a la iniciativa privada de los ciudadanos.

El impacto de la Resolución 011 de 2026 en el territorio no es menor. En detalle, la norma abarcó 2.467,09 hectáreas ubicadas en Tarso y otras 5.900,55 hectáreas situadas en el municipio de Salgar, sumando un gran total de 8.367,64 hectáreas protegidas en el departamento.

Ante los efectos que esta orden tiene a nivel regional, el alto tribunal determinó vincular formalmente al proceso judicial al departamento de Antioquia, así como a las alcaldías de Tarso y Salgar, al considerar que tienen un interés directo en el resultado final del litigio.

Es clave señalar que el Consejo de Estado admitió la revisión de la Resolución 011 que creó el área, pero decidió rechazar la solicitud de nulidad frente al documento técnico que sirvió de soporte a la norma. Esto se debe a que dicho informe se considera un acto preparatorio y no una decisión administrativa definitiva sujeta a control judicial.

Finalmente, la ofensiva jurídica contra esta figura va mucho más allá del suroeste antioqueño. La Fundación para el Estado de Derecho ha presentado demandas similares contra un total de doce resoluciones que declararon zonas APPA en departamentos como La Guajira, Cundinamarca, Tolima y otros municipios de Antioquia.

Con este proceso legal, se busca que la justicia establezca un límite claro para garantizar que la protección de los alimentos se realice respetando la autonomía de las regiones y los derechos de sus habitantes.

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