Gobierno y oposición al cuadrilátero: cómo la crisis Rabat se transformó en la mayor pugna política en la administración Kast

Tres reuniones y dos puntos de prensa en menos de cinco días.
La articulación de la oposición para acusar constitucionalmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, -pese a las diferencias internas- tiene un objetivo: prolongar el desangre del gobierno.
Y en La Moneda lo saben.
La estrategia de las bancadas de centroizquierda e izquierda, en un inicio, tuvo como objetivo instalar el tema en la ciudadanía para ganar el debate mediáticamente.
Desde el punto de vista de las herramientas fiscalizadoras, los diputados tuvieron una sesión especial, que estuvo marcada por los pedidos de renuncia al titular de Justicia y por el gusto a poco con el que quedaron las bancadas porque, a juicio del sector, el ministro no contestó las preguntas que se formularon.
Por esos días, según transmitían entre los diputados, tenían pensado concretar el ingreso de la acusación para esta semana, cuestión que finalmente no ocurrió.
La razón, según confiesan entre las bancadas, es que quieren construir un texto lo suficientemente sólido desde el punto de vista jurídico para convencer a aquellos diputados indecisos, particularmente a los del Partido de la Gente (PDG). El problema es que ello repercutió en una mayor cautela e incluso en una menor confianza para redactar el libelo.
Esos titubeos, inquietudes e incertidumbres se acrecentaron porque esta semana tampoco se materializó el ingreso. Este escenario llevó a algunas directivas opositoras a concluir que fue error haber hecho demasiadas partidas falsas del libelo. Debió anunciarse solo cuando hubiera estado listo.
En subsidio, la oposición concretó otra ofensiva contra La Moneda: solicitaron a la Contraloría que inste al gobierno a entregar los requerimientos que habilitaron la rebaja de penas a condenados por abuso sexual de menores.
Ese mismo día, fue el propio Presidente José Antonio Kast quien se subió al ring para dar la batalla. Desde Italia, el Mandatario emplazó a las bancadas de oposición.
“Que la presenten y que se vote. Que presenten la acusación mañana (miércoles)”, señaló.
A las pocas horas, la oposición se reunió por segunda vez y aprovecharon de responderle a Kast y continuar con el round. “Como oposición no vamos a pisar el palito. No vamos a caer en la provocación del Presidente”, respondió el timonel del PPD, Raúl Soto.
El miércoles, el vocero de gobierno, Gonzalo Arenas decidió subir al ring y lanzar sus propios dardos.
“Tenemos una oposición que está tratando de poner al gobierno en una situación difícil sobre los tiempos de respuesta, pero yo les quiero decir aquí que uno de los tiempos que importan es cuándo van a presentar la acusación constitucional”, afirmó, en línea de lo que había dicho el Mandatario.
Y agregó: “Estamos viendo una verdadera teleserie política por parte de la oposición que trata de sacar el mayor provecho político de un drama humano al cual nosotros estamos tratando de solucionar”.
Los cálculos puertas adentro
En Palacio están tranquilos con el resultado de la acusación, pues, según creen, el libelo que están preparando no tiene sustento jurídico.
Incluso, dicen fuentes de gobierno, una vez que el libelo esté presentado será más fácil ordenar a aquellos diputados oficialistas díscolos y que han dicho públicamente que aprobarían el texto, como Hotuito Teao (ind. -UDI).
En el gobierno, además, están conscientes de que aquellos diputados que han votado a favor de algunas admisibilidades en la Cámara de Diputados -como Claudia Mora (RN), las UDI Alejandra Valdebenito y Ximena Naranjo, entre otros, están mostrando una señal de molestia por cómo La Moneda ha manejado la crisis y que esos votos en proyectos contrarios a la Constitución son alertas que han levantado los legisladores para recibir gestos del Ejecutivo.
Desde la oposición, en tanto, también son conscientes de que parten desde atrás, con un piso de 62 votos y que, por lo mismo, requieren casi a la totalidad de la bancada del PDG o de unos cinco descolgados del oficialismo.
Por lo mismo, además del trabajo político que deben desplegar, el elemento que más se ha repetido desde las bancadas es que requieren construir un texto que sea convincente.
Otra medida de presión, confiesan desde la oposición, es resaltar el fondo de la crisis: la cantidad de pederastas sueltos en las regiones que representan los diputados.
Los capítulos
En la tercera reunión de la semana, que se produjo el jueves en las sede del Congreso en Santiago, se reforzaron los antecedentes jurídicos que sustentarían el libelo.
Al término de la reunión, el diputado Soto sostuvo que “hoy día la acusación se ha robustecido aún más”.
Y detalló que uno de los capítulos tiene que ver con una supuesta infracción a los tratados internacionales que protegen a niños, niñas y adolescentes.
El segundo, está relacionado con las rebajas de condenas y liberación de condenados por delitos de lesa humanidad, producto de las cuales Rabat habría vulnerado, nuevamente, los tratados internacionales sobre el arrepentimiento que deben tener estos criminales para ser liberados.
En tercer lugar, está el eventual incumplimiento del principio de probidad. “Existe un ministro que le ha mentido al país, que le ha mentido a otro poder del Estado”, sostuvo el timonel del PPD al respecto.
Y, frente a la posibilidad de considerar un cuarto capítulo, agregó: “Podrían agregarse nuevos antecedentes, pero hasta este momento, lo que se ha logrado construir, la acusación está lo suficientemente sólida para poder presentarla en cualquier momento”.
Previamente, Gajardo ya había asegurado que otra causal es la inejecución de la ley.
En tanto, este viernes los diputados Juan Santana (PS), Consuelo Veloso (FA), César Valenzuela (PS) y Marcos Barraza (PC) oficiaron al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para solicitar información sobre la situación migratoria de personas extranjeras condenadas por delitos de drogas que durante 2026 obtuvieron reducciones de sus condenas mediante decretos del Ministerio de Justicia. Otros de los flancos por los que la oposición busca atacar la gestión de Rabat.
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