Firma de abogados fundada por Abelardo de la Espriella acatará multa de $571 millones, pero rechazó que el fallo se use con fines políticos
De la Espriella Lawyers se pronunció sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó una sanción tributaria por $571 millones impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
A través de un comunicado divulgado el 30 de septiembre de 2026, la firma señaló que acatará la sentencia de segunda instancia y continuará actuando conforme al ordenamiento jurídico colombiano.
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El proceso se originó por una controversia relacionada con el tratamiento del IVA aplicado a los servicios profesionales prestados por el bufete a Saludvida EPS. La discusión llegó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo después de que la Dian determinara que los servicios contratados debían estar sujetos al impuesto y sancionara a la firma en octubre de 2021.
En su comunicado, De la Espriella Lawyers sostuvo que “respeta plenamente la independencia de la Administración de Justicia, la decisión adoptada por los jueces de la República, acata la providencia y continuará actuando conforme al marco jurídico vigente y los mecanismos que la ley establezca”.
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La disputa se remonta a un contrato suscrito en noviembre de 2018 entre Saludvida EPS y De la Espriella Lawyers. Según la información relacionada con el proceso, el acuerdo contemplaba $3.000 millones en honorarios y una prima de éxito de $15.000 millones, para un valor total de $18.000 millones.
La firma sostuvo ante las autoridades que los servicios jurídicos contratados estaban relacionados con la prestación de servicios de salud y que, bajo esa interpretación, debían estar excluidos del cobro del IVA. La Dian, por su parte, determinó que los servicios prestados correspondían a labores jurídicas y que estaban sujetos al impuesto.
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La controversia llegó a la entidad tributaria en noviembre de 2019, después de que la Superintendencia de Salud informara sobre una auditoría realizada a Saludvida y solicitara examinar una posible vulneración del régimen tributario en relación con el contrato.
Tras adelantar la investigación y solicitar información a la firma, la Dian concluyó que los servicios jurídicos debían ser gravados. En octubre de 2021 impuso la sanción a De la Espriella Lawyers. Posteriormente, el bufete presentó un recurso de reconsideración, pero la Dian lo rechazó en noviembre de 2022.
La firma acudió entonces ante la jurisdicción administrativa para controvertir la decisión. En diciembre de 2023, un Juzgado Administrativo de Bogotá confirmó las sanciones impuestas por la autoridad tributaria. La decisión fue posteriormente apelada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el proceso en segunda instancia y mantuvo la obligación de pagar $571 millones, según la sentencia de 32 páginas adoptada de manera unánime por tres magistrados.
De acuerdo con la decisión, el objeto real del contrato correspondía a la defensa jurídica de Saludvida EPS y de sus representantes, por lo que los servicios prestados estaban sujetos al IVA. Los magistrados también rechazaron la interpretación planteada por la firma y acogieron la posición de la Dian.
La sentencia identificó un “desconocimiento del derecho” por parte de la sociedad y confirmó la decisión adoptada previamente en el proceso administrativo y judicial. La notificación de la sentencia de segunda instancia se produjo el 29 de septiembre de 2026. Un día después, la firma publicó su pronunciamiento para fijar su posición frente a la decisión y a las publicaciones relacionadas con el caso.
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En el comunicado, De la Espriella Lawyers afirmó que el proceso corresponde a una controversia de naturaleza jurídico-tributaria y pidió que la decisión no fuera vinculada con discusiones políticas.
La firma señaló que “ha actuado de manera transparente, de buena fe y conforme a la interpretación jurídica que consideró aplicable en su momento” y agregó que una decisión desfavorable no convierte, por sí misma, una diferencia de interpretación tributaria en una actuación dolosa o fraudulenta.
También rechazó que el proceso sea utilizado para afectar su trayectoria empresarial o vincularlo con intereses políticos. En particular, sostuvo que el asunto “no debe confundirse ni convertirse en una plataforma de ataque, señalamiento o confrontación” y afirmó que no debe utilizarse para afectar al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien, según la firma, es ajeno a la controversia tributaria.
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De la Espriella Lawyers recordó además que lleva más de 25 años de actividad y que fue fundada en 2002 por Abelardo de la Espriella. La firma comenzó enfocada en derecho penal y litigios de alto impacto y posteriormente amplió sus áreas de práctica hacia el derecho corporativo, empresarial, comercial, cumplimiento normativo y resolución de controversias.
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