De Jackson a Rabat: las presiones opositoras para condicionar negociaciones políticas a la salida de ministros
La advertencia de la senadora Yasna Provoste (DC) de rechazar recursos del Ministerio de Justicia en el Presupuesto 2027 mientras Fernando Rabat siga en el cargo revive una fórmula utilizada por oposiciones anteriores: condicionar negociaciones políticas o acuerdos a la salida de ministros.
“Nosotros no vamos a estar disponibles a aprobar el presupuesto del Ministerio de Justicia, estoy anticipando algo que va a ocurrir mañana”, dijo este lunes la parlamentaria decé, confirmando que la postura cuenta con el respaldo de los sectores opositores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Esto debido a los cuestionamientos a las rebajas de penas concedidas administrativamente a condenados por delitos sexuales contra menores, materia que ha generado reproches transversales tanto al Presidente José Antonio Kast como al titular de Justicia.
Jackson y la reforma previsional
La exigencia de renuncias como condición para avanzar en negociaciones legislativas tuvo uno de sus principales episodios durante julio de 2023, cuando la UDI decidió restarse de la mesa técnica de la reforma previsional mientras Giorgio Jackson continuara como ministro de Desarrollo Social.
La determinación ocurrió después del robo de computadores y una caja fuerte desde las dependencias de esa cartera, en medio de la investigación por el caso Convenios. La colectividad vinculó su participación en las conversaciones sobre pensiones con la salida del secretario de Estado, lo que tensionó las tratativas entre el otrora gobierno y Chile Vamos -en ese entonces, oposición-.
La ofensiva también contempló la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra Jackson. Desde la UDI y Renovación Nacional se insistió en que su permanencia dificultaba la recuperación de las confianzas necesarias para alcanzar acuerdos con La Moneda.
El 11 de agosto de ese año, Jackson presentó su renuncia al Presidente Boric. El entonces ministro argumentó que su continuidad en el cargo había sido utilizada como un obstáculo para avanzar en las negociaciones políticas.
Tras su salida, la oposición desistió de continuar con el libelo en su contra, aunque las diferencias sobre la reforma previsional se mantuvieron.
Marcela Ríos por indultos en 2023
La presión sobre el gabinete de Boric también alcanzó a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. Tras el anuncio de los indultos presidenciales en diciembre de 2022, Chile Vamos exigió su salida y anunció una acusación constitucional en su contra.
Además, sectores de la oposición suspendieron su participación en la mesa de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Ríos dejó el cargo el 7 de enero de 2023. Dos días después, parlamentarios de Chile Vamos ingresaron el libelo, que fue rechazado por la Cámara el 25 de enero de ese año.
Presión sobre Chadwick por caso Catrillanca
Otro antecedente de este tipo se registró durante el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, a propósito de la permanencia del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras conocerse nuevos antecedentes sobre el caso Catrillanca.
En enero de 2019, las bancadas del PS, PPD, PR, PRO, PC y el Frente Amplio, junto con la Democracia Cristiana, exigieron su salida y evaluaron presentar una acusación constitucional en su contra. Desde Revolución Democrática, el exdiputado Miguel Crispi condicionó el respaldo de su colectividad a que existiera un compromiso de toda la oposición para impulsar el libelo hasta el final.
La discusión también se vinculó con la posibilidad de avanzar en acuerdos legislativos en materia de seguridad, pues desde la oposición cuestionaban que Chadwick continuara como interlocutor del Ejecutivo.
En ese momento, el entonces diputado DC Matías Walker le solicitó al expresidente Piñera que “la renuncia de su ministro del Interior, toda vez que la permanencia de este en su cargo afecta la paz social, particularmente, en La Araucanía y no es el mejor interlocutor para los necesarios acuerdos en materia de seguridad que debe llevar a cabo el país”.
Sin embargo, el ministro permaneció en el cargo y dejó el gabinete en octubre de ese año, en medio de los cambios ministeriales posteriores al estallido social.
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