Ola de protestas en Europa

La ola de protestas que ha sacudido a varios países de Europa en estos últimos días causó desconcierto por el nivel de violencia observado en las calles. Incluso en Francia, un país habituado a las manifestaciones y que ha sido testigo en las últimas décadas de masivas movilizaciones por reclamos sociales -como las protestas de mayo de 1968 o los disturbios de la periferia de París de 2005-, los hechos de estos días han sorprendido, motivando una condena amplia y una dura respuesta de la autoridad. El gobierno acusó a grupos de ultraizquierda de estar detrás de los hechos y decretó toque de queda en diversas localidades francesas, restringió la autorización de manifestaciones y reforzó el despliegue policial.

Medidas similares se adoptaron en Italia, donde también las manifestaciones derivaron en actos vandálicos, saqueos y violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden. Por ello, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó una serie de medidas para responder a lo que calificó como una “violencia inaceptable que nadie puede minimizar”. Unos 500 soldados adicionales serán desplegados en Milán y se creó el delito de participación en manifestaciones violentas, además de endurecerse las penas y bajar a 14 años la edad de imputabilidad, considerando la masiva presencia de menores de edad en las protestas. Y en Bélgica, otro de los países donde se registraron violentas protestas y saqueos, varias localidades decretaron la prohibición de aglomeraciones y reforzaron el despliegue policial.

Si bien en las manifestaciones confluyen grupos diversos, que varían de país en país, y que buscan, en muchos casos, visibilizar demandas legítimas, han terminado cooptadas por organizaciones violentas. En Francia e Italia, las protestas se iniciaron por el reclamo por una mejor educación pública, mientras que en países como Portugal y Bélgica el costo de la vida y los problemas de acceso a la vivienda han predominado. Pero pese a la diversidad de las demandas existen factores comunes que subyacen a todas ellas, más allá de los actos de violencia, que recibieron además una dura condena. A los problemas generacionales y de integración social se suma que los principales países europeos enfrentan una crisis -para algunos terminal- del llamado Estado de Bienestar. Un sistema que se ha vuelto cada vez más insostenible para las arcas fiscales.

Con una deuda pública que en el caso de Francia llega al 119% del PIB y bordea el 140% en Italia y un déficit de entre el 5,5% y el 3% en los principales países europeos, sostener la carga que representan los beneficios sociales adquiridos durante décadas es cada vez más difícil. A ello se suma que la mayoría del gasto público debe destinarse a pensiones y salud por el envejecimiento de la población, obligando a reducir recursos en otras áreas como la educación. Sin dinero los gobiernos no tienen margen de acción. Destinar recursos para calmar las protestas, como hizo Macron en 2018 con los chalecos amarillos, a los que destinó 10 mil millones de euros, hoy no es posible. Y si a ello se suma la presión por la fuerte alza del costo de la vida, la creciente polarización política y los problemas de integración, el convulsionado clima social en Europa parece estar lejos de calmarse.