Encuentran un túnel clandestino de presunto huachicol a solo 20 metros de ductos de Pemex en Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un inmueble en el municipio de Apodaca, Nuevo León, luego de ejecutar una orden de cateo que permitió hallar una excavación tipo túnel a pocos metros de un paso de ductos de Pemex. El operativo se enmarca en una investigación por la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos.
La diligencia se realizó con base en una orden librada por un juez de control, como parte de las indagatorias abiertas por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Durante la inspección del predio, personal de la FGR documentó las características del túnel y procedió al aseguramiento del inmueble.
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Durante la inspección, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron la excavación tipo túnel dentro del predio catado.

Las dimensiones registradas por la autoridad fueron de 4.75 metros de largo, 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto. Se trata de una estructura subterránea de proporciones reducidas, apenas suficiente para el desplazamiento de una persona en su interior.
El dato que la FGR destacó como relevante para la investigación es la distancia entre la excavación y la infraestructura petrolera: el túnel se encuentra a 20 metros de un paso de los ductos de Pemex. Esa cercanía es el elemento que vincula el hallazgo con la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos, categoría bajo la cual se abrió la carpeta de investigación.
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La diligencia de cateo se llevó a cabo en un predio ubicado sobre una brecha dentro de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.
En la ejecución del cateo participaron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes brindaron la seguridad respectiva durante el desarrollo de la diligencia. Esta corporación acompañó a los agentes federales de la PFM-AIC, encargados de la inspección técnica del predio y del registro del hallazgo.

La coordinación entre autoridades federales y municipales se circunscribió, de acuerdo con lo informado, a labores de resguardo del perímetro durante el operativo, mientras el personal de la AIC realizaba las tareas de verificación y documentación del túnel localizado.
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Al concluir la diligencia, el predio fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.
Esta instancia del MPF es la encargada de continuar con la integración de la investigación correspondiente, con el objetivo de determinar responsabilidades sobre quien o quienes resulten vinculados con los hechos que motivaron la orden de cateo.
Los llamados “huachituneles” son excavaciones construidas desde predios privados para alcanzar ductos de Pemex sin ser detectados en superficie.
El proceso comienza con una fase de inteligencia previa: exempleados de Pemex, contratistas o informantes identifican el punto exacto del ducto, el tipo de hidrocarburo que transporta y los horarios de vigilancia.
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Después, brigadas de entre 5 y 30 personas excavan de forma nocturna, generalmente entre la 1:00 y las 4:00 horas, con brocas industriales y herramienta especializada. Una vez que el túnel conecta con el ducto, se instalan válvulas y mangueras de alta presión para extraer el combustible sin que caiga la presión de la tubería, lo que podría alertar a Pemex.
El hidrocarburo extraído se traslada a pipas, tinacos o bidones, y de ahí a bodegas clandestinas en ranchos, predios o inmuebles urbanos. En casos de mayor escala, como el túnel hallado en Santa Catarina, Nuevo León, la estructura puede operar como una terminal paralela de extracción, almacenamiento y distribución, con conexiones soldadas directamente al ducto.
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Pemex reportó 11 mil 774 tomas clandestinas en sus ductos durante 2024, y datos oficiales indican más de 70 mil tomas registradas entre diciembre de 2018 y octubre de 2024.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos tipifica como delito la sustracción de combustible de ductos, vehículos, equipos o instalaciones sin derecho ni consentimiento de quien puede disponer de ellos legalmente, según el texto vigente de la norma.
El artículo 8 de la ley establece una pena base de 20 a 30 años de prisión y multa de entre 20 mil y 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de forma ilegal.
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La sanción varía según el volumen sustraído. Cuando la cantidad es menor o equivalente a 300 litros, la pena va de 4 a 6 años de prisión; si es igual o mayor a 2 mil litros, la condena puede alcanzar de 12 a 17 años, de acuerdo con la escala establecida en la propia ley.
La norma también castiga conductas relacionadas con el financiamiento de estas actividades. El artículo 18 prevé de 17 a 25 años de prisión para quien aporte o recaude fondos a sabiendas de que serán utilizados para cometer delitos tipificados en la ley, mientras que el artículo 19 sanciona con 10 a 14 años a quien recurra a la violencia o intimidación para facilitar estas conductas.
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Las penas se incrementan hasta en una mitad cuando el responsable es o fue trabajador de la industria petrolera, prestador de servicios para asignatarios, contratistas o permisionarios, o servidor público vinculado al sector, conforme a lo dispuesto por la legislación.
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