Congresista radicó proposición para la ley de sometimiento contra el reclutamiento de menores, pero luego se habría ‘arrepentido’: qué pasó
La representante a la Cámara Nelly Patricia Mosquera Murcia radicó una proposición modificativa dentro del debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia para limitar las rebajas de penas a los integrantes de grupos armados ilegales que incurran en el delito de reclutamiento de menores de edad.
La propuesta legislativa generó controversia en el Congreso de la República y en redes sociales luego de que la cuenta oficial del partido Centro Democrático compartiera la constancia de radicación y, minutos más tarde, procediera a eliminar la publicación de sus plataformas digitales.
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El motivo del retiro del mensaje digital radicó en que el texto firmado por la congresista no eliminaba de raíz los descuentos de condena para los reclutadores, sino que contemplaba mantener rebajas punitivas de hasta el 10% y el 15% para quienes cometan este delito a partir de la entrada en vigencia de la norma.
La proposición fue radicada formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el martes 3 de noviembre de 2026, a las 12:42 p. m., dentro del trámite del Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado.
Esta iniciativa tramita la prórroga y modificación de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, marco jurídico que establece las bases del modelo de sometimiento y entrega de organizaciones armadas a la justicia ordinaria.
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A través de su cuenta en la red social X, Mosquera anunció la presentación del documento legislativo, asegurando que su compromiso central está en la protección de la infancia: “En el marco de la discusión de la ley de sometimiento, radiqué una proposición que restringe beneficios a aquellos que incurran en el horrible delito del reclutamiento de niños”.
La representante concluyó su mensaje señalando la prioridad de su agenda: “La defensa de los derechos de la niñez es mi prioridad”.
El documento oficial suscrito por Mosquera proponía modificar el inciso segundo del numeral 1 del artículo 16 del texto proyectado para segundo debate en la plenaria de la Cámara.
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“Para el actor armado ilegal o terrorista que, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, reclute nuevos menores de edad, la rebaja de la pena no podrá exceder del diez por ciento (10%) para quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de la organización y del quince por ciento (15%) para quienes no ejerzan un rol de mando”, señala el texto de la modificación radicada.
En la exposición de motivos de la constancia, la legisladora argumentó que su intención era recortar los porcentajes de rebajas generales contemplados en la ponencia inicial, los cuales alcanzaban hasta un 30% para los mandos y niveles operativos de las estructuras ilegales.
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La sustentación añadía que el reclutamiento forzado vulnera de manera grave los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, por lo que resultaba necesario limitar las rebajas penales en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política.
Por el momento, el proyecto de sometimiento a la justicia continúa su debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde las bancadas deberán definir si excluyen por completo cualquier descuento punitivo para quienes vinculen a menores a las organizaciones delictivas, aunque en el Senado ya fue aprobado.
El proyecto de ley de sometimiento a la justicia busca desmantelar organizaciones criminales mediante su entrega voluntaria y comparecencia ante la justicia ordinaria. A diferencia de los procesos de paz, no contempla negociaciones políticas ni suspende las operaciones de la fuerza pública.
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La iniciativa establece rebajas de penas de hasta el 50% para mandos medios y combatientes, y hasta el 30% para cabecillas, siempre que colaboren con la justicia y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales.
Para acceder a estos beneficios, los integrantes deberán entregar las armas, abandonar las actividades ilegales, suministrar información verificable y entregar los bienes obtenidos ilícitamente para contribuir a la reparación de las víctimas.
El proyecto también contempla modelos de reclusión diferenciados y exige la participación de las víctimas en las decisiones judiciales. Además, mantiene las órdenes de captura y los procesos de extradición, sin otorgar inmunidad a los sometidos.
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