Fiscalía de Valparaíso termina con el misterio e ingresa querella de capítulos para poder formalizar al exministro Ulloa

La Fiscalía Regional de Valparaíso ingresó este sábado una querella de capítulos contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, ante el mismo tribunal, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos.

El nombre del exmagistrado comenzó a aparecer en las indagatorias derivadas del denominado caso Audios a partir de los antecedentes extraídos del teléfono celular del abogado Luis Hermosilla.

Las conversaciones entre ambos dieron cuenta de contactos y gestiones relacionadas con eventuales nombramientos en el Poder Judicial, además de intercambios de información sobre asuntos judiciales que posteriormente quedaron bajo revisión del Ministerio Público.

La acción judicial, encabezada por la fiscal Claudia Perivancich, implica que el tribunal de alzada revise los antecedentes y determine si corresponde autorizar el avance de la persecución penal contra Ulloa por hechos relacionados con el ejercicio de su antiguo cargo.

Cabe señalar que la querella de capítulos es el procedimiento que debe seguirse para proceder penalmente contra determinados funcionarios, entre ellos los jueces, por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Los contactos con Hermosilla y las gestiones por nombramientos

Uno de los primeros antecedentes públicos sobre el vínculo entre ambos se conoció en marzo de 2024, cuando CIPER publicó conversaciones del teléfono de Hermosilla que daban cuenta de su intervención en procesos de designación de ministros. Entre esos registros figuraban mensajes relacionados con la llegada de Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago.

El propio magistrado reconoció entonces que había mantenido conversaciones con el penalista durante sus postulaciones.

Las gestiones se remontaban a 2019, cuando intentó acceder al tribunal de alzada capitalino sin conseguir el nombramiento, y continuaron en 2021, año en que finalmente fue designado.

El 12 de abril de ese último año, Ulloa recibió la notificación de su nombramiento. De acuerdo con los mensajes publicados posteriormente, tras conocer la decisión le agradeció a Hermosilla el apoyo que le había entregado para alcanzar el cargo.

En noviembre de 2024, la relación entre ambos dio origen a una nueva arista investigativa. La Fiscalía de O’Higgins solicitó acceder a las conversaciones que el abogado mantenía con Ulloa y otros integrantes del Poder Judicial, en una indagatoria que buscaba esclarecer eventuales delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y soborno.

La revisión de los mensajes derivó, durante marzo de 2025, en diligencias destinadas a investigar posibles intervenciones en nombramientos judiciales. Según una investigación de CIPER, los intercambios entre Hermosilla y Ulloa contenían gestiones relacionadas con al menos 14 designaciones, entre ellas la del propio exministro.

El 24 de marzo de ese año, la Fiscalía y la PDI allanaron la oficina de Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de las pesquisas por eventuales irregularidades en nombramientos. La diligencia se extendió a otras dependencias vinculadas con la investigación y permitió incautar antecedentes para el análisis de los investigadores.

Las filtraciones y las causas en que no se habría inhabilitado

En mayo de 2025, nuevos antecedentes dieron cuenta de conversaciones en las que Ulloa habría compartido con Hermosilla información judicial que todavía no era pública. Entre los registros figuraban antecedentes sobre la causa por el desafuero del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, además de decisiones administrativas y disciplinarias relacionadas con otros integrantes del Poder Judicial.

La publicación también expuso intercambios sobre actas de votaciones y procesos de selección para cargos judiciales. Parte de esos antecedentes quedóbajo revisión en los procedimientos disciplinarios y en la investigación penal.

Otro punto cuestionado fue la participación de Ulloa en causas en las que intervenían abogados con los que mantenía vínculos. La eventual falta de abstención en esos procesos constituiría uno de los antecedentes que se relacionan con la imputación de prevaricación, materia que deberá ser examinada en el procedimiento judicial.

En noviembre de 2025, el Senado acogió la acusación constitucional presentada contra el entonces ministro por notable abandono de deberes. La decisión implicó su destitución y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años. Entre los capítulos aprobados figuraban cuestionamientos por el deber de reserva, la abstención e imparcialidad en decisiones judiciales y la intervención en nombramientos.

La querella del CDE y los pagos investigados

El 16 de septiembre de 2026, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra Ulloa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial.

La acción también incluyó a los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, además del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

En esa presentación, el organismo describió presuntas gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa y cuestionó que, una vez instalado en la Corte de Santiago, hubiera intervenido en causas relacionadas con abogados con quienes mantenía vínculos, sin declarar eventuales inhabilidades.

El CDE también incorporó antecedentes sobre transferencias de dinero que habría realizado Yáber al exmagistrado.

Según la querella, los pagos alcanzarían aproximadamente $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025, período en que Ulloa participó en una votación relacionada con la provisión del cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.