Ministro Ernesto Álvarez afirma que violaciones a niñas indígenas “tienen origen cultural”, como “pasarse la luz roja”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, afirmó este martes que las violaciones sexuales contra menores en la provincia amazónica de Condorcanqui, especialmente las perpetradas por docentes, tienen un “origen cultural” y comparó este fenómeno con la conducta de personas que consideran que pueden “pasarse una luz roja” durante la madrugada.

La declaración se produjo durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja, donde la diputada Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) consultó sobre las medidas que adoptará el Estado para atender la situación de niñas, niños y adolescentes ante los numerosos casos denunciados de violencia contra menores indígenas registrados durante más de una década.

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“Hay más de veinte comunidades en esa provincia y cada una tiene un Apu. El problema es que hay responsabilidad social, porque la convivencia íntima con menores no es vista como un delito, ni siquiera como una falta social. Hay un hecho cultural que hay que corregir desde la raíz”, replicó Álvarez al referirse a una reciente reunión para abordar el problema, en la que participaron ministros, la presidenta Keiko Fujimori y la titular del Poder Judicial, Janet Tello.

“Hay mucho que hacer con cultura, hay mucho que hacer con el Ministerio de la Mujer, porque estas poblaciones vulnerables no solamente necesitan leer un Código Penal. (...) El problema es que socialmente tiene que verse como una perversión el hecho de tener acceso carnal con menores de edad. Entonces, tenemos que partir de allí”, agregó.

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El ministro sostuvo que el Estado debe respetar la cosmovisión de las comunidades indígenas, pero intervenir ante conductas que constituyen delitos. “Apreciamos su valor cultural, apreciamos su visión, su cosmovisión, pero sí hay hechos que hay que corregir”, dijo.

La presidenta de la comisión, Catherine Palomino (Juntos por el Perú), cuestionó entonces el uso de la expresión “hechos culturales” para referirse a las agresiones sexuales y subrayó que este delito “no se puede defender de ninguna manera”.

Ante la observación, Álvarez reconoció que se había expresado mal, aunque mantuvo su referencia a un componente cultural en el origen de estas conductas. “Me he expresado mal, seguramente. Y no, no son hechos culturales, sino que tienen un origen cultural, pero es un delito abominable”, respondió.

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A continuación, el ministro utilizó el ejemplo de las infracciones de tránsito para explicar su argumento. “Lo que pasa es que estas comunidades, al igual que nosotros en la costa, muchas veces entendemos de que a partir de las doce de la noche podemos pasarnos la luz roja y hay muchos amigos que piensan eso y es un delito si provocamos una muerte”, sostuvo.

Insistió, de igual modo, en que los responsables deben ser considerados delincuentes independientemente de su origen. “Son delincuentes, tengan uniforme o no tengan uniforme, sean (...) de pueblo indígena o sean colonos, sean ilegales, madereros, lo que sea, es un delito y tiene que ser tratado así con dureza por parte del Estado y con prevención”, afirmó.

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En 2024, el entonces ministro de Educación, Morgan Quero, generó una ola de repudio por afirmar que los abusos sexuales cometidos en estas comunidades eran “prácticas culturales”, declaraciones que fueron respaldadas entonces por la extitular de la Mujer, Ángela Hernández.

La Asamblea Verde, integrada por organizaciones feministas, ambientales y del colectivo LGTBI, exigió la renuncia de ambos, mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también calificó de “deplorable” el respaldo a esas declaraciones.

Semanas atrás, en tanto, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó al país para evaluar la situación de violencia sexual contra niñas indígenas en Condorcanqui.