Presupuesto 2027: la prioridad que seguimos postergando

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El 30 de septiembre el Ejecutivo presentará el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, y la inercia presupuestaria volverá a primar sobre la urgencia en Educación. La prioridad debiese estar en los aprendizajes. Los resultados PISA 2025 confirmaron el peor desempeño histórico en Matemática y la mayor caída en Lectura. Menos de la mitad de los estudiantes alcanza el nivel básico en Matemática y apenas 1 de cada 40 llega a la excelencia. El Simce ya mostraba señales en la misma dirección: uno de cada tres estudiantes de II medio tuvo un nivel insuficiente en Matemática y Lectura a la vez.

La evidencia indica que las brechas de aprendizaje requieren atención desde los niveles iniciales. En el sistema escolar, las proyecciones del Censo 2024 anticipan que la población de niños de 6 años caerá 19% entre 2026 y 2030, y que el sistema perderá 267 mil niños en solo cuatro años. Esa disminución significará menos recursos para los colegios si no se enfrenta con un plan robusto, impactando directamente en la calidad, debido a que lo único que se puede recortar en el corto plazo es el gasto destinado a los aprendizajes. La provisión mixta también podría verse afectada: al no recibir los mismos aportes basales que los SLEP, los colegios particulares subvencionados podrían enfrentar mayores dificultades, con posibles efectos en la libertad de las familias para elegir.

En educación parvularia el listado de necesidades es extenso. Existe una fragmentación del sistema: cada sostenedor enfrenta reglas de financiamiento y funcionamiento distintas, aun cuando atienden a niños de características similares. Los jardines VTF, una alternativa a la administración estatal directa, reciben en promedio $250.647 por párvulo, frente a $429.942 en los establecimientos de administración directa de Junji. Esto plantea la necesidad de avanzar hacia reglas de financiamiento más homogéneas, con incentivos que refuercen la asistencia y la cobertura, además de medidas que permitan enfrentar la caída de la natalidad. A esto se suma la falta de medición de la calidad de las experiencias educativas en los jardines. Sin esa información, no es posible saber qué modelos funcionan mejor ni orientar los recursos en consecuencia. Avanzar e invertir en ello es imperante.

¿Pero qué haremos realmente? El presupuesto de Educación no es tan moldeable dado que cerca del 80% del gasto está comprometido por leyes permanentes. Y ahí se sigue invirtiendo mal: en 2026, mientras los aportes para educación parvularia cayeron 3,2%, la gratuidad universitaria concentró cerca de la mitad del aumento total del presupuesto de educación. Y ese gasto seguirá creciendo. La gratuidad cuadruplicó su gasto real en ocho años —de $576 mil millones en 2016 a $2,225 billones en 2025— y generó un déficit de $1,872 billones que soportan las instituciones. Destinar tantos recursos a esta política es difícil de justificar: la gratuidad universal no constituye la regla entre los países de la OCDE, donde solo 4 de 38 la mantienen. En este escenario, resulta necesario ordenar mejor los recursos existentes: revisar los mecanismos de expansión automática, implementar restitución para quienes desertan sin justificación y evaluar cómo se fijan los aranceles regulados, entre otras medidas.

En línea con lo anterior, a días de que comience la discusión del Presupuesto 2027, distintos actores plantean sus demandas. En este contexto, conviene recordar cómo se han distribuido históricamente los fondos de educación superior. Las universidades del Cruch han contado por décadas con mecanismos de financiamiento fiscal específicos que ninguna institución privada percibe: el Aporte Fiscal Directo es exclusivo para ellas desde 1981; la Beca Bicentenario lo fue hasta 2016; y sus Fondos Solidarios de Crédito Universitario acumulan activos que, desde 2020, también pueden destinarse a gasto operacional corriente. Estos antecedentes agregan contexto a la discusión y refuerzan la necesidad de no perder de vista las prioridades más urgentes del sistema.

Existe coincidencia transversal en el diagnóstico. Lo que ha faltado, presupuesto tras presupuesto, es la voluntad política para actuar en consecuencia. El costo de seguir postergándolo no recae en quienes deciden el presupuesto, sino en los niños que hoy están en parvularia y en educación básica, que no tendrán una segunda oportunidad para aprender a tiempo.

Por Francisca Espinoza, directora de Estudios, Acción Educar

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