Laura Sarabia no aceptó los tres cargos que le imputó la Fiscalía por el caso del polígrafo a Marelbys Meza

La excanciller Laura Sarabia no aceptó los tres delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia celebrada el lunes 14 de septiembre de 2026. El organismo de control investiga la presunta utilización irregular de recursos públicos y el supuesto uso indebido del poder institucional en el caso de su exniñera Marelbys Meza.

Durante la vista pública adelantada ante un juez de control de garantías, el ente acusador formuló cargos contra la exfuncionaria de Gustavo Petro por las conductas de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso.

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Al finalizar la lectura del expediente de imputación y tras recibir la explicación formal de las opciones procesales por parte del estrado, Laura Sarabia ratificó de forma clara su determinación de no allanarse a la acusación planteada por el organismo investigador.

“Muchísimas gracias, su señoría. Sí entendí perfectamente los hechos y lo narrado en esta audiencia. Ya tengo una decisión previamente consultada con mi defensa”, dijo Sarabia en el inicio de su respuesta a la funcionaria judicial.

Seguidamente, la jueza de garantías procedió a tomar la declaración formal frente a la imputación formulada por el representante del Ministerio Público en la audiencia virtual: “El despacho le pregunta: ¿Acepta o no acepta los cargos que la Fiscalía General de la Nación le ha imputado por las tres conductas penales con las circunstancias de mayor y menor punibilidad para el delito de abuso de función pública y constreñimiento ilegal a título de autora y en la modalidad dolosa y para el último tipo penal, peculado por uso contenido en el artículo 398 a título de determinadora, conforme al artículo 30 del Código Penal y en la modalidad dolosa?”.

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Ante el requerimiento directo de la autoridad judicial, Laura Sarabia contestó de manera tajante: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”. Lo que deja cerrada la puerta a un acuerdo con el ente judicial.

El caso judicial que en la actualidad enfrenta Laura Sarabia, que para ese momento se desempeñaba como jefa de gabinete de la Presidencia, ante la justicia tiene su origen a finales de enero de 2023, cuando denunció el hurto de una maleta con dinero en efectivo desde su residencia privada en Bogotá. La cuantía del robo generó diversas versiones que fluctuaron entre los 4.000 y más de 20.000 dólares.

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Este suceso desencadenó una cadena de actuaciones presuntamente irregulares por parte de organismos de seguridad del Estado en contra de Marelbys Meza, que trabajaba como niñera en la vivienda de la exfuncionaria tras haber laborado previamente con la familia de Armando Benedetti, exministro del Interior.

El 29 de enero de 2023, la empleada doméstica fue trasladada a las instalaciones del Edificio Galán, una sede oficial vinculada a la Casa de Nariño, en los sótanos. De acuerdo con las indagaciones del ente acusador, en ese lugar la trabajadora fue despojada de su teléfono celular, retenida durante varias horas e interrogada sin la asistencia de un abogado defensor.

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Durante la diligencia se le practicó una prueba de polígrafo con equipos y personal oficial destinados a la seguridad nacional, bajo presiones y amagos de judicialización. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional confeccionaron informes falsos para incluir su línea telefónica en un expediente contra el Clan del Golfo bajo el alias de “La Madrina”, lo que facilitó la interceptación ilegal de sus llamadas durante semanas.

La gravedad de las actuaciones llevó a la Fiscalía a vincular a múltiples oficiales e integrantes del círculo cercano de la exfuncionaria:

• Andrés Parra (exesposo de Laura Sarabia): Habría participado en los reportes iniciales del hurto y en las verificaciones del dinero.
• Coronel Carlos Feria (jefe de Protección Presidencial): Imputado por ordenar el traslado de la niñera y autorizar el uso de recursos institucionales para un asunto particular.
• Capitán Elkin Gómez y mayor Duperly Arciniegas: Oficiales que intervinieron en la ejecución directa del procedimiento de polígrafo dentro del Edificio Galán.
• Coronel Óscar Dávila (fallecido): Coordinador de Protección de la Presidencia que se quitó la vida en junio de 2023 en medio del despliegue mediático e investigativo del caso.

A pesar de los cuestionamientos legales que provocó este episodio desde su inicio, Laura Sarabia se mantuvo como uno de los perfiles de mayor confianza política y poder de decisión durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Su paso por la administración pública estuvo marcado por un recorrido ascendente a través de cinco de los cargos más relevantes de la estructura estatal.

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Sarabia inició el cuatrienio como jefa de gabinete de la Presidencia de la República, rol desde el cual coordinó la agenda del jefe de Estado, la gestión interinstitucional con los ministerios y los accesos al despacho presidencial.

Tras su retiro temporal a mediados de 2023 debido al escándalo de Meza, retornó en septiembre de ese mismo año para asumir la Dirección del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de la ejecución del gasto social y los programas de subsidios.

Meses después, en febrero de 2024, fue nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), retomando el control operativo de la Casa de Nariño y la coordinación general del equipo de gobierno.

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En esa misma etapa asumió en diversas ocasiones funciones como canciller encargada de la República, liderando compromisos internacionales de la agenda exterior, pero sobre todo, el proceso de los pasaportes. Finalmente, cerró su trayectoria en el Ejecutivo tras ser designada como Embajadora de Colombia ante el Reino Unido, posición diplomática que ocupó antes de ser llamada a responder formalmente ante los estrados judiciales.