Polémica en Boyacá: hermana de Sandra Ortiz, exfuncionaria salpicada en el caso de la Ungrd, llegó a la gerencia de la Nueva Licorera
El manejo de la Nueva Licorera de Boyacá, una de las entidades públicas con mayor rentabilidad y peso presupuestal de ese departamento, desató un fuerte remezón político tras confirmarse la designación de María Elena Ortiz Nova como su nueva gerente general.
La posesión fue formalizada por el gobernador Carlos Amaya y provocó inmediatos cuestionamientos entre la dirigencia local debido a que la recién nombrada es hermana de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro procesada penalmente por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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El anuncio oficial se conoció el martes 3 de noviembre de 2026 sobre las 4:00 p. m., momento en que el mandatario seccional publicó las imágenes de la toma de juramento a varios funcionarios clave para la segunda etapa de su administración.
“Hoy, grandes profesionales asumen nuevas responsabilidades en el equipo de la #BoyacáGrande (sic)”, comunicó Amaya en su cuenta oficial de la red social X al anunciar las modificaciones directivas.
El gobernador presentó de manera pública a los posesionados: “Le damos la bienvenida a:
✅María Elena Ortiz Nova, gerente de la @LicoreraBoyaca.
✅Sara Gabriela Boada Alameda, secretaria privada.
✅Ángela Patricia Velandia Novoa, gerente de @RegionesBoyaca, quien iniciará sus funciones a partir del viernes.
✅William Orlando Vargas Contreras, asesor del despacho del gobernador. Les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. ¡A seguir trabajando duro por esta tierra! (sic)”.
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La llegada de Ortiz a la factoría departamental despertó suspicacias por el músculo comercial que representa la empresa dentro de las finanzas territoriales. La licorera comercializa más de un millón de botellas cada año y genera miles de millones de pesos en utilidades e impuestos destinados a la salud y la educación del departamento.
Ante las críticas que surgieron en Boyacá, el gobernador Carlos Amaya defendió el nombramiento en declaraciones entregadas al diario El Tiempo y negó cualquier tipo de pacto con la familia Ortiz.
“Yo conocí a María Elena Ortiz mucho tiempo antes de que conociera a Sandra porque fue mi secretaria cuando fungí como representante a la Cámara por Boyacá, en 2013”, sostuvo el mandatario departamental para el medio en mención.
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Amaya recordó que sus antecedentes en las urnas frente a la exconsejera de la Casa de Nariño estuvieron marcados por enfrentamientos políticos en varias campañas electorales. “Sandra Ortiz siempre ha hecho una oposición férrea a mi proyecto político”, puntualizó Amaya en el medio de comunicación.
El gobernador explicó los momentos de distanciamiento con la exfuncionaria: “Empezó en 2015 cuando aspiré a la gobernación. Y después, cuando fuimos candidatos a la Cámara, yo en el verde y ella en ese entonces en el partido de ‘la U’. Nunca hemos hecho ningún tipo de acuerdo político”.
El mandatario enfatizó que la Constitución no castiga a los ciudadanos por los líos legales de sus familiares y recalcó que no existen los delitos de sangre en el marco jurídico colombiano.
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Y Amaya reiteró que la nueva gerente reúne las credenciales profesionales para dirigir la empresa pública y recordó que la situación penal de Sandra Ortiz todavía no cuenta con una decisión judicial en firme.
María Elena Ortiz Nova es oriunda de Paz de Río (Boyacá) y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y política en ese departamento. Su recorrido incluye cargos de dirección, asesoría y gestión en distintas entidades públicas.
Su experiencia en la administración departamental se remonta, al menos, a 2016, cuando fue identificada por la Gobernación de Boyacá como secretaria de Minas y Energía. En ese momento, la entidad también la presentó como exalcaldesa de Paz de Río y exdirectora financiera y fiscal del departamento.
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En enero de 2024 fue nombrada gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (Ideboy). Posteriormente, mediante el Decreto 1213 del 30 de diciembre de 2024, fue designada nuevamente secretaria de Minas y Energía del departamento, y otra vez por Carlos Amaya.
Su permanencia en ese cargo quedó registrada en actos administrativos de 2025. Sin embargo, mediante el Decreto 0102 del 3 de febrero de 2026, la Gobernación aceptó su renuncia, efectiva a partir del 6 de febrero de ese año.
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