El descargo del dueño de la concesionaria de Pilar acusado de estafar a sus clientes

Sostuvo que su voluntad, su objetivo principal, es resolver el problema de los damnificados, para que cada uno pueda recuperar lo que le corresponde. Habló de un “descalce” financiero de 6.000.000 de dólares, que fue el origen de sus inconvenientes para cumplir con sus clientes, pero afirmó que, igualmente, no dejó de apostar por el proyecto empresarial: la compra y venta de vehículos premium en su concesionaria de Pilar.

Así, el empresario Carlos Alberto González, uno de los propietarios de la agencia Autos Pilar Premium, se defendió de la acusación de estafa y asociación ilícita cuando fue indagado ayer por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la investigación.

Según el expediente judicial, entre los damnificados de González y su pareja, Cynthia Chamoles, se encuentran el diputado nacional Manuel Quintar y Joaquín Pichot, uno de los hermanos del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot. Hay además, por lo menos, otras 35 víctimas que habían señado autos y camionetas que nunca les fueron entregados o que habían dejado en Autos Pilar Premium sus vehículos en consignación y nunca recibieron el dinero acordado a pesar de que fueron comercializados.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso al expediente, el relato de González comenzó con un racconto de su historia en el negocio de la venta y compra de autos. Dijo que empezó en el Shopping Champagnat hace diez años.

Cuando la “marca” creció se mudaron a un edificio situado sobre la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en la localidad de Manuel Alberti. Fue el comienzo de una relación con clientes ABC1 y la comercialización de vehículos de alta gama, explicó el imputado.

Y sostuvo que como gerente general de la firma decidió sumar a algunos clientes como inversores. El modelo de negocio creció y, sobre todo, las ventas. Autos Pilar Premium llegó a vender 100 vehículos por mes.

El negocio, según González, funcionaba. Hasta que hubo un momento de quiebre de ingresos, según su definición. Para el sospechoso la debacle comenzó a partir de un expediente judicial donde fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia.

Se trata de una causa que, como informó LA NACION, comenzó el 3 de junio de 2025 a instancias de una denuncia presentada por el apoderado de Autopistas del Sol, quien afirmó que varias concesionarias utilizaban “el parquizado lindante a la autopista Panamericana como si fuera de su propiedad y que allí estacionaban vehículos a fin de exhibirlos para su venta”. Se refirió puntualmente a las firmas MV Automotores, Autos Pilar Premium, Blue Cars y FDG Motors.

“Se han apropiado del espacio público y lo utilizan de playa de exhibición de vehículos de manera ininterrumpida. Es decir, no es que los estacionan durante el día y los remueven, sino que se han apropiado del lugar como si fuese una extensión de su negocio de ventas de automotores”, dijo el denunciante, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

Tras la denuncia, la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, remitió el requerimiento de instrucción e instó a la acción, por lo que se dispusieron diversas medidas de investigación, según informaron fuentes judiciales.

Ante la comprobación de los hechos denunciados y previa intimación, el juez federal González Charvay “dispuso librar la orden de lanzamiento”, es decir, el retiro de los vehículos del parquizado.

La medida fue llevada a cabo el 7 de junio de 2025 por personal de la Prefectura Naval. “Los responsables de cada uno de los concesionarios cumplieron con la intimación efectuada y retiraron los vehículos por propia voluntad, siendo fehacientemente notificados de que no deberían volver a ocupar el parquizado perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad”, según el expediente judicial.

Cuatro días después, el magistrado ordenó tareas investigativas para que la Prefectura Naval determinara si los concesionarios cumplían con la medida ordenada.

“Tanto FGD Motors como Blue Cars no tenían vehículos estacionados sobre el parquizado, pero respecto a Autos Pilar Premium, la Prefectura Naval adjuntó diversas fotografías en donde se apreciaba que el concesionario había vuelto a ocupar el predio lindante a la Ruta Nacional N°8″, se explicó en la resolución donde fue procesado el empresario.

Un día después, el juez González Charvay dispuso el secuestro de nueve vehículos: un Audi Q5, un Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux, una Ford Ranger y una Kia Carnival.

Al procesar al empresario, el magistrado sostuvo: “La desobediencia imputada se constató como consecuencia de las tareas investigativas desplegadas en torno a la verificación del cumplimiento de la medida dispuesta respecto del primer delito denunciado [la ocupación del predio]. De las actas labradas por el personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval surge que, más allá de la intimación cursada a los responsables de los concesionarios, ha quedado acreditado en autos que el responsable de Autos Pilar Premium deliberadamente desobedeció la orden emanada por esta Judicatura al volver a ubicar los vehículos en exhibición en la zona de parquizado”.

Entonces, según lo que dijo el empresario ayer en su indagatoria, la causa judicial lo perjudicó comercialmente. Pasó de vender 100 autos por mes a 50 cada 30 días. En diciembre pasado, el negocio comenzó a declinar, según la versión del empresario.

Además, dijo González, hubo una “corrida” de inversores por 3.000.000 de dólares. Sus costos, afirmó, eran de US$300.000 mensuales.

Lo que definió como “descalce” financiero llegó a los 6.000.000 de dólares y fue el comienzo de los incumplimientos con los clientes. Dijo que tuvo que convocar a la “mesa chica” de inversores para que aporten capital y arreglar la situación.

Pero, según explicó el imputado, el avance judicial por las denuncias de estafa complicó la situación y la repercusión mediática por un allanamiento en la concesionaria hizo explotar todo. Tras la publicación de los detalles de la investigación judicial, el dueño del local le rescindió el contrato.

“Esa es la historia”, dijo. Sostuvo que pidió tiempo a los damnificados porque tenía créditos por cobrar y pagar sus deudas.

“Me aniquiló. Perdí respeto y confianza”, sostuvo sobre las medidas cautelares dispuestas sobre la empresa.

También afirmó que con el hermano de Pichot tenía arreglado un acuerdo, que sólo faltaba sellar los honorarios del abogado.

Según el expediente judicial, González y Chamoles, en su carácter de titulares y responsables de la concesionaria Autos Pilar Premium, se contactaron con Joaquín Pichot y “con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, le ofrecieron gestionar la venta en consignación de camioneta Ford Ranger Raptor 3. Comprometiéndose a entregarle el producido de la venta. Que, en virtud del ardid desplegado -mediante el cual los sindicados guardaban la apariencia de una agencia de renombre en el rubro, con larga trayectoria en la venta de autos de alta gama-la víctima hizo entrega de la camioneta mencionada para su venta, sin suscribir en ningún momento el formulario 08, manteniéndose el dominio del rodado en todo momento encabeza del damnificado. No obstante ello, los imputados dispusieron del vehículo y desviaron su producido en su propio provecho, sin restituirlo ni rendir cuentas a la víctima”.

Quintar es el diputado libertario por Jujuy que a mediados de mayo pasado fue noticia cuando estacionó un Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación.

En abril pasado, Quintar denunció que en agosto de 2025 había comenzado a negociar con los responsables de Autos Pilar Premium la compra de un Tesla Cybertruckpor285.000 dólares. En su presentación, sostuvo que pagó la totalidad del precio acordado, una parte en transferencias bancarias y otra en efectivo, pero que nunca le entregaron el vehículo.

González y Chamoles están tras las rejas. Fueron detenidos el martes pasado por detectives de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por orden del juez de Garantías del Departamento Judicial de San Isidro Fernando Ribeiro Cardadeiro tras un pedido del fiscal Quintana.