Del “veto” a la “aceptación”: ¿cómo gobernará Trump con el Congreso en manos de los demócratas?

Donald Trump ya ha empezado a dibujar cómo será su relación con el Congreso después del vuelco electoral. Y sus primeras declaraciones dejan entrever una estrategia que combina dos posiciones aparentemente contradictorias: utilizar el poder presidencial para bloquear las iniciativas demócratas y, al mismo tiempo, mostrarse dispuesto a alcanzar acuerdos cuando resulte conveniente para su Gobierno.

Antes incluso de conocerse los resultados definitivos, el presidente había anticipado cuál sería su respuesta si los republicanos perdían el control del Capitolio. Y es que en una entrevista para el podcast “Pod Force One”, del New York Post, llegó a reconocer que podría convertirse en el “señor veto”, recurriendo a esta facultad durante “uno o dos meses” antes de sentarse a negociar con sus adversarios.

🇺🇸 #EEUU | Trump advierte que recurrirá al veto si los demócratas recuperan el control del Congreso.

El presidente aseguró que utilizaría su poder de veto ante iniciativas impulsadas por una Cámara de Representantes bajo control demócrata. En el mensaje, también acusó a sus…

— Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 1, 2026

Pero la amenaza no se quedó en una declaración de intenciones. Tras confirmarse el avance demócrata este miércoles 4 de noviembre, Trump apareció en una publicación en redes sociales luciendo una gorra roja con una única palabra: “VETO”. El mensaje era inequívoco: la Casa Blanca no piensa facilitar el avance de una agenda legislativa impulsada por sus oponentes.

Además, en declaraciones a Fox News, el mandatario insistió en esa línea y anticipó que los demócratas presentarían propuestas que considera “una locura”, por lo que las bloquearía mediante su autoridad presidencial. “Enviarán cosas que son una locura, y yo las vetaré”, sentenció. Incluso, planteó que, después de varios meses de enfrentamiento, los legisladores de la oposición terminarían acercándose a la Casa Blanca para buscar una salida negociada.

Sin embargo, el tono del presidente ha cambiado tras asimilar la magnitud de la derrota republicana. También este miércoles, en una entrevista telefónica con Politico, el líder de la Casa Blanca aseguró que no quiere pasar los próximos dos años dedicado exclusivamente a vetar iniciativas legislativas.

“Voy a trabajar con los demócratas para asegurar que todo salga bien para nuestro país; es algo muy importante. Ya han llamado y quiero que colaboremos. No pretendo vetarlo todo”, manifestó.

Trump:

I have a right to veto everything, but I don't want to just sit there and veto everything for two years.

We're going to work with the Democrats. They've already called. pic.twitter.com/tRot76WG9h

— Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

La diferencia entre ambos discursos resulta significativa. Trump mantiene el veto como principal instrumento de presión, pero parece asumir que una estrategia basada exclusivamente en la confrontación podría terminar perjudicando también sus propios intereses políticos.

El veto presidencial es una de las herramientas más poderosas de las que dispone Donald Trump para enfrentarse a un Congreso controlado por los demócratas, pero no le permite gobernar por decreto ni bloquear indefinidamente cualquier decisión del Poder Legislativo. Su alcance está delimitado por la Constitución estadounidense y por el sistema de separación de poderes.

Los límites del veto presidencial

La insistencia de Trump en utilizar el veto como principal mecanismo de defensa frente al nuevo Congreso demócrata plantea una cuestión fundamental: ¿hasta dónde llega realmente esa facultad y qué capacidad tienen los legisladores para contrarrestarla?

La Constitución de Estados Unidos, en su artículo I, sección 7, establece que el presidente puede rechazar cualquier proyecto de ley aprobado por el Congreso antes de que entre en vigor. Cuando ejerce ese derecho, devuelve el texto a la Cámara en la que se originó, acompañado de las razones de su oposición. Es lo que se conoce como veto presidencial ordinario.

Sin embargo, el veto no equivale a un poder de bloqueo definitivo. El Congreso puede dejarlo sin efecto si consigue reunir una mayoría de dos tercios de los votos en los dos cuerpos que componen el Legislativo: tanto en la Cámara de Representantes –donde dos tercios significa 290 representantes– como en el Senado, que deberá reunir 67 votos a favor para ese escenario. Si alcanza ese respaldo, la ley entra en vigor pese a la oposición del presidente. Aún está por verse si la bancada azul logrará sumar respaldos más allá de las mayorías ya obtenidas para desmantelar cualquier estrategia de bloqueo del mandatario.

President Trump is already putting Democrats on notice with a bright red hat bearing just one word: “VETO.”

As Democrats look to take control of Congress, Trump is signaling he plans to use one of the strongest powers of his office to block legislation he opposes.

“They’ll send… pic.twitter.com/QLl4IMGA8J

— Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Ese umbral constituye una barrera considerable, especialmente en un escenario de polarización política como el actual, pero también demuestra que la última palabra no siempre corresponde a la Casa Blanca. Aunque los demócratas controlen ambas cámaras, necesitarían el apoyo de una parte de los republicanos para superar un veto presidencial. Por tanto, no basta con disponer de mayoría parlamentaria para imponer una ley a la que Trump se oponga.

Existe, además, otra limitación importante: el presidente no puede utilizar el veto para impedir que el Congreso ejerza sus competencias constitucionales. Los legisladores conservan la capacidad de aprobar leyes, controlar el gasto público, supervisar a la Administración, investigar sus actuaciones y bloquear determinados nombramientos presidenciales, especialmente a través del Senado.

Trump tampoco puede utilizar el veto para derogar leyes que ya están en vigor, modificar unilateralmente el presupuesto aprobado o evitar que los tribunales revisen la legalidad de sus decisiones ejecutivas. Su facultad se aplica a proyectos legislativos que llegan a su oficina, no a cualquier decisión política que adopte el Congreso.

La Constitución contempla, además, una modalidad conocida como “veto de bolsillo” (pocket veto). Se produce cuando el presidente no firma un proyecto de ley ni lo devuelve al Congreso porque este ha suspendido sus sesiones de manera que impide su devolución. En ese supuesto, el proyecto no entra en vigor. A diferencia del veto ordinario, no puede ser anulado mediante una votación de dos tercios.

Por otra parte, el presidente dispone de 10 días -sin contar los domingos- para firmar o devolver un proyecto de ley. Si no hace ninguna de las dos cosas y el Congreso permanece en sesión, el texto se convierte automáticamente en ley. Es decir, Trump tampoco puede bloquear una iniciativa simplemente dejando pasar el tiempo.

En este contexto, el veto puede convertirse en un instrumento de presión política y negociación, pero no en una fórmula para gobernar al margen del Congreso. La amenaza de utilizarlo podría obligar a los demócratas a buscar apoyos republicanos o a moderar determinadas propuestas, mientras que Trump tendría que asumir que sus propios proyectos legislativos también pueden quedar paralizados.

El verdadero límite de su estrategia es que el veto sirve para impedir que una ley entre en vigor, pero no para sustituir al Congreso en la elaboración de las leyes. Trump puede bloquear la agenda de sus adversarios, pero no puede obligarlos a aprobar la suya. Y esa diferencia será determinante durante los próximos dos años.

Sin cambios en el gabinete

Una de las primeras incógnitas tras la derrota republicana era si Trump introduciría cambios en su equipo de Gobierno para responder al nuevo escenario político. Por el momento, la respuesta del presidente ha sido negativa. Preguntado por Fox News sobre la posibilidad de reorganizar su gabinete después del “tsunami” demócrata, respondió: “No, no lo creo”.

La decisión apunta a que, al menos inicialmente, Trump no considera necesario asumir responsabilidades políticas dentro de su propio equipo ni modificar la estructura de la Administración como consecuencia del resultado electoral.

Más llamativo ha sido, sin embargo, el tono empleado al referirse a sus adversarios. El presidente sorprendió al reconocer el trabajo realizado por los demócratas durante la campaña: “Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. Lucharon con fuerza”.

También aseguró que espera trabajar con ellos y que considera posible alcanzar acuerdos en determinados asuntos. “Espero con interés trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”, declaró a The New York Times.

El mandatario incluso reveló que varios representantes demócratas se habían puesto en contacto con él después de las elecciones, aunque evitó identificar a sus interlocutores.

Entre las materias en las que considera posible encontrar puntos de entendimiento mencionó el techo de deuda y la inmigración. Esta última cuestión resulta especialmente relevante, dado que constituye uno de los pilares de su proyecto político.

“Podemos trabajar con ellos en inmigración. Creo que la inmigración es un tema de gran importancia. Siempre he considerado que deberíamos ser capaces de trabajar en este ámbito”, señaló en su conversación con Fox News.

La disposición a negociar no significa, por tanto, que Trump esté dispuesto a renunciar a sus principales prioridades. Más bien parece responder a un intento de identificar aquellos asuntos en los que puede obtener resultados concretos sin renunciar a su discurso político.

El plan de la Casa Blanca

La amenaza del veto no es la única herramienta que Trump contempla para afrontar un Congreso controlado por sus adversarios. De hecho, la Casa Blanca lleva meses preparando un escenario en el que el presidente pueda mantener buena parte de su agenda política sin depender de nuevas mayorías legislativas.

Según una investigación de Reuters, los preparativos comenzaron en abril y están dirigidos, entre otros, por Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los principales responsables de la política migratoria, y Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

Ambos trabajan junto a la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca para identificar hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo sin necesidad de recurrir al Congreso.

La estrategia contempla ampliar el uso de órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y facultades presidenciales para avanzar en materias como inmigración, comercio, vivienda y gasto público.

En el ámbito comercial, la Administración estudia nuevas medidas arancelarias sobre las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas. En inmigración, analiza posibles restricciones adicionales a los visados de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.

También se estudian mecanismos para orientar el gasto federal utilizando fondos previamente autorizados por el Congreso y modificar las normas de concesión de subvenciones públicas, de manera que los responsables políticos de la Administración dispongan de mayor capacidad de decisión.

El objetivo es reducir la dependencia de las negociaciones legislativas y evitar que la oposición pueda paralizar por completo las prioridades presidenciales.

No obstante, esta estrategia tiene límites. Las facultades ejecutivas no permiten al presidente sustituir al Congreso en sus competencias constitucionales, especialmente en materia legislativa y presupuestaria. Además, las decisiones administrativas pueden ser impugnadas ante los tribunales si exceden las atribuciones legales de la Casa Blanca.

Trump ya ha recurrido ampliamente a estas herramientas desde su regreso al poder en enero de 2025. La utilización de órdenes ejecutivas para impulsar su política migratoria, modificar las condiciones comerciales y reorganizar la Administración constituye un precedente de lo que podría intensificarse durante los próximos dos años.

Entre la confrontación y el pragmatismo

El resultado de las elecciones de medio término obliga a Donald Trump a afrontar una segunda mitad de mandato mucho más complicada desde el punto de vista institucional. La pérdida del control de ambas cámaras supone un cambio sustancial en el equilibrio de poder de Washington y reduce considerablemente su margen para sacar adelante nuevas iniciativas legislativas.

Sus primeras reacciones reflejan que todavía no ha decidido qué peso tendrá la confrontación y cuánto espacio dejará a la negociación. La gorra con la palabra “VETO” simboliza su intención de plantar cara a los demócratas, mientras que sus posteriores declaraciones sobre la inmigración, el techo de deuda y la posibilidad de alcanzar acuerdos revelan que tampoco quiere quedar atrapado en un bloqueo permanente.

La aparente contradicción puede responder, en realidad, a una misma estrategia: utilizar la amenaza del veto y el poder ejecutivo como instrumentos de presión para negociar desde una posición de fuerza.

Trump parece convencido de que puede mantener buena parte de su proyecto político incluso sin el respaldo del Congreso. Pero el nuevo escenario le obligará a distinguir entre aquellas decisiones que puede adoptar unilateralmente y aquellas que necesitan necesariamente el apoyo legislativo.

También tendrá que afrontar una oposición con capacidad para investigar a su Administración, bloquear nombramientos y dificultar sus principales iniciativas.

La gran incógnita es si el presidente optará por convertir los próximos dos años en un pulso permanente con los demócratas o si terminará aceptando que, sin el control del Capitolio, necesita construir acuerdos para garantizar cierta estabilidad institucional.