A estrados judiciales la venta de baldíos y el avance de obras privadas en playas de La Boquilla, pueblo afro de Cartagena con título colectivo
Exigen intervención inmediata del Gobierno Nacional para frenar la enajenación ilegal de predios y recuperar las playas.
Cartagena de Indias, playas de la Boquilla Foto: John Montaño/ EL TIEMPO
PERIODISTAActualizado:
Mediante pronunciamiento oficial con fecha del 21 de septiembre de 2026, la Subdirección de Procesos Agrarios de la ANT dio respuesta a la solicitud ciudadana que pide la intervención del Estado ante construcciones no autorizadas y ventas irregulares de terrenos baldíos en las playas de La Boquilla, pueblo afro de Cartagena que tiene el título colectivo de su territorio.
El caso, sujeto a un pleito que cursa en segunda instancia ante el Consejo de Estado, pasa a manos de la Dirección de Asuntos Étnicos para definir las acciones jurídicas y de recuperación de bienes de la Nación.
La pugna jurídica y territorial por la preservación de los bienes de uso público y las tierras de las comunidades afrodescendientes en el corregimiento de La Boquilla, en el norte de la Ciudad Heroica, suma un nuevo y determinante capítulo institucional.
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Gracias a denuncias ciudadanas esta obra fue demolida. Foto:Dimar
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), a través de su Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica, formalizó la activación de sus competencias administrativas para revisar la ocupación ilegal, venta irrestricta a particulares y edificación no autorizada sobre playas y terrenos baldíos pertenecientes a la Nación.
La determinación quedó consignada en el Oficio No. 202632001710031, firmado por la subdirectora encargada de esa dependencia, Martha Jeanneth Méndez Zuluaga.
El pronunciamiento responde a las denuncias elevadas por el líder comunitario Benjamín Luna Gómez, quien exigió la intervención inmediata del Gobierno Nacional para frenar la enajenación ilegal de predios y recuperar el territorio colectivo adjudicado a la comunidad.
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Ventas irregulares y construcciones sobre la playa
Playa Azul de La Boquilla en el norte de Cartagena. Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
La solicitud ciudadana que encendió las alarmas en la sede central de la ANT en Bogotá pone de presente una problemática social y urbanística recurrente en el litoral cartagenero: la comercialización espuria de baldíos y la proliferación de infraestructura privada sobre bienes de dominio público.
En su requerimiento, el peticionario invocó la firmeza de la Resolución No. 0467 del 30 de marzo de 2012 —acto administrativo mediante el cual el Estado otorgó la titulación colectiva al Consejo Comunitario de Gobierno Rural de La Boquilla— y denunció la existencia de construcciones ilegales levantadas directamente sobre la franja de playa.
"Solicito ANT recuperar terrenos baldíos vendidos a particulares. Las playas son bienes de la Nación y existen construcciones ilegales. Solicito intervención para recuperar el territorio", reza el extracto del requerimiento radicado ante la autoridad agraria.
El líder social que elevó las denuncias relata, además, que sobre las playas de La Boquilla están construyendo edificios de más de cinco pisos y establecimientos comerciales como discotecas, mientras avanzan las invasiones y la venta de estos espacios públicos.
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El trasfondo judicial en el Consejo de Estado y la ruta étnica
Al evaluar los antecedentes del caso, la Subdirección de Procesos Agrarios verificó que sobre la validez y el alcance del título colectivo pesa un proceso contencioso-administrativo identificado con el radicado No. 13001233300020120006201, expediente que actualmente surte trámite de segunda instancia en el Consejo de Estado.
Pese al pleito judicial de fondo, la ANT precisó el alcance de sus funciones constitucionales.
De acuerdo con el Decreto Ley 2363 de 2015, la entidad tiene la facultad de adelantar e impulsar los procedimientos de clarificación de la propiedad, deslinde, extinción del derecho de dominio y recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
No obstante, al tratarse de un territorio ancestral tutelado bajo la figura de propiedad colectiva de comunidades negras, la Subdirección de Procesos Agrarios determinó enviar el expediente a la dependencia especializada: la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT.
Dicha remisión se ampara en el artículo 26 del Decreto Ley 2363 de 2015, que encomienda a dicha dirección el análisis de los aspectos étnico-territoriales y la articulación de las acciones para proteger los derechos del Consejo Comunitario.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Cartagena
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La anterior historia se escribió con base en documentos judiciales en manos de este medio y entrevistas a líderes comunitarios, así como visitas y reportería en terreno.
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