Embarazo infantil forzado en Colombia: 21 niñas menores de 14 años murieron por complicaciones entre 2020 y 2025

Dos de cada 1.000 niñas menores de 14 años en Colombia habrían tenido un embarazo producto de violencia sexual, según estimaciones de Fundación Plan. La cifra forma parte de un panorama que sigue generando alertas sobre la protección de la infancia, pese a que los registros de estos casos disminuyeron frente al año anterior.

Entre 2020 y 2025, el país contabilizó 25.081 embarazos infantiles forzados y 21 niñas menores de 14 años murieron por complicaciones relacionadas con la gestación, de acuerdo con los datos divulgados por la organización con motivo del Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre.

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Durante 2025 se identificaron 3.179 casos de embarazo infantil forzado. Aunque el registro bajó en 259 casos, equivalentes a una reducción del 7,5% frente a 2024, Fundación Plan advierte que la cifra sigue reflejando una vulneración de los derechos de las menores. En Colombia, las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años se consideran delitos sexuales, debido a que no tienen capacidad legal para otorgar consentimiento sexual válido. Por esa razón, un embarazo a esa edad constituye una señal de alerta sobre posibles situaciones de violencia sexual y vulneración de derechos.

“Como sociedad no podemos culpar a las niñas de las violencias que enfrentan. La protección de la niñez es responsabilidad de las personas adultas, quienes debemos reflexionar sobre nuestro rol en esta problemática”, afirmó Ángela Anzola De Toro, presidenta ejecutiva de Fundación Plan.

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Las cifras de atención judicial también muestran dificultades para responder a esta problemática. De los 3.179 casos de embarazo infantil forzado identificados durante 2025, solo el 15% llegó a un proceso judicial, según los datos presentados por la organización. Esto significa que la gran mayoría de los casos registrados no avanzó hasta esa instancia.

En ese mismo periodo, 467 casos de niñas víctimas de violencia sexual llegaron a la Fiscalía, 42 más que en 2024. El aumento fue del 9,9%, una variación que contrasta con la disminución registrada en los embarazos infantiles forzados.

Otro dato que preocupa es la repetición de los embarazos en niñas que ya fueron madres. Durante 2025, 51 menores registraron un nuevo embarazo. Aunque la reincidencia disminuyó, la organización considera que estos casos muestran la necesidad de reforzar las medidas de protección para evitar que las niñas vuelvan a quedar expuestas a situaciones de violencia.

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Las consecuencias de estos embarazos pueden extenderse a diferentes ámbitos de la vida. Además de los riesgos físicos, una gestación a temprana edad puede afectar el bienestar emocional, interrumpir la educación y limitar las oportunidades de desarrollo de las menores.

Los casos identificados durante 2025 se distribuyeron en diferentes regiones del país, aunque cinco territorios concentraron cerca del 36% del total reportado por el Observatorio. Antioquia ocupó el primer lugar, con 369 casos, seguido de Bogotá, con 221, y La Guajira, con 205. Bolívar y Valle del Cauca registraron 172 casos cada uno.

Aunque la mayoría de los departamentos reportó una disminución, otros presentaron incrementos. Amazonas tuvo un aumento del 44%, Guainía del 40%, Norte de Santander del 30% y Caldas del 27%, según los datos divulgados.

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La distribución territorial evidencia que la problemática no se limita a una sola zona y que las respuestas deben considerar las condiciones particulares de cada región. Entre los factores relacionados con el embarazo infantil forzado están las desigualdades de género, la pobreza, la deserción escolar, la violencia y las uniones tempranas.

A estos elementos se suma el conflicto armado, que puede incrementar los riesgos de violencia sexual y afectar especialmente a las niñas que se encuentran en situación de desplazamiento.

Fundación Plan también alertó sobre los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas, conocidos como MUITF. Según la organización, cinco de cada 100 niñas y adolescentes en Colombia viven en este tipo de relaciones, que pueden exponerlas a dependencia, violencia y abandono escolar, además de limitar su autonomía.

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En 2025, la Ley 2447 eliminó el matrimonio infantil en Colombia y estableció que ninguna persona menor de 18 años puede contraer matrimonio. Sin embargo, la fundación advierte que los cambios legales deben acompañarse de acciones de prevención y atención que garanticen la protección de las menores en todos los territorios.

Otra preocupación es la mutilación genital femenina. Colombia expidió en 2026 la Ley 2609, orientada a fortalecer la prevención, la atención y la erradicación de esta práctica. Pese a ello, Fundación Plan reportó 98 casos entre 2024 y marzo de 2026.