Transparencia para la democracia: A veinte años de la sentencia Claude Reyes vs. Chile

Este año se cumplen dos décadas de una sentencia que cambió nuestra manera de entender la transparencia. En Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte Interamericana reconoció el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. La información dejó de ser algo que la autoridad podía entregar discrecionalmente y pasó a constituir un derecho que los ciudadanos podían exigir. Su reconocimiento representó un avance significativo para la democracia: fortaleció la rendición de cuentas, proporcionó nuevas herramientas para combatir la corrupción y consagró un “derecho llave” que facilita el ejercicio de otros derechos.

Chile construyó una arquitectura institucional coherente: consagró constitucionalmente la publicidad de los actos públicos, aprobó una ley que hizo exigible el derecho de acceso a la información y creó un órgano garante autónomo. Los avances de esa primera etapa hoy permiten advertir sus límites. Hemos consolidado el derecho de acceso, aunque seguimos administrando la transparencia con una lógica excesivamente reactiva. En lugar de facilitar su ejercicio, el sistema todavía depende de que el ciudadano sepa qué preguntar, dónde buscar y cómo reclamar.

La opacidad contemporánea ya no consiste únicamente en esconder documentos. También existe cuando la información está publicada, pero dispersa entre distintas plataformas, atrapada en archivos PDF, desconectada de los antecedentes necesarios para comprender o reconstruir una decisión, o presentada en un lenguaje inaccesible para el ciudadano común. Podemos disponer de abundante información pública y, sin embargo, tener un Estado opaco y difícil de fiscalizar.

El desafío es consolidar la transparencia como pilar fundamental del ecosistema de integridad pública, articulándola con las normas sobre lobby, probidad y prevención de conflictos de interés, y contratación estatal. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de transformar su funcionamiento, avanzando desde la solicitud al acceso automático, del documento al dato y de la publicidad formal a la transparencia efectiva.

Para ello, la transparencia debe incorporarse al diseño y funcionamiento de un Estado moderno. Si ya se registran digitalmente un enorme volumen de antecedentes, buena parte de esa información —resguardando las excepciones legales— debiera estar disponible desde su origen, sin necesidad de nuevos trámites administrativos ni solicitudes ciudadanas. La transparencia activa debe adquirir un papel central como eje rector del derecho de acceso a la información sustentada en los principios de datos abiertos y lenguaje claro. Pero publicar no basta. Se necesitan sistemas interoperables que hagan posible relacionar los antecedentes y comprender no solo qué decidió una autoridad, sino también quién intervino, qué información se consideró y qué ocurrió después con los recursos públicos.

Claude Reyes marcó un punto de inflexión. La siguiente frontera es convertir la transparencia en infraestructura del Estado: que la información esté disponible por defecto, los datos conversen entre sí, las decisiones públicas dejen una huella verificable y el control pueda anticiparse al abuso. El verdadero desafío es que la transparencia deje de depender de la capacidad de los ciudadanos para buscar información y se convierta en una condición permanente para conocer, evaluar y fiscalizar el ejercicio del poder público. Solo así lograremos que la consagración de un derecho tan relevante fortalezca una democracia que debe estar siempre al servicio de las personas.

Por Gloria de la Fuente, ex presidenta Consejo para la Transparencia, presidenta Fundación Horizonte Ciudadano y académica Escuela de Gobierno UC, y Jorge Jaraquemada, ex presidente Consejo para la Transparencia y director ejecutivo Fundación Jaime Guzmán

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