Gobierno nacional revisará contratos y ejecución de recursos de la ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una revisión de los recursos asignados a la Agencia de Renovación del Territorio y a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tras identificar diferencias entre los montos comprometidos y los avances físicos reportados en las regiones.

La directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Valerie Lafaurie, afirmó que la verificación abarcará proyectos de inversión, convenios, contratos directos y gastos administrativos financiados con recursos del Fondo Colombia en Paz.

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“Hay recursos comprometidos, contratos suscritos y estructuras administrativas financiadas, pero evidentemente la ejecución física en territorio no avanza al mismo ritmo”, señaló Lafaurie, a través de la emisión de un balance oficial

Según la funcionaria, la ART cuenta en 2026 con un presupuesto de inversión de $68.309 millones. De ese total, el 91% está comprometido, aunque los pagos llegan al 18%, indicó la funcionaria.

Por ende, Lafaurie indicó que existen 92 proyectos por cerca de $179 mil millones con avances físicos inferiores al 30%. También señaló que, entre 2022 y 2026, la ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos destinaron alrededor de $ 368 mil millones a 7.600 contratos de prestación de servicios.

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Más del 95% de esos recursos provino del Fondo Colombia en Paz, según la directora. Solo en 2025, la Dirección de Sustitución habría asignado cerca de $88 mil millones a contratos de prestación de servicios, una cifra 9,3 veces superior a la registrada en 2022.

La revisión también incluye cerca de $2,9 billones asignados entre 2022 y 2026 a ambas entidades a través del Fondo Colombia en Paz. De acuerdo con Lafaurie, más del 90% de esos recursos aparece comprometido, mientras la ejecución física total reportada no supera el 40%.

En el programa Renacemos, añadió, se asignaron $1,3 billones y el avance informado ronda el 20%. La directora mencionó además convenios de la Dirección de Sustitución con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) por más de $760.000 millones, con una ejecución reportada inferior al 30%.

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La ART identificó 13 contratos suscritos desde 2024, mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales, por cerca de $4.600 millones, que registran ejecución física de 0%.

Entre las alertas expuestas por Lafaurie, figuran 19 convenios y contratos interadministrativos que permanecen pendientes de liquidación, pese a que fueron suscritos entre 2022 y 2025.

La entidad también señaló posibles duplicidades en gastos de transporte y arrendamiento de sedes territoriales de la ART y la Dirección de Sustitución en 16 subregiones. A ello se suman contratos de vehículos con conductor en territorios donde, según la información revisada, no existen proyectos en ejecución.

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Lafaurie afirmó que se detectaron deficiencias en la publicación de documentos contractuales y soportes de ejecución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). “Vamos a revisar proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio”, aseguró.

La directora indicó que los casos en los que se adviertan posibles irregularidades serán trasladados a las autoridades competentes. “Los recursos para las regiones no pueden quedarse atrapados en trámites, contratos o estructuras administrativas. Tienen que convertirse en vías, proyectos productivos y oportunidades reales para las comunidades”, concluyó.

“Es realmente lamentable que una entidad como la ART, que atiende población víctima afectada por el conflicto y que está llamada a propender por el desarrollo de los municipios adscritos al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), sea utilizada con fines burocráticos, sin ningún tipo de planificación y en el marco de unas dinámicas lejanas a los principios de transparencia y eficiencia. Desde la Gerencia de Regiones vamos a hacer un seguimiento para que los recursos públicos cumplan el propósito para el que fueron destinados: mejorar la vida de los colombianos en las regiones”, dijo la servidora presidencial.