Jaime Araya (ind.-PPD): “Si Rabat renunciara, uno tendría que acusarlo aún no siendo ministro”

El miércoles de esta semana, luego de la sesión especial que tuvo la Cámara de Diputados para analizar la rebaja de penas a 56 condenados por abuso sexual de menores, las bancadas de oposición anunciaron la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El diputado Jaime Araya (ind. -PPD) fue uno de los protagonistas de la sesión, que terminó con la aprobación de un proyecto de resolución que pedía la renuncia del ministro y que obtuvo algunos respaldos del oficialismo. El parlamentario ha sido también uno de los principales promotores del libelo contra el titular de Justicia.

El viernes de la semana pasada aseguraron que iban a estudiar la acusación, el miércoles la anunciaron, pero aún no presentan el texto, ¿por qué la demora?

Porque requiere que el trabajo se haga recopilando los antecedentes, consultando las fuentes, formando una opinión, y que el conjunto de abogados de las bancadas puedan ir coordinándose, articulándose para una buena, contundente y maciza redacción que puede evidenciar la responsabilidad constitucional del ministro.

Dados los equilibrios políticos de la Cámara, dependen de toda la bancada del PDG, pero hay algunos que no están por aprobar la acusación, ¿nace muerto el libelo?

No dependemos del PDG. Nosotros tenemos una convicción que vamos a poner a consideración de la Cámara y esperamos tener una voz uniforme. El gobierno, libremente y en conciencia, entregó beneficios a pedófilos, violadores de derechos humanos. Me parece que eso es suficientemente contundente para que cada parlamentario vote en conciencia y decida de qué lado va a estar.

Entiendo el espíritu de la acusación, pero a la hora de los votos necesitan del PDG.

No creo que el PDG sea gravitante en esto. Aquí hay una cosa que es muy sencilla: presentada la acusación, y si el ministro no renuncia, lo más probable es que los parlamentarios del oficialismo que han anunciado estar a favor (de la salida de Rabat) se van a ausentar de la votación. La ausencia (de diputados oficialistas) va a ser gravitante, por eso nosotros no dependemos de nadie. Esto no tiene que ver con que si la acusación se gana o se pierde. No es cálculo político. La gente sabe que aquí hubo una decisión, que fue liberar pedófilos, violadores de niños, violadores de derechos humanos, asesinos, narcotraficantes. ¿Usted respalda eso o no lo respalda? Esa es la pregunta. La acusación constitucional es un juicio político. No es un juicio jurídico, es un juicio político. Y desde ese punto de vista, a mí no se me ocurre que haya un político que pueda avalar al ministro.

En su explicación ante la Cámara de Diputados, el ministro insistió en que actuó apegado a la ley y se ciñó a instrucciones de los tribunales de justicia. ¿Cuál sería la infracción constitucional?

El ministro fue a mentir a la Cámara, y eso le quita validez y le resta todo tipo de seriedad a un debate que uno esperaría que tuviese otra altura y otra dimensión desde el punto de vista de lo que hace el gobierno. Cuando se dicen medias verdades, eso también es mentir.

¿Cuál es la media verdad?

Cuando él hace creer que todos los decretos son dictados por la misma razón. En ningún minuto el ministro se ha hecho cargo de lo que él hizo, que fue interpretar la ley y entregarle efectos erga omnes, o sea, universales, a sentencias que nuestro ordenamiento jurídico establece que son de efecto relativo.

Si el ministro Rabat renunciara, ¿usted cree que sería necesario seguir con esta acusación constitucional?

Sí. Este tema es de tal gravedad que hay que hacer valer la responsabilidad constitucional. Si el ministro renunciara, uno tendría que tomar los mismos argumentos que tomó el oficialismo para acusar a Nicolás Grau ya no siendo ministro (de Hacienda de Gabriel Boric).

¿Es una vuelta de mano?

No, en absoluto, para nada. Solo lo estoy poniendo como ejemplo de que las cosas se pueden hacer en cualquier tiempo.

Ahora se sabe que el subsecretario Silva firmó también decretos, pero en calidad de ministro subrogante. Si bien la Constitución no lo deja claro, ¿es acusable Silva también?

Él era ministro y, en tanto ministro, estando en los plazos constitucionales, se puede acusar. Cuando hay un subrogante, asume el mismo espacio de ministro, no tiene ninguna inhibición de poderes.

Si bien socialmente el caso es cuestionable, la acusación igual tiene que basarse en algún antecedente jurídico para poder presentarla. ¿Es una complejidad ese tema? ¿Usted detecta un incumplimiento de una ley o de la Constitución flagrante?

Lo que hizo el ministro fue interpretar y aplicar, y además dejar sin ejecución una ley expresa, eso configura la causal de inejecución de ley. Además, nuestro ordenamiento jurídico establece claramente que ninguna autoridad podrá atribuirse o arrogarse competencias y facultades que la ley no le entrega. Eso es un principio básico del artículo 6 y 7 de la Constitución. Por último, hay una serie de tratados y convenios internacionales que regulaban materias de protección de infancia, y aquí el ministro pasó por arriba de toda esa normativa.

El ministro invoca esos artículos 6 y 7 para decir que estaba obligado a visar las resoluciones.

Él dice: “Yo firmo porque la Corte Suprema me obliga”. ¿Y quién le está reprochando eso? Por eso yo digo que el argumento es tramposo. Nadie le está reprochando haber firmado decretos por resolución judicial.

¿Cuál es el reproche?

El reproche es que él, sin que haya habido recurso o resolución judicial, anticipó la entrega de beneficios.

En el Congreso, antes de toda esta crisis, era valorado el papel que había desempeñado como gestor legislativo el ministro Rabat. ¿Usted tenía buena relación con él?

Por la naturaleza de las comisiones que tengo, no tenía una relación de mucha habitualidad. Evidentemente, se ve que es un gran profesional del derecho, eso es innegable, y su amabilidad en el trato es muy valorable, pero esto no es un tema en esos términos.