Uruguay modifica convenio con Cuba y pagará directo a médicos que trabajan en el país

Uruguay modificó un convenio que tiene con el gobierno de Cuba mediante el cual unos 20 oftalmólogos trabajan en el país sudamericano y ahora les pagará directamente a los profesionales por sus servicios, confirmó este martes el canciller Mario Lubetkin.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

Pero en lo que va de 2026 y bajo fuerte presión de Estados Unidos, países como Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana pusieron fin al trabajo de los médicos cubanos.

El gobierno estadounidense considera que esas brigadas son una forma de "tráfico de seres humanos" y de "explotación".

Lubetkin negó que Estados Unidos haya hecho advertencias a Uruguay, pero reconoció que el tema de los médicos cubanos estuvo sobre la mesa en el diálogo bilateral con Washington.

El gobierno del izquierdista Yamandú Orsi tomó la decisión "de forma soberana".

"Hemos modernizado y adecuado un acuerdo que tenía muchísimos años", dijo el diplomático al medio local Subrayado.

Hicimos "un ajuste del acuerdo inicial que era un acuerdo de país a país" y ahora "los 20 oftalmólogos cubanos que están aquí (serán remunerados) a través de los lógicos mecanismos de protección social y pago salarial específico", explicó.

En entrevista con El Observador, el ministro también confirmó que el pago a los profesionales cubanos será directo.

Lubetkin calificó de "extraordinaria" la tarea de los médicos cubanos que han recuperado la visión de decenas de miles de uruguayos, en casi dos décadas de funcionamiento del acuerdo con Cuba.

Para el año pasado, unos 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

En 2026, Estados Unidos apuntó contra este mecanismo al impartir sanciones financieras al ministro de Salud cubano, Ángel Portal Miranda y a la red de brigadas médicas en el extranjero.

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de "máxima presión" contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana.