Los Ángeles se convirtió en una ruta del tráfico ilegal de tortugas hacia Asia: ya rescataron a 810 animales
La Turtle Conservancy, un centro de conservación situado en Ojai, recibió 810 tortugas y tortugas terrestres decomisadas desde 2017.
La cifra expone cómo el aeropuerto internacional de Los Ángeles y los puertos de Los Ángeles y Long Beach se consolidaron como rutas de salida del tráfico ilegal de reptiles hacia mercados de Asia.
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Fundada en 2005 por Eric Goode como centro de investigación y protección de hábitats, la entidad modificó parte de su actividad ante el aumento de los decomisos.
Ahora debe alojar, poner en cuarentena y atender a animales que suelen llegar hambrientos, deshidratados y bajo estrés, informó Los Angeles Times.
El incremento se concentró en el período reciente. Más de 400 de los 810 ejemplares ingresaron en solo seis meses, una demanda que llevó la capacidad del centro al límite. “Estamos en un punto límite”, advirtió Goode al diario.
El contrabando de tortugas y tortugas terrestres estadounidenses para su venta en el exterior se aceleró durante los últimos seis o siete años.
El aeropuerto internacional de Los Ángeles y los puertos de Los Ángeles y Long Beach figuran entre los principales puntos de salida.
La demanda se dirige, en especial, a especies de Estados Unidos valoradas por su aspecto o rareza. Entre ellas están las tortugas almizcleras aplanadas, cuya distribución se limita a una parte de Alabama. Goode señaló que algunas de las especies afectadas están cerca de desaparecer en libertad.
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Manisa Kung, agente especial a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos en el área de Los Ángeles, atribuyó parte de la expansión a las redes sociales, que facilitan la comercialización y la coordinación entre cazadores furtivos e intermediarios.
Kung también identificó otros puntos de salida: Miami, la frontera con México en California y Texas, y el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
La magnitud total del tráfico es difícil de calcular. Sara Walker, asesora principal sobre tráfico de fauna de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, afirmó que no existe un registro preciso de todos los animales que abandonan ilegalmente el país.
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La Turtle Conservancy construyó un invernadero de 1.338 metros cuadrados (14.400 pies cuadrados) y un recinto frío de 557 metros cuadrados (6.000 pies cuadrados), con capacidad temporal para 500 tortugas. El segundo permite la hibernación de especies no locales.
Aun con esa ampliación, el espacio no resuelve el problema. Cada animal exige alimento, personal especializado, electricidad y agua, además de separación sanitaria.
Goode indicó que el centro no puede recibir otros 300 ejemplares porque no es seguro mezclarlos con la población que ya mantiene, integrada por animales de más de 65 especies protegidas junto con otras instituciones.
Hace tres años, la Asociación de Zoológicos y Acuarios creó la Red de Confiscaciones de Vida Silvestre, que coordina el alojamiento de ejemplares recuperados por las fuerzas de seguridad en el sur de California.
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Su programa piloto ubicó más de 4.600 animales de distintas especies en más de 135 casos, con participación de los zoológicos de San Diego, Los Ángeles y Santa Ana, además del centro de Ojai.
La experiencia de la conservancy con quelonios la convirtió en uno de los destinos habituales de esa red. Sin embargo, recibirlos no garantiza su supervivencia: Goode afirmó que la mayoría de las tortugas decomisadas muere después del rescate.
“Las contrabandean de una forma muy cruel. Las meten en bolsas, las apiñan en cajas diminutas. Están deshidratadas y desnutridas”, describió Walker en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. El estrés y las malas condiciones de transporte también las dejan expuestas a enfermedades que quizá no habrían contraído en libertad.
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El Congreso de Estados Unidos tiene pendiente la Ley de la Red de Confiscaciones de Vida Silvestre. El proyecto prevé USD 5 millones anuales durante cinco años para atender animales confiscados y extender el modelo al resto del país, aunque todavía no fue sometido a votación.
Jeremy McBride, socio de producción de Goode en la serie documental Monsters of God, sostuvo que hacen falta más recursos. Goode consideró que, incluso si se aprobara, el presupuesto sería “solo una gota en el océano”.
Kung y Walker coincidieron en que las sanciones actuales no bastan para disuadir a las redes. El diario citó el caso de dos hermanos que intentaron sacar del país 635 tortugas valuadas en más de USD 1 millón: uno recibió un año de prisión y una multa de USD 15.000; el otro fue condenado a dos penas simultáneas de un año y un día, además de una multa de USD 10.000.
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Las autoridades buscan vincular el tráfico de fauna con otros delitos para obtener penas de prisión más altas. Walker y Goode reclaman castigos más duros, aunque señalaron que no observan avances políticos en esa dirección.
El objetivo de los centros de rescate es conservar con vida a la mayor cantidad de animales y reintroducirlos cuando sea posible.
Sin embargo, los traficantes suelen mezclar ejemplares capturados en zonas distintas, una práctica que facilita la transmisión de enfermedades y dificulta determinar dónde corresponde devolverlos.
El ecólogo y herpetólogo Brad Shaffer, de la Universidad de California en Los Ángeles, trabaja en un mapa genómico para resolver parte de ese obstáculo. Su previsión es completar en un año el mapa de una primera especie y ampliarlo después a media docena.
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La comparación con ejemplares de procedencia conocida permitiría establecer si un animal decomisado proviene de Maryland, Texas u otra región y detectar focos de caza furtiva.
La información genética resulta especialmente necesaria para especies de distribución amplia, como la tortuga de caja oriental.
Un ejemplar adaptado a Connecticut tendría menos posibilidades de sobrevivir si fuera liberado en Georgia, explicó Shaffer. Incluso los animales muertos podrían aportar datos sobre su origen.
Goode advirtió que el proceso seguirá siendo lento, aun con esa herramienta. Cada estado impone permisos y normas propias para liberar mascotas o animales confiscados. “Es muy fácil sacar a un animal de la naturaleza, pero cuando se quiere devolverlo hay más obstáculos”, afirmó.
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La conservancy también trabaja con el gobierno de Madagascar en la reintroducción de tortugas angonoka nacidas en cautiverio.
La especie vive en libertad solo en ese país, estuvo cerca de la extinción por la caza furtiva y llegó a cotizarse por cifras de seis dígitos en el mercado negro.
Goode rescató en 2010 un grupo procedente de traficantes asiáticos. Tras 15 años de cuidado, el centro logró 25 crías, después de que intentos anteriores de reproducción en cautiverio no tuvieran éxito.
Según Goode, la organización construyó en el hábitat natural de la especie un recinto de liberación gradual de 4,5 hectáreas (11 acres).
El área estará vigilada para evaluar la supervivencia de los animales antes de avanzar con nuevos grupos reproductores.
En Carolina del Sur, el conservacionista también trabaja con una pareja que espera recibir 30 tortugas de caja orientales para liberarlas este mes en un lugar no revelado dentro del área de distribución de la especie. No podrán confirmar que ese sitio sea el origen individual de cada reptil.
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