El negocio oculto tras las conexiones ilegales en Medellín: van $300.000 millones perdidos por fraude de agua y luz en plena crisis hídrica

EPM reporta millonarias pérdidas en el primer semestre de 2026. Capturaron a cinco personas por este delito y podrían ir a la cárcel.

En medio de una intensa sequía que azota a la capital antioqueña y que ha llevado a las autoridades a instar a la ciudadanía a un uso riguroso y responsable del recurso hídrico, un operativo de control realizado por la Policía Nacional en el barrio Santo Domingo, al nororiente de Medellín, puso al descubierto la magnitud del negocio ilegal de la defraudación de fluidos.

En el procedimiento fue desmantelada una actividad comercial no autorizada dedicada al lavado de vehículos mediante conexiones irregulares a la red pública de acueducto.

Durante la intervención, las autoridades capturaron en flagrancia a cinco personas e incautaron tres hidrolavadoras semiindustriales avaluadas en 9 millones de pesos, cuatro mangueras de 10 metros, una pistola para rociar ACPM y un tanque para espuma.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, enfatizó que mientras la ciudadanía atiende el llamado al ahorro de agua, la institucionalidad mantendrá intervenciones firmes para proteger los recursos públicos y poner a los responsables a disposición de la justicia.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, confirmó que los cinco detenidos y el material probatorio fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Todos ellos deberán responder por el delito de defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256 del Código Penal colombiano, una conducta punible que contempla penas de prisión que van desde los 16 hasta los 72 meses, además de multas económicas que oscilan entre 1,33 y 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Este operativo en el nororiente de la ciudad es solo un ejemplo de un problema sistémico que desborda lo delictivo y representa una grave fractura en la cultura ciudadana de la región.

Según los análisis de Empresas Públicas de Medellín (EPM), las conexiones ilegales generan una sobrecarga severa en las redes de distribución, deterioran la calidad del suministro para los usuarios formales y provocan una fuga masiva de fondos públicos.

El dinero perdido por estas modalidades ilícitas resta capacidad financiera a la administración para ejecutar inversiones estratégicas en sectores prioritarios como la educación, la infraestructura vial, los programas de alimentación escolar y la seguridad. Adicionalmente, las maniobras antitécnicas en las redes representan un peligro inminente para la vida y la integridad física de las comunidades involucradas y sus vecinos.

Cifras preocupantes

Las estadísticas presentadas por EPM revelan la verdadera dimensión económica del problema: durante el primer semestre de 2026, las pérdidas por defraudación de fluidos y vandalismo alcanzaron la cifra de 300.000 millones de pesos.

Este volumen de energía y agua extraído ilegalmente equivale al consumo promedio anual de aproximadamente 95.000 viviendas. El desglose por servicios muestra que la energía eléctrica es el sector más afectado, al concentrar el 57,7 % del total de las pérdidas. Le sigue el servicio de acueducto, con un 40,4 % de la afectación, y el gas natural, con el 1,9 % restante.

El impacto del fraude y el vandalismo sobre la infraestructura de energía es especialmente crítico en el territorio antioqueño.

Solamente en lo transcurrido de 2026, los daños ocasionados a la red subterránea de energía ascienden a 25.000 millones de pesos y han provocado interrupciones en el servicio que perjudicaron a más de 763.000 clientes en municipios del Valle de Aburrá como Medellín, Bello, Caldas, La Estrella y Sabaneta.

La gravedad técnica de estos actos implica que reponer un solo kilómetro de cable de media tensión tiene un costo de 550 millones de pesos y requiere trabajos que pueden extenderse hasta por 14 meses. Esto se suma a los más de 7.200 millones de pesos que EPM tuvo que destinar entre 2024 y 2025 para reparar y reponer infraestructura eléctrica dañada en las distintas subregiones del departamento.

Esquema 2 | Esta semana

Aquí te compartimos las fechas de esta semana para el esquema 2 de las interrupciones programadas de acueducto por las condiciones del fenómeno de El Niño. 📅 Consulta cuándo le corresponde a tu sector y prepárate con anticipación.
Recuerda: el… pic.twitter.com/iflxJCcpaw

— EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) September 9, 2026

En lo referente a las redes de agua potable y alcantarillado, los daños causados por terceros y la manipulación ilegal de tuberías, hidrantes y válvulas también registran un alto costo operativo y ambiental.

Durante 2025 se contabilizaron 398 afectaciones en las redes de acueducto y alcantarillado, lo que generó costos directos de reparación por cerca de 672 millones de pesos, provocando desperdicios considerables de agua tratada, suspensiones no programadas en el servicio y el deterioro acelerado de las redes secundarias.

De igual forma, el sistema de gas natural ha sufrido embates constantes, con estaciones de regulación y medición vandalizadas en puntos estratégicos como Copacabana, Aguacatala, El Poblado 2, Barbosa, La Estrella e Intermedia, así como el robo de cables de monitoreo de variables y rectificadores en la estación Barranquilla.

Frente a esta coyuntura, EPM mantiene en marcha una estrategia integral articulada en cuatro ejes decisivos para contrarrestar la ilegalidad.

En la gestión técnica, la empresa opera una mesa de gestión de pérdidas e implementa protecciones físicas y tecnologías antifraude en la red. En la dimensión legal, adelanta procesos administrativos y denuncias penales junto con las autoridades para castigar la reincidencia.

En comunicación, promueve la cultura de la legalidad y dispone de canales de denuncia como la línea de WhatsApp 301 516 11 81 para hurtos, la línea (604) 44 44 115 para reportes anónimos y la app EPM. Finalmente, en el ámbito social y comercial, trabaja de la mano con las comunidades en la educación del uso del servicio y la formalización de usuarios.

Casos en Medellín

A diferencia de las conexiones informales por vulnerabilidad social, la mayor parte del desfalco financiero es perpetrado por comercios, industrias y sectores de alto consumo que manipulan de forma sistemática las redes de energía y agua potable para evadir el pago de tarifas comerciales.

La sofisticación de estas maniobras involucra la participación de personal técnico especializado que instala acometidas subterráneas clandestinas, desviaciones de flujo (bypass) y tarjetas electrónicas modificadas con sistemas de interrupción a distancia.

Estos dispositivos permiten alterar las lecturas de los medidores digitales a voluntad, logrando que establecimientos con operación intensiva de 24 horas registren consumos equivalentes a los de una vivienda de estrato bajo, lo que además representa un grave riesgo de cortocircuitos e incendios por sobrecarga de la red.

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Entre los casos más representativos detectados recientemente por las cuadrillas de EPM y la Fiscalía destaca la intervención en un exclusivo hotel y centro de eventos en la comuna de El Poblado.

En el predio se descubrió una acometida paralela de gran calibre oculta bajo estructuras de concreto, la cual alimentaba de forma fraudulenta los sistemas de aire acondicionado central, zonas húmedas y ascensores, acumulando un desfalco estimado en más de un billón de pesos durante más de un año de funcionamiento.

Un segundo operativo de alto impacto permitió desmantelar una infraestructura ilegal en la zona centrooccidental de la ciudad, donde operaba un centro no autorizado de minería de criptomonedas y servidores de datos.

El establecimiento se encontraba conectado directamente a un transformador de media tensión mediante cableado blindado tras paredes falsas, consumiendo una cantidad de energía equivalente a la de un barrio residencial completo sin generar registro alguno en la facturación oficial.

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