Autoridades cercan a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar: UIF bloquea cuentas bancarias del empresario señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras incorporarlo a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) este 29 de septiembre. La medida fue confirmada por autoridades mexicanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara como operador político vinculado al Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que Carlos Torres usó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger sus operaciones de la intervención de las autoridades en Baja California. El empresario mantuvo, según la designación estadounidense, una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la facción de Los Rusos que controla la plaza de Mexicali para Los Mayos.
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El Tesoro estadounidense afirmó que Calos Torres recibió pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Ese esquema de sobornos se convirtió en el eje de la red de narcocorrupción que la autoridad estadounidense documentó en Baja California.
El hermano del empresario, Luis Alfonso Torres Torres, fue señalado como el responsable de recibir esos sobornos y de blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas. La OFAC sancionó cinco empresas vinculadas a Luis Torres: Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
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El comunicado del Tesoro precisó que el Departamento de Estado ya le había revocado la visa a Carlos Torres en mayo de 2025, medida que en ese momento citó su afiliación al cártel. La designación de este 29 de septiembre se sustentó en la Orden Ejecutiva 14059, dirigida a la proliferación de drogas ilícitas, y en la 13224 enmendada, que apuntó a terroristas y sus patrocinadores.
El comunicado oficial emitido por la Secretaría de Hacienda no mencionó a Carlos Torres en específico, pero detalló que, en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos, la UIF identificó entre los 46 sujetos designados operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras. Torres formó parte de esa designación estadounidense, por lo que quedó comprendido en la medida.
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Ese hallazgo motivó la incorporación de los 46 sujetos -personas y empresas-, entre ellos Carlos Torres, a la Lista de Personas Bloqueadas.
Una infografía de la UIF consultada por Infobae México precisó en qué consiste exactamente esa medida: la lista “suspende de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras” con los clientes incorporados a ella. El documento amplió, con ese material técnico, lo que el comunicado oficial había anunciado en términos generales.
La misma infografía explicó además el mecanismo de integración a la lista: parte de reportes financieros y avisos de actividades vulnerables, y requiere “indicios suficientes” de una presunta cooperación con recursos de procedencia ilícita para incorporar a una persona. El documento precisa también que la lista mantiene carácter confidencial.
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Hacienda subrayó en su comunicado que la inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implicó la acreditación de responsabilidad alguna. La dependencia calificó la medida como una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación estadounidense.
En Estados Unidos, la designación de la OFAC implicó consecuencias adicionales para Carlos Torres: todos sus bienes e intereses patrimoniales en ese país, o en posesión de personas estadounidenses, quedaron bloqueados. Las regulaciones de la OFAC prohíben además cualquier transacción de personas estadounidenses que involucre sus activos, y las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones a su nombre podrían enfrentar sanciones secundarias.
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